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Un chaleco antibalas y resguardo policial. Esa es la condición de un médico del cantón Esmeraldas para visitar los domicilios que le delegaron en el dispensario para el que trabaja.

Usar el mandil no es suficiente. Dice que llevar el logo del Ministerio de Salud Pública (MSP) no impide ser asaltados y los pacientes ya no abren con facilidad las puertas. “Si no tengo custodia, no salgo; aquí no hay garantías”.

Por eso, este profesional pide no publicar su nombre. Trabaja en una ‘zona caliente’, donde en los últimos tres meses han asesinado a cinco personas. La provincia suma 378 homicidios en lo que va del año y 44 heridos por armas fueron atenidos en unidades del MSP.

La violencia social eleva la demanda de servicios médicos en esta zona, en un ambiente de tensión para el personal asistencial. Las víctimas no solo sufren lesiones que requieren cirugías y tratamientos según la afectación; también necesitan un acompañamiento psicológico que sea efectivo.

En el país, 98 heridos por armas de fuego fueron atendidos entre enero de 2021 y julio de 2022. La cifra aumenta al incluir las 1 950 atenciones por “heridas de región no especificada del cuerpo”, una categoría que usa el MSP para referirse a lesiones por otras armas.

El Hospital Delfina Torres de Concha, al igual que otras unidades públicas, tiene un protocolo para casos de violencia. Toda herida de bala es reportada a la Fiscalía, y desde 2020 son más cautelosos en pedir protección policial. Ese año un sicario se disfrazó de médico para matar a un internado.

El personal no está libre de ataques. En mayo, un funcionario administrativo fue asesinado por el presunto manejo de contratos del hospital. Y quienes eligen frenar la extorsión arriesgan sus vidas.

“Nos piden la vacuna”, dice el médico del dispensario. Dos médicos abandonaron la semana pasada su consultorio privado en un cantón fronterizo, dejando desatendida a la comunidad. Se negaron a dar USD 500 al mes. Luego, una bomba estalló frente al local.

Esmeraldas tiene 400 de las 600 camas hospitalarias que debería tener, según los gremios de médicos. Y apenas cuenta con cinco cardiólogos, pese a la alta prevalencia de hipertensión arterial.

Por eso el acceso a salud parece inalcanzable en las parroquias al borde de la frontera, como Mataje, donde los enfrentamientos armados por el narcotráfico y la movilidad humana son continuos.

En esta semana, el personal sanitario de la zona estuvo atento para activar su ayuda ante el posible traslado de unas 1 500 personas. Lo hacen junto a militares, que también acompañan a las brigadas de vacunación en los barrios de mayor riesgo de la capital.

En uno de esos sectores, el médico del centro de salud cuenta que ha dado atención a miembros de peligrosas bandas. “No los identifico. Cuando salen del consultorio, los compañeros me dicen: ‘Doctor, ¿cómo le fue con ese tiguerón?”.

Sus sombras se dibujan sobre la cancha de tierra marrón. Con sus pupos desgastados, corren tras un balón hasta llegar al arco, que encuadra el paisaje montañoso del noroeste de Guayaquil.

Cada tarde, 50 chicos de distintas edades se apartan por unas horas de la violencia que ronda sus casas y que motivó una intervención policial y militar. Hace un mes no jugaban libremente por temor a las bandas delictivas; ahora lo hacen junto a uniformados armados.

“Hagamos las cosas bien, sin pelear. Esto no es escuela de boxeo”, bromea su entrenador, un exjugador de Emelec. “Tienen talento, solo hay que darles la oportunidad de apartarse de malas influencias”.

Aquí hay esquinas dominadas por la prostitución y las drogas. Las calles son pistas para amenazantes acróbatas en motos y las escuelas -por ahora cerradas- son el blanco de niños que arrojan ­piedrecitas con furia.

Miedo a salir, pesadillas, paranoia, dolores de cabeza… Los servicios de salud mental del norte de Guayaquil han reportado un aumento de los signos que encajan con un diagnóstico de ansiedad.

