Culturales y sociales

Norma Vallejo, exasambleísta por Alianza PAIS, quien fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de concesión en el caso Diezmos, no cumplirá su pena en prisión. Así lo decidió el Tribunal conformado por los jueces Byron Guillén, Luis Rivera y Mauricio Espinoza.

Ana Lucía Maldonado, abogada de Vallejo, planteó la casación argumentando que los jueces de la apelación hicieron una errónea interpretación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la suspensión condicional de la pena que solicitó en esa audiencia.

El Tribunal resolvió acoger el argumento de la defensa, y por voto de mayoría, declaró procedente la casación.

De esta manera, se corrigió la sentencia y dispuso que Norma Vallejo no cumpla la pena en la cárcel. En su lugar, la exasambleísta deberá residir en un domicilio particular que será puesto en conocimiento del juez. No salir del país sin autorización de la autoridad judicial. Pagar la reparación integral en el plazo seis meses. Presentarse cada ocho días ante la Corte. Y no incurrir en su sentencia.

Este es el primer proceso del caso Diezmos que llega a sentencia definitiva.

El presidente Guillermo Lasso habló sobre el proceso de destitución que enfrentó a manos de la Asamblea Nacional durante el paro nacional de junio en una entrevista con Bloomberg Línea publicada este lunes 18 de julio.

Lasso señaló puntualmente al expresidente Rafael Correa como la persona que impulsó este proceso de destitución que no fue alcanzado por falta de votos.

"Hubo el intento, pero el resultado final es que no se lograron los votos que establece la Constitución para lograr esa injustificada destitución que fue promovida por el expresidente (Rafael) Correa desde Bélgica, quien está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad porque está sentenciado por corrupción, y además para lograr la impunidad de sus colegas", expresó.

En este sentido, fue consultado si no se siente solo políticamente pues hasta el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había votado a favor de su destitución.

"Respecto de si estoy solo, no estoy solo. Yo no me siento solo, estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos que mayoritariamente hace 15 meses me eligieron su Presidente. En el campo político, la verdad le digo, prefiero estar solo que mal acompañado", dijo.

Agregó que durante las jornadas de protestas que duraron 18 días no pensó en renunciar. "Me quedé en Quito (...) viviendo en la residencia presidencial y dije no, esta es la sede de Gobierno, esta es la capital del Ecuador y yo me quedo aquí en Quito en el Palacio de Gobierno y siempre con serenidad", afirmó.

Entre otras cuestiones políticas y económicas, el Primer Mandatario fue interrogado sobre si piensa en una segunda candidatura, a lo que contestó: "No es un tema que me quite el sueño por ahora. Lo que me quita el sueño es cumplir un programa de Gobierno, un programa económico que genere empleo oportunidades para los ecuatorianos y ya veremos".

No es la primera vez que el presidente Lasso acusa a Correa de intentar destituirlo. El 7 de julio en una entrevista con Infobae dijo que hubo tres actores que buscaron su destitución: el expresidente Rafael Correa, parte del movimiento indígena y el narcotráfico.

"Esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de USD 15 millones durante 18 días. Este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Esa es la paja. Ese es el accionar político de un ex presidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público, aliado con determinados líderes políticos que utilizan a los indígenas como una suerte de parapeto para decir ‘esto es una protesta social’", refirió en esa fecha.

Fuente: El Comercio.

El proyecto de Ley para fijar el precio de la leche derivó en un enredo entre el Ejecutivo y la Asamblea. A pesar de que el documento concluyó su trámite, ninguno de los dos poderes envió el texto al Registro Oficial hasta este lunes 18 de julio de 2022.

“No sé qué pasó”. Así reaccionó el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama (ind.). El legislador fue el ponente de este proyecto, aprobado el 31 de mayo pasado por la Legislatura.

El plazo que tenía el Ejecutivo para presentar sus observaciones o vetar por completo el texto venció el 2 de julio pasado. Sin embargo, la Asamblea no recibió ningún pronunciamiento de Carondelet.

“Yo hablé con el secretario jurídico de la Presidencia que tiene que enviar a publicar en el Registro Oficial, y dijo que no dependía de ellos sino de la Presidencia de la Asamblea. Le puse un documento al Presidente de la Asamblea que tiene que enviar al Registro Oficial, estoy a la espera de eso”, agregó Curicama.

El último inciso del artículo 137 de la Constitución dice que “sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte del Presidente de la República se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial”.

Para las autoridades, la disyuntiva surge porque allí no se especifica si corresponde al Ejecutivo o a la Asamblea culminar con este trámite. Curicama consideró que se debe aplicar el Ministerio de la Ley, como en el caso de la reforma tributaria, pero esta vez el Ejecutivo deja la solución en manos de la Asamblea.

