A través del equipo de acción sostenible, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco promueve el cuidado del medio ambiente con tres proyectos previstos aplicarse en Latacunga, La Maná y Riobamba.
Cuenta que el domingo 31 de julio de 2022, a las 18:30, se trasladó al barrio Guamaní Alto para visitar a una sobrina. Mientras compartían un momento ameno con la familia su auto fue sustraído.
Al momento que se dio cuenta del robo, en medio de la desesperación llamó al ECU 911 sin obtener la ayuda necesaria. Detalla que tuvo que recorrer varias unidades de Policía para denunciar el hecho, sin embargo, le dijeron que para poner la denuncia debe esperar 96 horas. "Me parece mucho tiempo, tengo miedo de que utilicen mi vehículo para delinquir", mencionó.
La afectada menciona que el vehículo es el medio de transporte de su esposo quien padece cáncer y se moviliza desde el sur de Quito hasta el hospital de Solca para someterse a sus quimioterapias.
En imágenes captadas por una cámara de videovigilancia del sector y compartidas por Margarita a este Diario, se observa cómo los asaltantes ingresan al vehículo, sin complicaciones.
En el vídeo que dura pocos segundos se muestra como otro sujeto empuja el vehículo de retro hasta la avenida y desaparecen de la toma.
El auto sustraído es un Chevrolet Sail color gris con placas PCN 1630. Su propietaria asegura que aún mantiene una deuda de más USD 10 000 por el vehículo.
Si cuenta con información sobre el paradero de los vehículos, puede comunicarse a los teléfonos (02) 2975320 / 0980157004 - 0988910095.
Fuente: El Comercio.
La definición de los precandidatos para las elecciones seccionales de 2023 demuestra que la Asamblea Nacional será una importante fuente de postulantes. Los partidos y movimientos buscan entre sus asambleístas a cuadros que les puedan servir como buenos candidatos en sus respectivas provincias.
A poco menos de un mes de que inicie oficialmente la inscripción de candidaturas, siete asambleístas se preparan para presentar su renuncia y empezar su campaña como postulantes a prefectos, alcaldes o concejales.
Para candidatizarse, deberán renunciar a su curul antes de inscribir su candidatura. El Código de la Democracia determina que solo quienes opten por la reelección al mismo cargo podrán usar una licencia sin sueldo.
Es decir, los legisladores que quieran lanzarse a las elecciones deberán presentar sus renuncias entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre, tiempo previsto en el calendario electoral para la inscripción de candidaturas.
Las renuncias a la Asamblea antes de elecciones seccionales son comunes. Dado que los legisladores solo pueden reelegirse en dos ocasiones, optan por continuar con su carrera política en el ámbito local.
En esta ocasión, de momento hay siete candidaturas de asambleístas confirmadas. Pero hay otros nombres que podrían oficializarse hasta el viernes, o incluso hasta septiembre, pues no es obligatorio que los nombres definidos en los procesos de democracia interna sean inscritos.
Además, están cuatro nombres que suenan como precandidatos, pero que todavía no han sido confirmados ni descartados:
· Juan Cristóbal Lloret (UNES) como candidato a la Alcaldía de Cuenca, por Revolución Ciudadana.
· Bruno Segovia (indep.) como candidato a la Prefectura de Azuay.
· John Vinueza (indep.) como candidato a la Prefectura de Chimborazo, por el movimiento RETO (antes Podemos).
· Gruber Zambrano (BAN) como candidato a la Prefectura de Santo Domingo, por Creo.
Entre los nombres que van confirmándose para 2023, también aparecen los de exasambleístas que ahora buscarán un cargo en el ámbito local. Los confirmados de momento son:
· Marcela Aguiñaga (antes Alianza PAIS) a la Prefectura del Guayas por Revolución Ciudadana.
· Rubén Bustamante (antes Alianza PAIS) a la Prefectura de Loja por el movimiento Amigo.
· María José Carrión (antes Alianza PAIS) a la Alcaldía de Quito por el movimiento Amigo.
· Galo Lara (antes Sociedad Patriótica) a la Alcaldía de Quevedo por la Izquierda Democrática.
· Andrés Páez (antes ID) a la Alcaldía de Quito por Sociedad Patriótica.
Fuente: Primicias.
El Gobierno, la Fiscalía y la Policía Nacional levantaron las alertas. Las entidades advirtieron que en el llamado Caso Despegar se pretendía hacer un “abuso del derecho” para liberar a tres procesados por el presunto delito de lavado de activos.
Se trata de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, y sus hermanos Israel Norero Tigua y Johanna Zambrano Tigua.