34 especialistas dan primeros auxilios psicológicos y terapias de descarga emocional, sin ahondar en las causas. Prefieren no exponerse, aunque saben que varios pacientes han visto asesinatos, huyeron de balaceras o fueron heridos.

Una psicóloga del MSP recuerda que visitó una escuela donde ocurrió un crimen. “Creamos espacios de escucha para maestros y padres, para que expresen lo que vivieron y prevenir un trastorno”.

Otros casos necesitan más consultas. Un grito despertó a Carla (nombre protegido), la noche del 31 de agosto. Cuando encendió la luz, vio a su hermano de 10 años ensangrentado por una bala perdida, que fue removida de su pierna ocho días después.

“Corrimos a un centro de salud y después nos enviaron a un hospital donde lo operaron. Ahora va al psicólogo, para perder el miedo”.

Los especialistas se preocupan por la presión del entorno sobre los niños. Temen que naturalicen la violencia .“Pueden pensar en no trabajar y tomar la vía rápida de la delincuencia”, dice la psicóloga.

Por eso los entrenamientos gratuitos en las canchas recuperadas del noroeste dan esperanza, aunque no tienen el respaldo suficiente. Para algunos colectivos sociales, la militarización ha creado una “zona de guerra”, que viola derechos y evidencia la falta de un plan de asistencia social. Incluso para la Policía es incierto lo que pasará cuando finalice la intervención.

La frontera sur está minada por riesgos que acorralan, particularmente, a las mujeres. Los traficantes que controlan los pasos clandestinos en El Oro no se conforman con arrebatar el poco dinero de los caminantes.

“Hay violencia sexual”, cuenta una trabajadora del Teófilo Dávila. “Recuerdo que llegaron dos migrantes en busca de profilaxis preventiva porque sospechaban que su agresor era portador de VIH”.

El hospital del MSP en Machala reporta al menos ocho víctimas de violencia social cada semana. Algunos están vinculados a la minería ilegal -frecuente en esta zona-, y se niegan a revelar su identidad para eludir sanciones.

Otros son víctimas de la delincuencia. El lunes llegó a Emergencias un joven de 18 años, apuñalado por impedir que le robaran el celular. La herida le quitó la vida.

“Todos estos casos son código rojo, porque demandan una ruta rápida de acción -dice la funcionaria-. Son historias fuertes que nos hacen llorar”. Y de inmediato recuerda a una joven que fue apedreada y abandonada en Machala. Por la brutal agresión perdió un ojo y abortó a su bebé. “Fue difícil que borrara las secuelas, pero ya empieza a soñar con ser abogada”.

El MSP tiene un protocolo para la atención de casos de violencia basada en género. Especialistas sugieren que esa debe ser la base para implementar mecanismos específicos para las afectaciones.

En salud mental tampoco hay lineamientos claros. Psicólogos y psiquiatras aplican técnicas para atender cuadros de estrés postraumático, depresión, ataques de pánico y crisis de ansiedad.

La exposición a la violencia puede elevar el riesgo de fumar, consumir alcohol o usar drogas, según la OMS. También hay la posibilidad de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio, así como enfermedades crónicas y problemas sociales como el crimen o más violencia.

Una opción es crear marcos legales que protejan a las personas y a las instituciones. Así se garantizaría protección y acceso a la salud.

500 personas mueren a diario en las Américas, producto de la violencia interpersonal, según la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Fuente: El Comercio.

Ante amenazas de entregar dinero a cambio de supuesta seguridad, las autoridades piden a las personas no contestar mensajes, bloquear las llamadas y denunciar.

Este tipo de delito se lo conoce coloquialmente como vacuna yestá tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de extorsión, intimidación y hostigamiento.

El dueño de una tienda de cárnicos en Manta relató el pasado viernes 30 de septiembre de 2022 que un hombre llegó a su local para dejarle tres balas dentro de un sobre y antes de marcharse le dijo que debía pagar una “vacuna” a cambio de no hacerle daño a ningún miembro de su familia. Diez minutos después, el comerciante recibió una llamada donde le exigían el pago de USD 5 000 para no matarlo.

