Cerca de una veintena de ataques perpetrados secuencialmente en Guayaquil y Esmeraldas, entre esos un atentado con explosivos en un sitio de alta concurrencia como la terminal terrestre satélite de Pascuales, configuran un escenario nunca antes visto en el territorio nacional, fraguado por la violencia criminal durante la madrugada de este martes 1 de noviembre.
Cinco policías asesinados, otros heridos, más varios daños materiales son el saldo de la escalada de violencia que surge, según el Gobierno, por el traslado de internos de la Penitenciaría del Litoral hacia otras cárceles del país que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) concretó en la mañana.
Juan Zapata, ministro del Interior, señaló en rueda de prensa ofrecida en Quito que si bien la planificación de esta reorganización compete al SNAI, Policía y Fuerzas Armadas colaboran en ese sentido. El funcionario sostuvo que los “golpes” dados al crimen organizado provocan esta reacción.
“Yo quiero que sepan los ecuatorianos que nosotros vamos a seguir en esa misma línea. Nosotros no podemos claudicar. La fuerza del Estado no puede ceder frente al crimen organizado. Sí, nos decía, efectivamente, cuando entramos a esta institución (ministerio) sabíamos que es una institución de alto riesgo, y por eso mismo hay que apoyarla”, expuso él.
Dicha explicación oficial corroboró la amenaza que antes, desde la noche del lunes 31 de octubre, grupos delictivos habían lanzado mediante panfletos distribuidos en varios sectores de Guayaquil.
En los volantes, en los que constaban los nombres de las bandas Los Lobos y Los Tiguerones (aliados con el cartel Jalisco Nueva Generación, cuyas iniciales también están en las hojas), se advertía de actuar con todo el poder logístico y armado en caso de que lleguen “a tocar” a integrantes de estos grupos de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral.
Los hechos criminales causaron preocupación, incertidumbre y alteraron la rutina de los guayaquileños. Tanto que la terminal satélite permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las pericias de ley y las clases presenciales en tres planteles de Pascuales (Alejo Lascano, Vicente Piedrahíta y Matilde Hidalgo) se suspendieron.
En esas instituciones los estudiantes continuarán sus procesos de enseñanza de manera virtual con el apoyo de los tutores y fichas pedagógicas.
Incluso el presidente de la República, Guillermo Lasso, canceló su viaje a Estados Unidos, previsto del 2 al 6 de noviembre, para seguir liderando en territorio la lucha contra la amenaza que son para el país el narcotráfico y las bandas organizadas.
Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social e investigadora de temas relacionados con crimen organizado, refirió que según denuncias divulgadas en redes sociales, el SNAI, ente encargado del sistema penitenciario, habría sido permeado por la corrupción para favorecer a unas bandas por sobre otras.
Esto, con relación al video difundido en el que un interno acusa a funcionarios de supuestamente haber recibido dinero a cambio de trasladar a integrantes de Los Lobos y Los Tiguerones de la Penitenciaría del Litoral a otros centros carcelarios y cederles así los pabellones 8 y 9 a bandas contrarias, en este caso Los Choneros, afines al cartel de Sinaloa.
Para ella, la guerra declarada es con el Gobierno y el agravante sería el traslado consumado de este grupo de presos que pertenecerían a Los Lobos y Los Tiguerones. De hecho, la tarde del martes en Guayaquil hubo al menos otros tres ataques a policías y sus sedes tras el cambio de esos reos.
“Que el Gobierno se vea a sí mismo como parte de la corrupción, no esté lanzando la culpa a nadie. O sea, que se vea a sí mismo, que haga una depuración de la Policía. Yo lo veo como muy lejano eso, o sea, le veo muy lejano porque el ministro de Gobierno (Juan Zapata) se niega a ver esto”, comentó.
Durante la tarde de este martes, en medio de un operativo de seguridad que incluyó a varios entes de control, arribaron a Manabí buses con reos de la Penitenciaría que se dirigieron hacia la cárcel El Rodeo, adonde fueron derivados.
Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), refirió que los hechos registrados este martes en Guayaquil y Esmeraldas constituyen un proceso con el que insistente y gradualmente los grupos delictivos muestran su presencia en el territorio nacional y el poder que ostentan.
Lo que está de fondo, mencionó, es una declaratoria de guerra entre las bandas que se evidencia, por ejemplo, con cuerpos decapitados que aparecen colgados en estructuras peatonales elevadas, como los dos que se encontraron el lunes en Esmeraldas.
Pero también, dijo Pérez, hay una advertencia a las instituciones del Estado cuando en las cárceles se producen matanzas entre reos o se atacan sedes policiales.
“Hay una condición de constante guerra contra el Estado, pero también hay una condición constante de cuestionamiento de las capacidades de control del Estado. Y finalmente, yo creo que hay un juego perverso que ha sucedido en México, que sucedió en Colombia, que es vincular a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente en todos estos procesos, justamente para causarle temor y para provocar que estos ciudadanos tengan poca voluntad de reacción”, comentó el académico.
Pérez cree que las medidas ejecutadas por el Gobierno nacional, como declarar estados de excepción en jurisdicciones específicas o conformar una Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, son acciones más mediáticas que encaminadas a atender el problema estructural que existe.
Fuente: El Universo.