Los tres fueron capturados la madrugada del miércoles 25 de mayo de 2022, junto a Lina Romero, pareja de ‘El Patrón’. Los sospechosos tenían en su poder USD 6 millones en efectivo, así como decenas de lingotes de oro y joyas, valoradas en más de USD 4 millones.
Leandro Norero es considerado por las autoridades antinarcóticos y de Inteligencia como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dólares generados por diferentes actividades ilegales.
Mientras se realizan las investigaciones, a pedido de la Fiscalía, el juez Ubaldo Macías de Guayas dispuso prisión preventiva para los Norero y Zambrano. Los tres apelaron esa decisión, pero ese recurso todavía no ha sido resuelto.
Mientras avanzan las investigaciones y se tramita la apelación a la prisión preventiva, los Norero acudieron a la justicia constitucional para buscar su libertad. La figura elegida fue el habeas corpus, que sirve para dejar sin efecto detenciones ilegales, arbitrarias o que afecten derechos de los apresados.
· Leandro Norero Tigua
Quien más ha intentado conseguir un habeas es alias ‘El Patrón’. Según los registros del Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje), Norero presentó cuatro solicitudes de habeas corpus entre el 25 y el 28 de julio de 2022.
El primer habeas corpus fue presentado en Latacunga, a las 17:28 del lunes 25. El recurso fue planteado en contra de Ubaldo Nacías, juez de Garantías Penales de Guayaquil. Según la solicitud, se señala al magistrado por una supuesta “desnaturalización de la detención con fines investigativos otorgada por prisión preventiva”.
Minutos después, los abogados interpusieron otro habeas corpus contra Macías. En este caso por falta de motivación en el auto de prisión preventiva. Los jueces de Cotopaxi resolvieron acumular las dos causas en una sola, que aún está en trámite.
Dos días después, el miércoles 27 de julio, la defensa del procesado presentó otro habeas corpus en Guayaquil, este en contra el juez Macías y la fiscal Yasmín Saravia. Y el jueves 28 otro pedido similar. Ambos fueron inadmitidos y enviados a Cotopaxi.
· Israel Norero
En el caso de Willian Israel Norero Tigua se han presentado dos habeas corpus. El primero ingresó el 25 de julio y el segundo, el jueves 28.
También son en contra del juez Macias y de la fiscal Saravia. De igual manera, está pendiente la resolución.
· Johanna Zambrano Tigua
Zambrano ha presentado tres habeas corpus y fue la primera en hacerlo. El primer pedido ingresó el 20 de julio. La procesada manifestó, a través de sus abogados, que tenía problemas de salud que no eran atendidos en la cárcel de Latacunga.
El jueves 21 de julio, en la primera audiencia, se dispuso el traslado de Zambrano al Hospital de Latacunga para la realización de exámenes. Esos análisis se hicieron y se adjuntaron como pruebas. Todavía no se conoce la resolución.
La audiencia sobre este caso se reinstaló la tarde del 1 de agosto. Según la defensa de Zambrano, la Corte de Cotopaxi concedió el habeas corpus y determinó que se vulneraron los derechos de su defendida.
Los otros dos pedidos fueron presentados el lunes 25 y el jueves 28 de julio de 2022. Y también fueron en contra del juez y la fiscal del proceso. En ambos casos, los jueces a cargo pidieron a los abogados completar y aclarar las demandas. El trámite continúa.
Las autoridades han identificado estos recursos como un nuevo intento de abusar del derecho. Entre abril y mayo de 2022, en Ecuador se evidenciaron varios casos de habeas corpus polémicos.
Todo empezó el 10 de abril de 2022. En Manglaralto, una parroquia rural de Santa Elena, un juez ordenó la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, pese a tener dos sentencias ejecutoriadas.
La Corte de Santa Elena corrigió ese fallo y Glas volvió a prisión. Además, el magistrado Diego Moscoso fue destituido.
Días después, el 22 de abril de 2022, el juez Enrique Morera ordenó la liberación de uno de los cabecillas de Los Choneros. También la Corte del Guayas dejó sin validez esa decisión, antes de que se ejecute.
Además, entre el 9 de abril y el 5 de mayo de 2022, tres jueces de Azuay autorizaron 124 traslados de la cárcel de Turi hacia Santo Domingo.
Los presos trasladados gracias a habeas corpus habrían participado en los incidentes que dejaron 44 personas asesinadas en Santo Domingo. Esas decisiones judiciales, además, no consideraron los informes de seguridad.
