Culturales y sociales

El Tribunal Penal de Cañar sentenció a nueve años y cuatro meses de privación de libertad a Carlos Alberto V. El hombre fue procesado por el delito de abuso sexual contra su hijastra.

La jueza ponente, Cristina González, informó que el sentenciado debe cancelar diez salarios básicos a la víctima, como reparación integral.

Además, se oficiará a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que realice visitas domiciliarias a la víctima del abuso sexual y que reporte a la autoridad competente si existe algún tipo de violación a sus derechos.

La sentencia también ordena que la víctima y su familia reciban –de forma voluntaria– tratamiento psicológico en un centro de la red del Ministerio de Salud. Lo mismo para el sentenciado, en el centro de privación de libertad donde está recluido.La investigación, dirigida por la fiscal Jenny Vázquez, demostró que el abuso sexual inició cuando la niña tenía 8 años, en 2018, dentro del domicilio familiar, ubicado en el cantón La Troncal.

El victimario aprovechaba que la mamá de la agraviada no se encontraba en la vivienda para tocar las partes íntimas de la menor.

Cansada de sufrir las agresiones sexuales, la niña empezó a relatar los hechos en un diario. La mamá lo encontró y la menor le contó lo sucedido con su padrastro. Sin embargo, la progenitora no tomó acciones.

La niña sufrió abuso sexual por dos ocasiones más en 2021, hasta que su mamá decidió viajar fuera del país y ella pasó a vivir con su abuela materna. La menor le mencionó que no quería volver a estar cerca de su padrastro, porque él la lastimaba.

Los familiares de la niña denunciaron al agresor y luego de las respectivas diligencias, Carlos Alberto V. fue detenido.

Fiscalía demostró la responsabilidad del procesado en el delito imputado con el testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de su abuela y de su tía. También los testimonios de agentes de la Policía encargados de la investigación y de los peritos que practicaron las valoraciones médico-legal, psicológica y de entorno social.

Carlos Alberto V. fue sentenciado con base en el artículo 170, inciso 1, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual con privación de libertad de cinco a siete años. La pena se incrementó debido a que se consideraron las circunstancias agravantes de la infracción.

Fuente: El Comercio.

Un juez de Flagrancia de Guayaquil dictó prisión preventiva en contra de Luisa Espinoza y dos personas más por el presunto delito de pornografía infantil, informó el miércoles 1 de marzo de 2023 la Fiscalía.

Espinoza fue detenida la madrugada del martes 28 de febrero junto a Ydris Ivonne M. C. y Samuel Ch. V. en un operativo en contra de la pornografía infantil.

En cuatro allanamientos las autoridades se incautaron de memorias, discos duros, computadoras y celulares.

En estos dispositivos almacenaban 10 000 archivos con contenido sexual en el que participaban niños, niñas y adolescentes.

La prisión preventiva es el plazo que otorga la justicia a la Fiscalía y a la defensa para preparar el caso a tratar. Entonces, durante este tiempo los presuntos delincuentes permanecen detenidos.

La Fiscalía pidió este recurso para acusar por presunta comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes.

El delito de pornografía infantil en Ecuador se castiga con prisión mínima de 13 años. Pero puede alcanzar los 16 años de cárcel en caso de existir agravantes, según el Código Orgánico Integral Penal.

Entre los argumentos que expuso la Fiscalía para pedir la prisión preventiva están las evidencias encontradas en los allanamientos y que complicarían la situación de los detenidos.

Según la Policía Nacional, en algunos videos se vería a Espinoza interactuar con menores de edad.

Se allanaron dos domicilios y dos lugares en los que se grababa, editaba y almacenaba este material.

Los investigadores contaron con la asesoría de la Embajada de Estados Unidos, que destinó una unidad para la investigación del caso.

Fuente: El Comercio.

La producción de pasaportes en Ecuador se aumentó debido a la creciente demanda a nivel nacional. Mientras que medios internacionales hablan de un incremento exponencial de migrantes ecuatorianos ilegales en rutas de alto riesgos para llegar a Estados Unidos.

Fernando Alvear, director nacional del Registro Civil, informó que la institución podrá en marcha un plan estratégico para nuevos turnos y horarios extendidos, con el objetivo de “atender la creciente demanda de documentos personales”.

El funcionario señaló a través de su cuenta de Twitter que se habilitarán 550 000 turnos de atención, 250 000 de esos solo para la emisión de pasaporte a nivel nacional.

Según cifras compartidas por Alvear, entre enero y febrero de 2023 se entregaron 147 950 pasaportes, una cifra que casi duplica a los entregados en el mismo periodo de 2022 (74 388).

Una publicación de la BBC señala que la migracion ilegal de ecuatorianos se ha incrementado y que hasta el 15 de febrero cruzaron al menos 9 536 ecuatorianos la selva del Darién para llegar de forma irregular a Estados Unidos.

Además, se puntualiza en la publicación del medio de comunicación que "por primera vez, superan (los ecuatorianos) a los venezolanos en su intento por llegar a EE.UU. por esta arriesgada vía".

En octubre de 2022, Carlos Camargo, defensor del Pueblo colombiano, informó que de enero a septiembre de 2022 se registraron 6 698 ecuatorianos que cruzaron la frontera de Colombia y Panamá, mientras que en todo 2021 pasaron la frontera 387 ecuatorianos.

Esto supone un aumento de más del 1 000% de migrantes de Ecuador que escogen la ruta de la selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos.

Los datos del Ministerio del Interior estimaban en aquella época que, solo en agosto de 2022, 12 252 ecuatorianos abandonaron el país a través de la frontera con Colombia. Esto supone una diferencia con las cifras colombianas, pero dan cuenta de la magnitud del evento.

Ante esta realidad, organizaciones de migrantes como 1800 Migrantes se han pronunciado. En un comunicado enviado el 28 de febrero, esta organización señala: "Exigimos al Sr. Presidente Guillermo Lasso, que enfrente y ponga prioridad la temática migratoria y declare en emergencia la crisis humanitaria que ha generado la salida de cientos de miles de ecuatorianos (...)".

Este pronucniamiento se enmarca en el fallecimiento de nueve ecuatorianos en un fatal siniestro de tránsito en Panamá y el hallazgo del cuerpo de un joven de la provincia del Azuay a manos de un grupo criminal que pedían una recompensa económica para liberarlo con vida.

Fuente: El Comercio.

#Información | Gobierno insiste en que el 65% de acuerdos con la Conaie están en cumplimiento y aclara que solo el 7% tiene retrasos.

Link: https://youtu.be/bFR-XE3yEyc