La víctima entró en pánico y depositó el dinero a través de Western Union. Tres meses después, el delincuente volvió a llamarlo para exigirle más dinero. Fue entonces, que el comerciante presentó la denuncia en la Fiscalía de Manta y cerró para siempre su negocio.

El fiscal Paco Delgado manifestó que este tipo de extorsión ha afectado algunas víctimas en Manta, pero varias personas callan por temor a perder la vida.

Este delito tuvo un repunte en el país desde el 2020, cuando surgió la pandemia, y en actualidad se ha triplicado por delincuentes que fingen ser cabecillas de bandas delictivas ligadas al narcotráfico, según la Policía.

El fiscal pide no desmoralizarse y presentar la denuncia inmediatamente, debido a que la mayoría de los extorsionadores son extranjeros.

“Incluso se identifican como líderes de bandas cuando realmente no lo son”, reveló el funcionario.

Dijo que existen casos donde exigen USD 50, USD 100 y USD 200 mensuales a personas que son dueñas de panaderías, heladerías, farmacias, tiendas y bazares.

A una comerciante del sector Nuevo Tarqui le intentaron extorsionar al pedirle USD 300 para darle seguridad. Ella bloqueó el número y nunca más le volvieron a llamar.

Marco Custode, jefe de la Unidad de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), dijo que las “vacunas” son ejecutadas por oportunistas que buscan lucrarse del progreso de los demás.

Pide a las víctimas no dejarse llevar por miedo ni acceder al pago.

“El método más efectivo para evitar ser extorsionado es no responder llamadas de desconocidos. En ese momento se corta algún intento de extorsión”, agregó el oficial.

Si las llamadas son reincidentes, recomiendan cambiar de número. Y si de pronto insisten con mensajes a través de WhatsApp, sugiere no responder y bloquearlo de forma inmediata.

Custode también sugiere no publicar fotografías íntimas en las redes sociales, porque algunos delincuentes toman esa información para saber quiénes son sus amigos, sus hijos y el lugar de trabajo, y hasta conocer las placas de sus carros.

En este año, en Manta han capturado a 19 personas por extorsión y ninguno de los detenidos eran miembros de alguna organización delictiva.

Fuente: El Comercio.

Una docena de educadoras se congregaron este viernes, 30 de septiembre de 2022, en los exteriores de la Dirección Distrital Quito Sur del Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES), para exigir el pago de sus sueldos pendientes desde mayo.

Sonia Salazar es una de las afectadas que llegó con un oficio en mano para entregarlo al Director de esa cartera. Su única petición era que se cumplan los acuerdos de pagos que firmó con sus compañeras.

"Ni un solo día hemos dejado de trabajar. Incluso para reclamar nuestros derechos dejamos pagando un reemplazo", contó indignada. Con sus compañeras tienen un contrato de trabajo que vence este 30 de septiembre, aun así, permanecen impagas hace cinco meses.

En medio de la protesta una funcionaria del MIES salió a atender la solicitud de las trabajadoras. Aclaró que el director no se encontraba en el sitio pero recibió la misiva.

Aseguró que en el transcurso de este mismo 30 de septiembre le haría llegar el documento y posterior una respuesta a las trabajadoras.

Entre lágrimas recuerdan que también son madres de familia y, muchas de ellas, cabezas de hogar. En esta temporada escolar aseguraron que han tenido más dificultades para enviar a sus hijos a estudiar e incluso para darles de comer.

Desde Píntag llegó al sur de Quito, Abigail Flores que no entiende los motivos para dejarlas sin su sueldo. Es lo único que tiene, aunque se las ha ingeniado para sacar recursos en otras actividades durante el fin de semana.