Sobre los casos de Norero y sus hermanos, Primicias intentó contactar a Cristian Romero, Royman Litardo y Jonathan Aguinda, miembros de la defensa de los tres. Pero ninguno accedió a una entrevista.
Fuente: Primicias.
La orden judicial de congelar las cuentas bancarias del Estado ecuatoriano en Luxemburgo podría complicar los pagos de intereses que debe hacer Ecuador a los inversionistas que compraron bonos ecuatorianos en el mercado internacional.
Con la solicitud de congelamiento, también conocida como “attachment” o embargo, la petrolera anglo-francesa Perenco está presionando a Ecuador para que pague los USD 391 millones tras un laudo arbitral internacional a su favor y que no ha cumplido desde julio de 2021.
Según el Ministerio de Finanzas, hasta las 16:00 del 1 de agosto de 2022, las autoridades judiciales de la nación europea no habían notificado el congelamiento de las cuentas.
El gobierno, además, ratificó que pagará esta deuda vencida, pero no especificó cuando.
En 2020, Ecuador reestructuró su deuda en bonos, con la emisión de USD 17.707 millones en nuevos títulos, con condiciones más favorables y que vencen en 2030, 2035 y 2040.
Estos papeles están registrados en la Bolsa de Luxemburgo. Aunque está previsto que el pago del capital de ese tramo de deuda se cumpla en 2030, Ecuador paga los intereses desde 2021, a través de la banca de ese país europeo.
Una parte de los intereses debía cubrirse hasta el 31 de julio de 2022. Varios tenedores de bonos confirmaron que recibieron el pago, según Reuters.
Según Finanzas, entre enero y julio de 2022, Ecuador pagó USD 307 millones de los USD 310 millones que presupuestó para todo 2022, por concepto de intereses de bonos internacionales.
En lo que queda de 2022 se debe pagar todavía alrededor de USD 3 millones de intereses. Una parte de ese dinero se debe desembolsar en agosto y otra en diciembre.
Un congelamiento de cuentas en los bancos de Luxemburgo podría retrasar el pago de los intereses de bonos de Ecuador, explica Santiago Mosquera, jefe de investigaciones de la firma Analytica.
Sin embargo, el Estado tiene un período de gracia de 30 días, contados a partir del día que vence el cupón de interés, añade Mosquera.
Si los intereses no se pagan en plazo previsto con el mes de gracia, Ecuador entraría en default o moratoria de deuda y su calificación de riesgo se degradaría.
“No creo que Ecuador se arriesgue a enfrentar ese escenario, debería pagar cuanto antes”, dice.
En 2012, sucedió algo similar con una deuda de Argentina, explica Álvaro Galindo, decano de la Facultad de Derecho de la UDLA.
El fondo de inversión NML Capital pidió la retención de una fragata argentina que estaba en un puerto de Ghana, en África, para presionar al estado argentino que pague la deuda que cayó en default en 2001.
En julio de 2021, el Gobierno Central dijo que buscaba un convenio de pago con la petrolera anglo-francesa.
Pero, según Reuters, Perenco no ha recibido un solo pago del Estado.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que el gobierno tenía recursos para pagar, al menos, una parte de esa deuda.
En el Presupuesto del Estado de 2022, el Ministerio de Finanzas asignó USD 281,9 millones para laudos y sentencias nacionales e internacionales. Hasta julio de 2022 se habían gastado USD 50 millones.
El nerviosismo de los mercados se reflejó en el indicador de riesgo país, que subió de 1.336 puntos el 29 de julio a 1.454 puntos el 1 de agosto; es decir, un salto de 118 puntos.
Alejandro Arreaza, economista para la región andina del banco inglés Barclays, dice que es difícil entender por qué Ecuador no ha pagado la deuda con Perenco, si en 2021 ya anunció que honraría ese compromiso.
Con el aumento del indicador de riesgo país, Ecuador tendría que pagar un interés más alto si busca financiamiento a través de bonos, de alrededor de 16%.
Tras el anuncio de la orden de congelamiento, los precios de los bonos del Ecuador que se negocian en el mercado secundario cayeron de precio.
El precio de los bonos que vencen en 2030 cayó 2,1 puntos porcentuales el 1 de agosto de 2022 frente a la jornada anterior.
Mientras tanto, el precio de los que vence en 2035 cayó 2,8 puntos. Y los bonos con vencimiento en 2040 cayeron 2,1 puntos.
Cuando los bonos caen de precio significa que la deuda es percibida como más riesgosa, pues los inversionistas temen que el Estado no pague.
Fuente: Primicias.
