Culturales y sociales

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a México a abandonar “de inmediato” el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país. El grupo de expertos independientes que visitó México en noviembre ha señalado este martes que la estrategia implementada desde los años noventa y aún vigente ha sido “insuficiente e inadecuada” para la protección de los derechos humanos. “Las recientes reformas normativas no escapan a esta tendencia”, ha indicado la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra (Suiza). El informe presentado resalta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina por violaciones graves a los derechos humanos; 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.

“La permanente participación de la Fuerza Armada” en las labores de seguridad pública en México “permite poner en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, señala el informe. La Sedena y la Marina se encuentran entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con el informe, y la Sedena y la Guardia Nacional figuran entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos. Ante esta situación, Villa Quintana ha señalado la necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y de poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de las tareas de seguridad pública.

La estrategia de militarización se fomentó especialmente a partir del sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), que sacó el Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La conocida como guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces. La modalidad no cambió con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (Morena), quien había prometido cambiarla. En 2019, sin embargo, el presidente creó la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil que en la práctica es un cuerpo militar: de sus 101.182 integrantes, el 58% provienen del Ejército y 16% el de la Marina; solo un tercio perteneció a la antigua Policía Federal. Un año después, López Obrador publicó un acuerdo presidencial que ordenaba a la Fuerzas Armadas permanecer en las funciones de seguridad. Las desapariciones crecieron durante este período de forma exponencial. Más del 98% de las observadas en el informe sucedieron entre 2006 y 2021.

El documento señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones” y la estrategia implementada en el Gobierno de Calderón. Cuando el comité estuvo en México, entre el 15 y el 26 de noviembre, había 95.121 personas registradas como desaparecidas desde 1964. 112 desapariciones sucedieron durante la visita de los expertos independientes, que recorrieron 13 Estados y se entrevistaron con autoridades federales y estatales, comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, además de asistir a exhumaciones, jornadas de rastreo y a prisiones. Se trató de la primera visita del organismo, que desde 2013 había intentado participar en los procesos de búsqueda sin el respaldo de los gobiernos. En los últimos dos años, según los datos oficiales a los que accedieron, “se ha producido una reducción en el número de personas desaparecidas”. “No obstante, las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de superpetración”, avisa el análisis difundido este martes.

Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. La delincuencia organizada, además, se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, ha comentado Villa Quintana. Aunque los desaparecidos siguen siendo sobre todo hombres de entre 15 y 40 años, las cifras oficiales muestran un aumento “notable” de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, de adolescentes y de mujeres. “Se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, ha aclarado Villa Quintana.

Solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones habían sido judicializados hasta el 26 de noviembre de 2021, según las indagaciones del comité de expertos, y solo se habían emitido 36 sentencias en todo el país. A ello, señala el informe, se suma la actitud, “pasiva muchas veces”, de las instituciones judiciales, lo que provoca “falta de confianza” de las víctimas y resulta en un “alto número” de casos no reportados. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”, ha dicho Villa Quintana. El comité ha considerado que la lucha contra esta falta de investigación y condenas es “impostergable”.

A las desapariciones se suma otra problemática, que es la crisis forense. Según datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. “Según varios expertos entrevistados”, apunta el documento, “en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos”. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran casi el 72% de los cuerpos no identificados. Los servicios forenses, señala el informe, son “insuficientes” y la situación se agrava porque los instrumentos previstos en la ley no han sido establecidos. Recientemente, el Gobierno ha propuesto crear un centro de identificación humana para atender la crisis.

Aunque se han establecido “múltiples proyectos y políticas públicas para afrontar las desapariciones” a lo largo de los años, la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y actores, el presupuesto reducido con el que operan las comisiones de búsqueda y la falta de personal evita frenar el fenómeno, de acuerdo con el informe. Por eso, el comité ha instado al Gobierno a adoptar de forma “urgente” una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones que involucre a las autoridades federales, estatales, municipales, a los órganos autónomos, a las víctimas y a los colectivos que las representan, que combata las causas de las desapariciones forzadas y apunte a su no repetición. “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional”, ha apuntado Villa Quintana.

Fuente: El País.

Antes de que el galón de gasolina súper superara los $ 4 -hace un par de meses- la venta de este combustible en las estaciones de servicio llegaba a 120 y 150 galones diarios. Después bajó a entre 40 y 50 galones. Ahora que esta gasolina ya llega a los $ 4,66 será peor, y queda reducida solo a vehículos de alta gama y personas en capacidad de poder pagar ese precio.

Así lo comenta Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de la provincia del Guayas. Por eso, este gremio prepara un pedido formal a las autoridades para que la venta de gasolina súper sea opcional.

Y desde que el precio de esta gasolina se liberalizó en diciembre del 2018 ha ido perdiendo compradores, pues estos han optado por migrar a la eco o extra que cuesta menos y es de menor octanaje. En el 2011 la súper tenía una participación del 13 % del mercado y luego ha ido decayendo al 4 % y ahora al 3 %.