Ninguna ha descuidado a los niños de 12 a 36 meses que atienden en clases de estimulación temprana

Mientras tanto se dirigieron a la Dirección Financiera para hacer el requerimiento y que se atienda su solicitud de pago.

Les ofrecieron que desde este 2022 se les pagaría en modalidad "de mes caído" pero no les han cumplido. Antes de la firma de este convenio les pagaban el acumulado cada cinco o seis meses.

Con el fin del contrato no saben qué pasará con los niños que atienden en los Centros de Desarrollo Infantil. Temen que también queden en el abandono y su situación vulnerable se agrave.

Fuente: El Comercio.

Autoridades del Ejecutivo anunciaron este jueves 29 de septiembre de 2022 que se creará la primera mesa de diálogo de Mujeres, enfocada en prevenir y erradicar la violencia de género. El objetivo es identificar los nudos críticos que tiene la Ley y el Plan de Erradicación de la Violencia de Género para encontrar los impedimentos que tienen las ciudadanas para acceder a la justicia y así alcanzar soluciones concretas al problema. 

En una rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, habló de la iniciativa que se convierte en el primer paso, luego de que el presidente Guillermo Lasso anunció la decisión de incrementar el presupuesto para enfrentar la violencia contra las mujeres.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, recordó que el Sistema Nacional de Prevención para Erradicar la Violencia contra la Mujer está vigente desde el 2018, pero “ha venido funcionando a medias”, por lo que su institucionalidad necesita refuerzo.

“Pese a los duros momentos que hemos tenido que presenciar con el asesinato y la ejecución de María Belén Bernal, el Presidente nos ha dado la indicación expresa de constituir, tal vez por denominarlo de alguna manera, la mesa número 11 de diálogo, para implementar con la mayor fuerza, potencia y voluntad política posible todo lo que ya está plasmado en el Sistema”, enfatizó Jiménez.

Esta mesa de Mujeres, a su vez, se constituirá de mesas itinerantes en las 24 provincias. “Esta vez, nosotros iremos al territorio para dialogar con las diferentes mujeres del país. No vamos a descansar hasta fortalecer el rol de este ente rector, en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Cumpliremos con el mandato del Presidente, que es dialogar, escuchando las voces de nuestras mujeres”, expresó Flores. El presupuesto de esta institución es de USD 18 millones, pero las autoridades aún no cuentan con datos sobre el monto que se necesitará para fortalecer la Ley y el Plan de Erradicación. 

Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad, dijo que con la conformación de la mesa se iniciará una “cruzada nacional” para prevenir la violencia en contra de las mujeres. En los próximos días se emitirá un Decreto sobre políticas concretas para impulsar el Sistema de prevención, acotó la funcionaria sin brindar más detalles. 

Jiménez indicó que en territorio se receptará los testimonios de colectivos de mujeres y de diferentes colectivos sociales, además se convocará al diálogo a otros sectores de la sociedad civil y autoridades locales. Esta mesa aprovechará la metodología implementada en las mesas de diálogo que el Gobierno lleva adelante con el sector indígena. 

“Desde el Ministerio de Gobierno ya hemos emitido las directrices para la implementación de estas políticas de erradicación y prevención de la violencia contra la mujer. Ya las conocen parcialmente los gobernadores, ellos son quienes van a liderar en cada una de las provincias este programa que hoy comienza con esta onceava mesa de diálogo”, explicó el titular de esta Cartera de Estado.

Los tenientes políticos de las parroquias son los encargados, con las Juntas cantonales, de emitir medidas administrativas de protección inmediata para la mujer, estas deben ser otorgadas sin demoras, resaltó Changuín. 

Las autoridades están elaborando el cronograma de trabajo, pero arrancará desde la próxima semana, entre el 4 y 5 de octubre. Se estima que durará mínimo tres meses, puntualizó Jiménez. Se implementará dos mesas itinerantes por semana. 

Con esta acción, las autoridades buscan que se hallen soluciones, se reduzca la violencia intrafamiliar y los femicidios en el Ecuador.

Fuente: El Comercio.