Nebraska Montenegro perdió la cuenta de las veces que estuvo en la cárcel por ser una mujer transgénero. Eran los años 80 y ser homosexual era un delito en Ecuador, que se reprimía con violencia y abuso.
“En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los casos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años”, rezaba el artículo 516 del Código Penal que tipificó a la homosexualidad desde 1938 hasta 1997.
En este último año, este inciso se declaró inconstitucional.
Nebraska, hoy con 67 años, recuerda muy bien ese año. “Fue el 27 de noviembre, salimos a festejar a las calles, pensando que ya habíamos logrado parar toda la persecución, pero no fue así. Siguió por lo menos hasta 2000 cuando una compañera murió en Quito, por un disparo de un policía”.
De aquella represión, Nebraska y el grupo Nueva Coccinelle al que representa estiman que por los menos 15 de sus compañeras trans murieron o desaparecieron en total impunidad.
No hubo familiares que reclamen por ellas, porque la mayoría fue rechazada o abandonada.
Entre las personas, que se unieron para recoger las firmas necesarias para la despenalización de la homosexualidad, solo quedan cuatro. Todas tienen más de 60 años y en 2019 demandaron al Estado por lesa humanidad, debido a los abusos y maltratos policiales.
La Fiscalía General del Estado sigue atendiendo el pedido y las demandantes solicitan una reparación económica para ayudarlas a vivir sus últimos años.
Nebraska, por ejemplo, vende refrigerios en el centro de Quito. Gana cerca de USD 15 diarios, dinero con el que solventa un departamento que comparte y la comida.
“Ser homosexual les daba pauta a los policías para agredir, golpear, tomar a gente presa sin parte policial. Todo aquel que fuera o pareciera ser homosexual se consideraba delincuente”, describe el Informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los hechos de tortura desde 1984 a 2008.
Nebraska rememora la represión con detalles. Se traslada a 1985, para contar una de las tantas veces que terminó detenida. “Estábamos en la calle con un grupo de compañeras, eran cerca de las 20:00”, relata.
“Unos policías, sin pedirnos ningún documento, ni preguntarnos qué hacíamos, nos obligaron a subir al patrullero, se nos trasladó al centro de detención y los guías penitenciarios nos maltrataban o nos ponían en celdas con gente peligrosa si no les dábamos dinero”, añade.
Según ella, esta es una situación que 40 años después aún no ha cambiado.
“Esos policías que nos maltrataron deben estar gozando de sus vidas, de su jubilación, mientras nosotras estamos muriéndonos en la pobreza, esperando justicia por parte del Estado”, comenta Nebraska Montenegro.
Fue a partir del regreso a la democracia en 1979, cuando la represión a las personas LGBTI tomó fuerza en Ecuador. Esto ocurrió porque antes de los 80 su visibilidad era mínima.
El entonces intendente del Guayas, Abdalá Bucaram, detenía en redadas policiales a cientos de trabajadoras sexuales. “No permitiremos que nuestro país se convierta en Sodoma y Gomorra”, dijo Bucaram.
Unos años más tarde, en 1985, el escenario político empeoró para la seguridad y la vida de las personas trans.
Abdalá Bucaram llegó a la alcaldía de Guayaquil, Alfredo Adoum asumió como prefecto del Guayas, Jaime Nebot se convirtió en gobernador y León Febres-Cordero en presidente de la República.
En ese mismo año se inauguraron los escuadrones volantes, que eran unos vehículos pintados de azul con baldes amplios en su parte trasera. Allí, los policías llevaban a los detenidos, muchos de ellos homosexuales.
Según la Comisión de la Verdad, durante 1984 y 1988, en la presidencia de León Febres-Cordero, ocurrió el 55% de las violaciones de derechos humanos.
“Era tan difícil estar en las calles como transexuales, que en la noche salíamos como mujeres y en el día como hombres”, dice Nebraska. Y la discriminación y violencia también era social. “Los restaurantes, en pleno día, veían que éramos homosexuales y no nos atendían”.
Ocurría además en las instituciones públicas, “algunas compañeras no pudieron estudiar porque eran discriminadas”.
Según Odalys Cayambe, de la Asociación GLBTI Vivir Libre, pocos han sido los cambios para las minorías.
”La salud es donde más somos discriminadas, si logramos tener un turno en los centros de salud públicos, cuando se dan cuenta que somos trans, ni siquiera nos tocan, a lo mucho nos medican”, dice Cayambe.
El único informe del Instituto de Estadísticas y Censos sobre la población LGBTI se realizó en 2013. Un 34% de las encuestadas dijo que había sido discriminadas en los servicios de salud Mientras, que otro 10,3% afirmó había tenido experiencias de violencia.
Fuente: Primicias.
