Culturales y sociales

Los 18 días de paro nacional, que incluyó el bloqueo de vías en diferentes provincias, culminaron el jueves 30 de junio con la firma de un acuerdo entre dirigentes del movimiento indígena y el Gobierno. Sin embargo, siete días antes ya un primer consenso había puesto fin al cierre de carreteras en la provincia de El Oro, por lo menos en el que tuvo que ver el sector productor bananero.

No obstante, Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro (ABO) y vicepresidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe), aseguró el sábado pasado que pese a que se decidió abrir las vías y el paro nacional haya terminado, las medidas de hecho del sector bananero continúan en El Oro y esta semana se conocerán detalles sobre nuevas acciones.

“Nosotros en ningún momento hemos depuesto la medida de hecho, las medidas de hecho las mantenemos todavía, únicamente nosotros suspendimos las tomas de las vías, despejamos las vías porque tuvimos infiltrados y hubo mucha gente que estuvo creando desmanes y se estaba desnaturalizando nuestra protesta”, reconoció Solano, quien durante el paro aseguró que con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) los unía una propuesta agropecuaria.

Bananeros de El Oro aseguran que a la Conaie los une una propuesta agropecuaria y anuncian una ‘gran marcha’ en Machala para este jueves

El desbloqueo de las vías en El Oro se dispuso el 23 de junio pasado luego de una asamblea instalada en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, presidida por el prefecto Clemente Bravo, según se registró en un acta de compromiso.

En aquella asamblea se reunieron los representantes de las cámaras de la producción de El Oro y de los productores de banano de la provincia, quienes firmaron un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que haga respetar la legislación bananera, en especial el pago del precio mínimo de sustentación de $ 6,25 de la caja del banano, y derogue de forma inmediata los decretos 1127 y 183 que prorroga la inscripción en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de los nuevos cultivos de banano sembrados violentando la legislación bananera, y a su vez se dé cumplimiento a los 18 puntos acordados en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, planteados por el sector productor bananero.

“Las marchas que deseen hacer muchos sectores las respetaremos, respaldamos cada tipo de acción que vaya en defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos”, sostuvo Bravo durante la asamblea.

No obstante, el presidente de ABO aclaró que con el prefecto de El Oro no han llegado a acuerdo alguno. “Porque él no es autoridad competente para resolver nuestros problemas, él simplemente se comprometió a hacer un exhorto al presidente junto con las cámaras de producción para que se respete la Ley del Banano”, expresó Solano, quien aseguró que antes de la asamblea el sector bananero ya había decidido levantar el cierre de vías, pero no las otras medidas de hecho.

Aseguró que su sector aún no ha sido atendido y lamentó que los avances que se lograron a través de mesas de diálogo con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en abril pasado no han sido tomados en cuenta por el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano.

“(El 4 de mayo) se posesiona el nuevo ministro Manzano y desaparece el ministro de Gobierno, y no se ha articulado sobre lo que durante dos semanas sostuvimos reuniones, prácticamente es una burla lo que ha hecho el señor ministro de Gobierno con los agricultores”, criticó Solano, quien añadió que Manzano no ha resuelto sus problemas y tampoco acogió el planteamiento y las soluciones que el sector ha sugerido durante meses.

Añadió que en El Oro se han perdido 20.000 hectáreas de pequeños productores por la falta de atención del Gobierno, lo que ha destruido cerca de 30.000 plazas de empleos, aseguró el dirigente bananero.

Sin embargo, desde el MAG se informó que hasta el 1 de julio pasado se entregaron más de $ 230.000 en ayudas económicas a pequeños bananeros de El Oro, Guayas y Los Ríos, dentro del Plan Emergente Bananero que proyecta distribuir $ 5 millones en total.

Fuente: El Universo.

El próximo lunes 04 de julio se desarrollará la audiencia de juicio contra el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en la sala 9 del Complejo Judicial de Latacunga en Cotopaxi. El líder será juzgado por presunto delito de paralización de un servicio público.

La defensa de Iza solicitó que el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior Patricio Carrillo asistan como testigos. El primer mandatario debe brindar declaraciones sobre su mensaje emitido el lunes 13 de junio.

Similar acción deberá cumplir Carrillo, donde emitirá un informe de juramento sobre sus expresiones en la misma fecha. Además de estos dos funcionarios también serán escuchados: Susana Amores, Mercedes Quispe y Armando Armendáriz.

