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La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, que integra a más de 10 organizaciones sociales, rechaza la tenencia y porte de armas para uso civil. La asociación califica a la disposición de Guillermo Lasso como una medida discriminatoria. Responsabiliza al Presidente por los efectos directos e indirectos.

Para la Alianza, Lasso "incumple con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana fomentando el incremento de la violencia en el Ecuador".

Las organizaciones consideran que el Mandatario, al autorizar la tenencia y porte de armas, "descuida sus obligaciones de garantizar la seguridad ciudadana con políticas públicas idóneas, eficaces y eficientes, como es su obligación".

Estiman que así se promueve que los "ciudadanos asuman, por la vía de las armas, la tarea de combatir los gravísimos hechos de criminalidad y delincuencia que azotan" a Ecuador.

En ese contexto, la Alianza dice que la medida adoptada por el Presidente ecuatoriano "incurre en el agravante de ser discriminatoria pues favorece a que solo un sector de la población haga uso de la misma contra unas mayorías que se encuentran en graves condiciones de exclusión, pobreza y violencia".

La Alianza señala que la tenencia y porte de armas es un tema que "lesiona y amenaza gravemente no solo los derechos a la vida y a la integridad personal, sino también a la igualdad y no discriminación, pues afecta de manera diferenciada a poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, y otras históricamente discriminadas como poblaciones indígenas y afrodescendientes".

Apunta que afecta también a otros aspectos como los económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a participar en la vida cultural de la comunidad, entre otros.

La Alianza citó el informe del Alto comisionado por los Derechos Humanos de 2016. En ese documento se menciona entre las conclusiones que existen vínculos directos entre el acceso a las armas de fuego por personas civiles y la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en general. 

En el año 2022, la Alianza para el Mapeo de los Femicidios registró 332 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 32% fue causado por armas de fuego, añade la Alianza de Derechos Humanos.

La Alianza responsabiliza al Gobierno de Lasso "por todos los efectos directos e indirectos" de la tenencia y porte de armas. En especial, dice, por todas las víctimas mortales, sus familias, las personas que sufran lesiones temporales o permanentes, así como el aumento de los suicidios.

Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a los órganos y organismos internacionales de protección de derechos, para que exijan a Ecuador el cumplimiento de "sus obligaciones en el marco de los derechos humanos".

Además, piden que se garantice a todas las personas que habitan en el Ecuador un entorno seguro que propicie el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y la paz.

 Un video de seguridad registró el momento cuando un desconocido prende fuego a un local ubicado en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, durante la madrugada del domingo 2 de abril de 2023.

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Richard Carapaz llegó en el sexto lugar en la etapa 1 de la Basque Country Itzulia, competencia ciclística por etapas que empezó este 3 de abril del 2023.

Tres ciclistas ecuatorianos empezaron la edición 62 de la Basque Country Itzulia, nombre moderno de la tradicional Vuelta al País Vasco, ya rebautizada como la Itzulia. Están Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda.

Carapaz y Caicedo son parte del equipo del EF Education-EasyPost. En tanto, Cepeda compite para el Caja Rural RGA de España.

En la primera jornada el campeón olímpico Richard Carapaz llegó en el sexto lugar. El británico Ethan Hayter, su excompañero en el Ineos Grenadiers, fue el ganador de la jornada con un tiempo de 4:01:24 horas.

Por las bonificaciones, en la clasificación general, 'Richie' está en el décimo casillero.

Este día, Jefferson Cepeda se ubicó en el casillero 112, con el mismo tiempo del pelotón principal.

Jonathan Caicedo llegó en el 123 a 21 segundos del ganador.

La carrera, de seis etapas, empezó este lunes 3 de abril del 2023. Muchas figuras del pelotón internacional se han presentado a la prueba.

Fuente: El Comercio.

El secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, explicó este 3 de abril del 2023 que la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal no será libre sino que existen requisitos. Además, dependerá de cada institución la prohibición de ingreso con armas.

“Que quede claro a los ciudadanos, que no se trata del libre porte de armas. Esto es importantísimo porque muchos han generado conclusiones sin tener en cuanta el contenido del Decreto. Se trata del porte de armas controlado, con autorización, con requisitos”, justificó Ordóñez en Ecuavisa.

Rechaza otro aspecto que considera como prejuicio: “No se está armando a la población”. Dijo que dar la posibilidad de que la ciudadanía porte un arma, cumpliendo requisitos, tendrá un efecto disuasivo en la delincuencia "porque pensarán que a quien atacan puede tener un instrumento de defensa, un arma o un aerosol de gas pimienta".

El Gobierno, mediante el Decreto Ejecutivo 707, autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal a escala nacional a personas naturales que cumplan los requisitos conforme a la Ley, el Reglamento a la Ley sobre armas, municiones y explosivos, y bajo las autorizaciones correspondientes. También se autoriza el porte y uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal.

Según Ordóñez, para tomar la decisión, el Gobierno analizó evidencias de otros países sobre la reducción de muertes violentas. “No hay medida perfecta, todas tienen pros y contras”, pero con la medida actual puede haber mejores resultados, agregó.

El porte de armas no significa que se lo pueda hacer en cualquier lugar, se podrá establecer restricciones para el ingreso, apuntó el Secretario. Ejemplificó que los aeropuertos tienen una regulación propia para prohibir armas en vuelos comerciales, que está vigente. “Cada institución podrá establecer las limitaciones para que las personas que tienen autorización del porte de armas no ingresen a ciertos lugares con el arma”.

Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrán una validez de dos y cinco años respectivamente. Hay ciertos requisitos a cumplir.

a) Cumplir al menos 25 años de edad.

b) Certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública.

c) Certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional.

d) No haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito.

e) No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

f) Certificado de superar el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por Ministerio de Salud Pública.

g) Los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Ordóñez indicó que esos requisitos serán controlados mediante una coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio del Interior.

Las regulaciones sobre el uso del arma las establecerá el Ministerio de Defensa con un Acuerdo Ministerial que se emitirá durante esta semana. Por otro lado, el Ministerio de Salud está estableciendo los mecanismos para acreditar a los profesionales que emitirán los certificados del examen toxicológico, así como el nivel de toxicidad a estupefacientes. Este certificado no se emitirá en cualquier dispensario.

Estos procedimientos se harán de forma descentralizada, de manera que no genere dificultades a quienes no residan en la capital, señaló Ordóñez.

El Secretario destacó que con el Decreto se faculta a guardias de seguridad privada a usar un arma dentro del perímetro de su sitio de trabajo. Por ejemplo, fuera de una entidad bancaria.

Así, describió, los guardias se convierten en una fuerza auxiliar de la Policía Nacional. Pero primero deben pedir ayuda a la Policía, al ECU 911 y luego también actuar. Aseguró que se han mantenido conversaciones con la Asociación que articula a las compañías de seguridad privada para establecer este mecanismo.

Fuente: El Comercio.