Entre los puntos más polémicos del texto constan una fórmula para la fijación del precio de la leche, la sanción penal para quienes no lo cumplan y la prohibición de importar leche en polvo.

En la práctica, la idea es que se eleve a ley el acuerdo ministerial 394 del 2013, que fija el precio en el mínimo de sustentación para la leche cruda.

La industria debe pagar al productor lácteo el equivalente al 52,4% del precio de venta al público. A ese valor se suma un monto adicional por calidad higiénica y sanitaria, que tendrá que ser definido mediante reglamento. Este documento será emitido por el Ejecutivo mediante Decreto, en máximo 180 días después de publicada la ley en el Registro Oficial.

Fuente: El Comercio.

Salvador Quishpe, jefe de bancada del movimiento Pachakutik en la Asamblea Nacional cumple desde el  10 de julio de 2022 una  sanción  de 20 días  de suspensión en su funciones impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por  haber ofendido a la legisladora del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz.

“!Silencio carajo, estoy hablando!”, gritó Quishpe a Viviana Veloz durante  la sesión 772 de la Asamblea el 31 de mayo cuando se debatía la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Veloz, entonces, presentó una queja por ofensas en su contra.

La resolución en contra del legislador fue aprobada el 8 de julio en la sesión del CAL, con los votos de Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, y de los vocales, Darwin Pereira (Pachakutik); Johana Moreira (ID), y Ronny Aleaga, de UNES.

Yeseña Guamaní, que en ese entonces se desempeñaba como segunda vicepresidenta, y Nathalie Arias, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO) decidieron abstenerse.

Veloz se quejó que el legislador le profirió términos denigrantes en su contra como “mamarracha y malcriada”, lo que afectó su imagen.

Salvador Quishpe cuestionó la decisión del CAL y aseguró que la sanción se aplicó sin cumplir el debido proceso, porque nunca fue notificado.

En 11 de julio en un oficio enviado al CAL, Quishpe impugnó la resolución a la que calificó de “temeraria y parcializada” porque los juzgadores (Virgilio Saquicela, Darwin Pereira, Johanna Moreira y Ronny Aleaga) fueron los mismos que votaron por la destitución de Guadalupe Llori.

De esta forma expresó su “preocupación” de ver como el primer poder del Estado “cada día es secuestrado por unos cuantos piratas de la democracia ecuatoriana”, añadió.

Ahora -dijo-  tratan de callar a “un legislador nacional con el cuento de que le hemos faltado al respeto a una asambleísta”. Agregó que a esto se suma la destitución de  Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia. El legislador cree que la intención sería controlar no solo la Asamblea, sino la justicia, y los organismos de control.

En la sesión 772 del 31 de mayo, Quishpe cuestionó la política del gobierno del expresidente Rafael Correa; y mientras enumeraba varios casos de presuntas irregularidades, era interrumpido por algunos legisladores de UNES.

“Todos somos testigos que se pusieron a gritar como locos y no me permitían desarrollar la intervención; fue en ese contexto que pedí que se guarde silencio y lo dije en estos términos: ¡silencio carajo estoy hablando! . Pero no me arrepiento, cualquiera lo haría, si alguien está interviniendo se debe respetar, se supone que todos debemos escuchar, aunque no nos guste y luego pedir la palabra y replicar”, subrayó.

María Fernanda Astudillo (UNES) cuestionó lo que denominó “violencia política» de parte de los hombres que están en la Asamblea. Los hombres son “demasiado groseros”, dijo, tras señalar que la sanción contra Quishpe “está bien puesta para que aprenda a respetar a las mujeres”.

Recordó que en la Asamblea los “típicos” discursos van dirigidos a insultar a la revolución ciudadana.

Advirtió que si los insultos (de cualquier legislador) siguen “se van a encontrar con una respuesta que no será otro insulto; vamos a utilizar los medios que sean necesarios para que sean sancionados y aprendan que la Asamblea no es para gritar, no es para decirnos ladrones, o hablar de Rafael Correa, o convertirla en un circo. La Asamblea está para trabajar por el Ecuador”, señaló.  Anticipó que  harán uso de leyes como el Código de la Democracia “para que aprendan a respetar”. (SC)

Alfredo Espinosa, politólogo y docente universitario, opinó que las acusaciones de las asambleístas reflejan un uso indiscriminado de la violencia política de género. Con ello se intenta crear o activar mecanismos de censura que buscan coartar la libertad de pensamiento y expresión al calor del debate. Con esto, se busca que los legisladores hablen lo menos posible, alertó este especialista.  Esta es una especie de “blindaje” que cobija a aquellas personas que lo utilizan de manera desproporcionada.

Recordó que la expresidenta de la Asamblea Guadalupe LLori también usó su condición étnica y de género para revictimizarse apelando a un concepto errado de feminismo para intentar generar un espíritu de cuerpo entre mujeres.

Fuente: La Hora.