Estos últimos deberán comparecer sobre las actuaciones administrativas requerida y diligencias realizadas el 14 de junio; los dos policías involucrados en la detención del presidente de la CONAIE.

Leonidas Iza sería juzgado bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona de uno a tres años de cárcel. El director de la cárcel de Latacunga, Bladimir Acurio deberá hablar de la presencia de Iza el 14 de junio, al interior de las instalaciones de ese centro y las novedades que se habrían presentado.

Dentro de este caso el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, señaló que no exsitió ningún acuerdo sobre el perdón de actos vandálicos en el acta de paz. “Sabemos que ellos toman decisiones colectivas, con sus bases, tienen que consultarlo con sus diferentes pueblos y nacionalidad. Pero quiero ser categórico, en ningún momento, en esa acta se tocó el tema de estos actos vandálicos, de un posible perdón de estos temas”.

Fuente: Metro Ecuador.

Los 18 días de paralizaciones a escala nacional, que terminaron el 30 de junio, causaron una severa afectación a la economía ecuatoriana.

Según un balance preliminar presentado por el Ministerio de la Producción, las pérdidas suman $ 1.000 millones, que equivalen a un promedio de $ 55 millones diarios y representan más que en octubre de 2019.

Julio José Prado, ministro de la Producción, explicó que la situación fue más grave para algunos sectores. Aclaró, además, que las cifras pueden variar cuando el Banco Central del Ecuador (BCE) presente el balance final.

De acuerdo con el detalle compartido por el ministro, $ 775 millones corresponden a pérdidas del sector privado, que comprende a ventas locales y exportaciones, mientras que la afectación en el sector petrolero público y privado asciende a $ 225 millones.

Las actividades más perjudicadas fueron avícola, florícola, industria láctea, agricultura y ganadería, turismo, bananero, farmacéutica, fertilizantes.

Prado y otros ministros de Estado expusieron la situación actual del país en varios frentes. Las autoridades hablaron la tarde del viernes 1 de julio desde las instalaciones del ECU911, donde opera el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

En cuanto al estado de la red vial, Marcelo Cabrera, titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, informó que se despejaron 4.000 kilómetros de vías que estaban obstaculizadas. Las provincias con más conflictos fueron Pastaza, Sucumbíos, Chimborazo, Cotopaxi.

Al momento ya no existen bloqueos y todas las vías están habilitadas.

Cabrera indicó que en el tiempo de las manifestaciones se realizaron 42 vuelos solidarios en alianza con las compañías Latam y Aeroregional. Y se trasladaron 50 toneladas entre alimentos y medicinas.

En el área de educación, la ministra del ramo, María Brown, apuntó que 4.602 establecimientos se vieron obligados a trabajar en modalidad a distancia hasta el 30 de junio, afectando a 1,4 millones de estudiantes. Las clases presenciales se retomaron el 1 de julio en la Sierra y Amazonía.

Además, durante las manifestaciones se suspendió la alimentación escolar para 575.000 estudiantes.

En cuanto a las actividades laborales, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, explicó que se priorizó el teletrabajo en las instituciones públicas y privadas. La jornada presencial se reactivó una vez superado el paro nacional.

Fuente: El Universo.

La agresora es una joven de 25 años que, según su familia, tendría un 75 % de discapacidad intelectual y auditiva. Ella apuñaló a su bebé en el abdomen, informó la Policía.

El hecho se registró a las 16:00 del jueves en la cooperativa Santiago de Guayaquil, al pie de la vía Perimetral, en el distrito Esteros.

Las muertes violentas en Guayas, Samborondón y Durán bajaron 13 % durante los dos meses de estado de excepción, según balance policial

Los vecinos están consternados ante lo ocurrido con el pequeño.

La abuela contó a los investigadores que había entrado al baño y escuchó a su nieto recién nacido llorar. Al salir, segundos después, encontró a su hija con el cuchillo en las manos. Le había hecho algunos cortes en el abdomen al menor de edad hasta exponer sus intestinos.

La abuela tomó al niño en brazos y lo llevó al hospital del Guasmo. Allí lo lograron estabilizar y lo trasladaron al hospital Francisco Icaza Bustamante, pero no resistió y fallecido poco después.

El teniente coronel Álex Ganchala, subjefe del distrito, explicó que la madre del infante está detenida, que el caso está a cargo de la Dinapen al tratarse de un menor de edad asesinado.

Además, contó la mujer dijo a los primeros informados que llegaron a su casa que “había visto en la televisión que eso se hacía a los bebés para sacarles el demonio”.

Fuente: El Universo.