En un examen a la concesión de matrices ubicadas en Guayas y Pichincha, la Contraloría encontró que cinco empresas ecuatorianas con inversión mayoritariamente extranjera lograron burlar la Ley Orgánica de Comunicación, que prohíbe concesionar frecuencias a ese tipo de compañías.
La Contraloría también reveló que se concesionaron frecuencias a ocho empresas morosas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la propia Arcotel; que 36 frecuencias se mantienen operativas de manera prorrogada; que una organización religiosa estaría acaparando frecuencias; que varias compañías concesionarias traspasaron acciones sin autorización de la Arcotel; y que una empresa alcanzó una concesión pese a no completar los requisitos a tiempo.
Estas son algunas de las conclusiones del informe de Contraloría, que fue aprobado en junio pasado.
La Contraloría estableció que las empresas nacionales Ecuadorario S. A., Andivisión S. A., Trafalgar del Ecuador S. A., Ayax del Ecuador S. A. y Televisión Independiente Indetel S. A. lograron obtener frecuencias pese a que la mayor parte de su capital pertenece a accionistas extranjeros, domiciliados en Guatemala y Uruguay.
La Ley Orgánica de Comunicación establece que los “medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras”.
Esas empresas operan las emisoras Platinum FM, Tropicálida, Like FM, Alfa Stereo y Galaxia Stereo. Una investigación de Fundamedios ya alertó en septiembre de 2020 de que esas compañías estarían relacionadas con el empresario mexicano Ángel González.
El informe de la Contraloría señala que, al principio del concurso, esas compañías fueron inhabilitadas; pero que, gracias a un análisis jurídico de la directora de Impugnaciones de Arcotel, se echaron abajo esas inhabilidades. El argumento fue que Ecuador posee tratados con Guatemala y Uruguay que estarían por encima de la Constitución y demás normas.
Para la Contraloría, ese razonamiento jurídico violaría la Constitución, que dispone: “La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales”.
La ley ordena que, si una empresa concesionaria desea realizar una transferencia de acciones, debe contar con el permiso de la Arcotel. La Contraloría halló que ocho empresas registraron traspasos de acciones en la Superintendencia de Compañías sin contar con este requisito.
La Contraloría apuntó entre las empresas que incumplieron esta disposición a Radiodifusión América Quito, que pertenecía un exembajador de Ecuador en Panamá, Galo Enríquez Enríquez, quien ocupó ese cargo en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Él traspasó todas las acciones a uno de sus hijos, y el registro en la Superintendencia se formalizó en junio de 2020.
Las otras empresas observadas por esta irregularidad son Radio Activa FM 88 Cía. Ltda., Roadme S. A., Cablemar S. A., Radio La Prensa TV S. A., Radiodifusora Ondacero S. A., Ecuaenlace S. A. y K&P RTV Productions C. A.
El informe de Contraloría sostiene que esto “ocasionó que las empresas se encuentren operando sus frecuencias sin la respectiva regularización”.
La Contraloría descubrió que ocho empresas recibieron concesiones pese a que tenían deudas pendientes tanto con la Arcotel como con el SRI, lo que las inhabilitaba a recibir una concesión. Estas compañías son Radiodifusora Ondacero S. A., Radio Colón C. A., Centro de Educación Popular Cedep, Servicios Proyectos e Instalaciones Electrónicas SPIN S. A., Comercializadora de Medios Gallegos Custode, Ecuaenlace S. A., K&P RTV Productions C. A. y Radio Visión de Quito S. A.
Según el informe, estas ocho compañías presentaron un formulario asegurando que no tenían ninguna inhabilidad para participar en el concurso, afirmación que no fue verificada por los funcionarios de la Arcotel.
La Arcotel descalificó a la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II del concurso puesto que esta ya tenía más de una matriz de radio FM, algo que está prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación. La Contraloría determinó que, pese a que la Agencia había encontrado esta irregularidad, no la había subsanado, manteniendo activas las concesiones a favor de la fundación de manera prorrogada.
El representante legal de la fundación indicó a la Contraloría que había renunciado a una de las frecuencias para quedarse con una sola y poder participar en el concurso, pero que la Arcotel no había actualizado la información.
En el listado de frecuencias que la Arcotel mantiene en su página web, la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II aún consta como concesionaria de dos matrices: una en Quito y otra en Tulcán. Este archivo está actualizado a noviembre del año pasado.
La compañía Radio Centro FM tiene concesionadas una matriz y tres repetidoras, lo que es permitido por la ley. Según la Contraloría, la Arcotel entregó esas concesiones pese a que la empresa incumplió los plazos para entregar unas pólizas que eran parte de los requisitos dentro del concurso.
El informe narra que Radio Centro FM entregó las pólizas a tiempo, pero estas no tenían la cobertura exigida, y fue descalificada. Frente a ello, la empresa renovó las pólizas y las ingresó nuevamente, pero fuera del plazo. También interpuso un recurso extraordinario de revisión ante la Arcotel para que las pólizas fueran aprobadas, y así sucedió. Según la Contraloría, esto representa una irregularidad.
Fuente: El Universo.