El mayor cambio se dio cuando en agosto del 2018 se incrementó el precio y en diciembre del mismo año se lo liberalizó. Mes a mes se ajusta su valor de acuerdo con el precio internacional del petróleo. Cuando empezó este sistema el galón estaba en $ 2,98 y actualmente está en $ 4,66 el precio sugerido. Esto representa un aumento de $ 1,68 o 56 %.

Desde el martes, 12 de abril de 2022, las estaciones de servicio actualizaron los precios en sus carteleras y manejan diferencias de centavos. Por ejemplo, en las gasolineras de Petroecuador se comercializa el galón al valor sugerido de $ 4,66 y en otras está entre $ 4,68 y $ 4,70.

Con estos precios y esa migración de clientes, la gasolina súper ya no es negocio. Alvarado explica que para transportar este combustible se utilizan tanqueros de al menos 1.000 galones y ante el nivel de ventas “se necesitan 20 días para vender ese tanquero y la volatilización (pérdida) por almacenamiento en súper es importante. Tiene que invertir alrededor de $ 4.000 para venderlo y recuperar ese dinero en 20 días, no tiene sentido”. “No se justifica vender súper porque la venta es demasiado reducida”.

El dirigente estima que de las 1.200 estaciones de servicio a nivel nacional, solo 20 aún venden buenos volúmenes de súper, aunque igual mermados. Y cita el caso de una ubicada en un sector de alto consumo y alto poder adquisitivo de Guayaquil que hasta hace tres meses vendía un promedio de 1.500 y 2.000 galones por día y ahora está entre los 300 y 400 galones.

Este combustible llegó al umbral de los $ 4 el mes pasado, cumpliéndose así las proyecciones ante la escalada de precios internacionales del petróleo en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

El precio de las gasolinas extra y ecopaís, así como el diésel no sufren cambios, ya que están congelados desde octubre de 2021. El galón de extra y ecopaís cuesta $ 2,55 y el diésel $ 1,90.

Fuente: El Universo.

El déficit de defensores no es una problemática nueva. Desde antes de la pandemia ya se tenía informes de la necesidad de aumentar esta cifra. El último concurso para elegirlos fue en el 2015. Desde entonces, el Consejo de la Judicatura, ente rector del sistema judicial, no ha convocado a un nuevo proceso de méritos y oposición para contratar a más personal.  

Esta falta de profesionales repercute en el incremento de actividades que cada defensor debe realizar. La carga laboral es tan alta que un profesional tiene, en promedio, 350 procesos anuales.

Informes técnicos de Rehabilitación y de la Asamblea han analizado este requerimiento de personal y han mencionado que esto también influye en la crisis carcelaria, en especial en el hacinamiento.  

Por ejemplo, en octubre pasado, la Comisión legislativa de Seguridad mencionó que “la violación de derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad pone de manifiesto las dificultades que tienen las personas privadas de la libertad para presentar demandas, acceder a la justicia o a investigaciones imparciales”. 

Esto debido tanto a “los problemas de eficiencia del sistema judicial cuanto, a la falta de acceso a un defensor público, que, como se evidencia en este informe, es una constante dentro de los Centros de Privación de Libertad”. 

La Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, nombrada por el Ejecutivo, también se refirió a que para reducir el hacinamiento se deben revisar todas las carpetas de las personas detenidas. “En la actualidad, demoran entre siete y ocho meses por cada expediente”. 

El defensor General del Estado, Ángel Torres, señaló que la Defensoría Pública ha fortalecido sus acciones en la crisis carcelaria.  

Parte de ese trabajo ha sido asesorar y gestionar los procesos de indultos que fueron facultados por el presidente en febrero pasado. A través del decreto 355, el Ejecutivo indultó a los sentenciados por cuatro tipos penales: robo, hurto, estafa y abuso de confianza. El primer requisito para acceder a este beneficio es que los presos hayan cumplido el 40% de la pena, en el caso de los procesados con el Código Penal anterior; y el 60% en el caso del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que rige desde 2014. 

La Defensoría reporta que en 35 días lograron los procesos de libertad de 343 personas privadas de libertad. Y recuerdan que los encargados de decretar las libertades son los jueces.

Aunque admiten que les falta personal, la institución dice que ha reforzado todos los procesos para evitar que los casos se represen. Incluso, en este año completaron la cifra de 735 defensores públicos.  

Además, han realizado capacitaciones para fortalecer a los profesionales y mejorar la calidad. Las mayores necesidades están en las provincias más grandes como Guayas, Pichincha y Manabí. 

El presupuesto es uno de los factores fundamentales. Incluir en nómina a 200 defensores más significaría una inversión de USD 7 millones anuales. 

La institución tiene un presupuesto estatal de USD 37 millones. El Consejo de la Judicatura conoce esta falta de recursos y ha señalado que se está trabajando para fortalecer al sistema de justicia.  

Mientras esto ocurre, organismos de Derechos Humanos, como Kaleidos, han mencionado que es necesario tener más defensores en los centros penitenciarios y garantizarles sus seguridades. Esto último ha sido recogido en los informes oficiales, pues en los amotinamientos y masacres violentas, ocurridas el año pasado, parte de las oficinas de Defensoría Pública han sido afectadas.  

