El expediente del caso Danubio sigue arrojando detalles de lo que habría sido una operación política para ubicar a Sergio Peña, asambleísta recientemente expulsado de la Revolución Ciudadana (RC), en un cargo directivo en el Servicio Nacional de Aduana (Senae), durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

PRIMICIAS accedió a cientos de mensajes de texto entre los ocho involucrados en el caso por asociación ilícita, en el que está pendiente el juicio que involucra a Peña.

 En el caso Danubio, principalmente, se juzgará el plan que Peña y sus supuestos socios habrían tenido para que lo nombraran como subdirector de operaciones del Senae, a cambio del pago de un soborno de USD 3 millones a María Antonieta R., asesora de Carola Ríos, exdirectora de la entidad.

Pero los chats revelan que esa no era la única opción. De manera paralela, Peña -junto a John Navarrete y Víctor Limones (otros dos involucrados)- habrían tenido en marcha un "Plan B" para que Peña se convierta en director del Senae, para lo que ofrecían al menos USD 35 millones en sobornos.

La operación por la dirección del Senae

Según la versión de María Antonieta R., las gestiones de Peña y José Aucancela, otro de los vinculados, por la subdirección habían empezado en agosto de 2021. Y los chats de Peña con otros involucrados delatan que no era su única alternativa.

El 9 de septiembre de 2021, Peña y Navarrete empezaron a hablar por WhatsApp. Inicialmente, hablaban sobre gestiones aduaneras. "Abrieron el contendor y full mercadería no declarada", reportó Peña en un mensaje a las 11:50, pese a que para esa época no tenía ningún vínculo legal con el Senae.

10 días después, en cambio, hablaban sobre el avance de las gestiones para enrolar a Peña a través de la asesora de Carola Ríos. Sentían que la asesora les estaba dando largas. Pero, a la par, hablaban de presionar por otro frentes, el segundo era "político" a través de delegados de la Presidencia de la República.

Pasaron meses de conversaciones, sobre todo, a través de mensajes de voz. Y en febrero de 2022, a través de un mensaje, Peña deja ver que su hoja de vida ya había sido entregada a quienes se presentaban como "gente dura del Gobierno" de Lasso.

Pero, Peña tenía sus dudas de la veracidad de esas negociaciones. "Yo sí siento que deberías hablar con Juan a calzón quitado porque te están haciendo perder el tiempo. Pilas.", le escribió a Navarrete.

Así, a finales de ese mes, Peña, Navarrete y Marcos Leiva (otro involucrado) viajaron a Quito en un bus interprovincial, para reunirse con un supuesto delegado de la Presidencia de la República en un Hotel de lujo para acordar los detalles de su incorporación. La cita sucedió y fue fotografiada por agentes policiales.

Pero tras esa reunión, la contratación tampoco se concretó. En los mensajes se ve como las charlas estaban estancadas y Peña estaba impaciente. Sin embargo, su nombramiento -que tenía que hacerse a través de un decreto ejecutivo de Lasso- nunca se emitió.

PRIMICIAS contactó a Peña a través de su número celular para consultarle sobre el caso Danubio y su presunta participación. Sin embargo, el legislador respondió que estaba en una reunión y avisaría cuando esté libre para la entrevista. Pero, ese aviso nunca llegó.

 Los millones imaginarios

Durante las conversaciones entre Navarrete y Peña, además, se puede observar que los supuestos emisarios del Gobierno pedían pruebas de que tenían los fondos para pagar los millonarios sobornos que se exigían a cambio de la dirección del Senae.

Pero a Peña se lo notaba cansado. "Otra vez prueba de fondos, se han enviado cuatro pruebas de fondos, cada vez que han pedido, ya no más. Cada vez piden pruebas de fondos y nunca pasa nada", escribió el actual asambleísta el 8 de marzo de 2022 y agregó que los inversionistas estaban cansados.

Así, Peña y sus socios habrían enviado a los supuestos operadores políticos fotos de fajos de dinero y comprobantes de fondos obtenidos en cajeros automáticos, que demostraban su supuesta solvencia.

La exigencia de pruebas mayor llegó el 28 de abril de 2022. Los operadores pedían un cheque certificado por USD 30 millones a nombre de la empresa SMOV Smart Movility y otro por USD 5 millones para una persona identificada como Jaime Ramiro Aguilar Merchán.

Además, la indagación del Ministerio Público reveló que todas las pruebas eran falsas. Las fotos del dinero eran sacadas de noticias de periódicos de incautaciones pasadas y los cheques y comprobantes bancarios también eran montajes.

Detrás de la fabricación de estas pruebas estaba Víctor Limones, quien es el único sentenciado por el caso Danubio. Este personaje aceptó que fabricó estas pruebas y se sometió a un procedimiento abreviado para recibir una pena de un año de cárcel.

Fuente: Primicias