Por ejemplo, en la cárcel regional de Cotopaxi, las revueltas de los internos generaron que los funcionarios no tengan garantías para su ingreso al centro penitenciario. 

Fuente: El Comercio.

Diego Javier Moscoso es el juez que dispuso la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, el 9 de abril de 2022. Sin embargo, esta no fue la primera vez que los nombres de ambos se cruzaron en temas penitenciarios y judiciales.

El 24 de noviembre de 2017, todavía como vicepresidente, pero ya detenido, Glas llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la audiencia de juicio del caso Odebrecht. Por ese proceso, el exfuncionario recibió su primera sentencia de seis años.

Pero, más allá del caso y de la sentencia, ese día sucedió un hecho anecdótico. A diferencia de los otros procesados que acudieron con el típico traje naranja de los presos, Glas vistió un terno oscuro y una corbata.

El trato diferencial entre los acusados causó críticas y comentarios. Diego Moscoso, en esa época subsecretario de Rehabilitación Social del extinto Ministerio de Justicia, asumió la defensa de lo ocurrido y, en una entrevista con El Comercio, dijo que no existía ninguna normativa que prohibiera que Glas vista de esa manera en el juzgado. Cuatro años y cuatro meses después, ya como juez de primer nivel de la parroquia de Manglaralto (Santa Elena), Moscoso aceptó el hábeas corpus a favor de Glas y lo liberó.

Diego Moscoso es cuencano. Estudió la secundaria en la Unidad Fray Vicente Solano y se graduó como abogado en la Universidad de Cuenca y fue en esa ciudad donde empezó a ejercer el derecho. En ese oficio conoció a Liliana Guzmán, quien era asambleísta de Azuay por Alianza PAIS durante el período 2013-2017.

En esa época, Rafael Correa era el presidente de la República y Jorge Glas, su vicepresidente. Alianza PAIS, además, tenía una arrolladora mayoría de más de 100 curules en el legislativo.

 En marzo de 2016, Moscoso ingresó a trabajar como Asesor 1 en el despacho de Guzmán y tenía un sueldo de USD 3.173. Estuvo en ese puesto un año y dos meses, hasta que el período legislativo concluyó en mayo de 2017. Según Guzmán, Moscoso no era militante de AP o cercano a ese proyecto político. Sino que lo contrató “por su trabajo técnico” y ese trabajo le sirvió para ganarse la confianza al interior del movimiento ‘verde-flex’.

Durante mayo de 2017, Lenin Moreno se posesionó en la Presidencia de la República y nombró a Rosana Alvarado como su ministra de Justicia. Alvarado, a su vez, designó a Guzmán como viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Moscoso, primero como asesor 3 y luego como subsecretario de Rehabilitación Social. Moscoso estuvo en el Ministerio de Justicia hasta noviembre de 2017. Su salida se dio justo cuando empezó la ruptura entre el correísmo y Moreno, que se originó en el procesamiento de Glas por corrupción. A la par de sus funciones en la Asamblea y en el Gobierno, Moscoso se preparó y siguió el curso intensivo de formación inicial para la carrera judicial.

En octubre de 2017, el Consejo de la Judicatura -liderado por Gustavo Jalkh- publicó el listado de los aprobados. Moscoso obtuvo 94,15 sobre 100 puntos. El viernes 12 de enero de 2018, finalmente, Moscoso fue nombrado como juez de primer nivel en Manglaralto, Santa Elena. Ese fue uno de los últimos nombramientos de la Judicatura de Jalkh, pues cinco meses después fue destituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Desde enero de 2018, Moscoso se desempeña como magistrado. Según el registro del Consejo de la Judicatura su sueldo es de USD 4.164.

El 28 de marzo, 11 días antes de que Moscoso fallara a favor de Glas en el hábeas corpus, la Dirección del Consejo de la Judicatura (CJ) en Santa Elena pidió al pleno del CJ la medida cautelar de suspensión en contra del magistrado. “Prevenir que posibles actuaciones realizadas por parte del sumariado puedan interferir en el normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los servidores judiciales que conforman su despacho remitan la información solicitada y/o comparezcan a rendir sus versiones libres y voluntarias…”, se lee en la solicitud de medida cautelar.

Sin embargo, la solicitud no fue atendida y Moscoso siguió despachando con normalidad, hasta que a su oficina llegó el caso Glas.

En una entrevista con Teleamazonas, Fausto Murillo, presidente encargado del CJ, dijo que el pedido no especificó la falta que cometió Moscoso. Por lo que el Pleno resolvió pedir un informe a las direcciones general y jurídica del Consejo.

Extraoficialmente, explicó Murillo, se conoce que Moscoso no acudió a una audiencia, lo que se considera una falta grave. Por lo que no aplica la medida de suspensión, que está estipulada para las faltas gravísimas.

Ahora, además de este caso que ya está en trámite, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) anunció que solicitará a la Judicatura el control disciplinario de Moscoso por el caso Glas.

Fuente: Primicias.