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Una vez el excontralor Pablo Celi cumplió los 65 años -el domingo último- y pasó a ser considerado un adulto mayor, luego de una deliberación de varias horas, los integrantes del Tribunal de Juicio del caso Las Torres, Walter Macías (ponente), Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, decidieron, la mañana de este lunes, cambiar la prisión preventiva de Celi por el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico y una vigilancia policial permanente.

La decisión fue parte del cuarto día de audiencia de juzgamiento del delito de delincuencia organizada contra Celi y otras diez personas y llega tras el pedido de la defensa del excontralor de que procede la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Celi ya que el procesado es ahora un adulto mayor. La diligencia se realiza en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La fiscal general Diana Salazar no se opuso al cambio de medida cautelar, pues señaló que ese es un derecho constitucional, pero pidió que las nuevas medidas sean el arresto domiciliario, el uso del grillete electrónico y que para evitar una posible fuga se determine sobre el exfuncionario público un resguardo policial permanente.

Al pedido hecho por la Fiscalía se sumaron los abogados de la Procuraduría General y Petroecuador, ambas acusadoras particulares en este caso. El 4 de abril pasado en la Corte Nacional se instaló la etapa de juzgamiento de once de los trece llamados a juicio por ser parte de una “organización delictiva” creada para a través del desvanecimiento glosas permitir el pago de dineros a empresa privadas que contarán con el Estado y de ello conseguir un porcentaje a modo de coima.

Con esta decisión, Celi no es declarado inocente, sino que seguirá siendo procesado en el caso Las Torres y también investigado por cohecho en otra causa que se desprendió del expediente por delincuencia organizada.

Fuente: El Universo.

Autoridades de salud aprobaron la aplicación de la segunda dosis de refuerzo contra el virus COVID-19 en todos los puntos de vacunación del país. 

Xavier Morales, director distrital de Salud de Latacunga, dio a conocer que las personas mayores de 50 años, profesionales de la salud y grupos vulnerables que cumplan más de 5 meses desde la aplicación de la primera dosis de refuerzo, podrán inmunizarse nuevamente.

Menciona que, con la segunda dosis de refuerzo, se pretende incrementar la inmunidad en la población generando más anticuerpos en cada uno de los ciudadanos.

Recalca que los individuos que cumplan con el intervalo de tiempo establecido, pueden acercarse a los puntos de inmunización o centros de salud; la marca de vacuna aplicada dependerá de la disponibilidad, como AstraZeneca o Pfizer.

Finalmente, recordó que los puntos de vacunación habilitados en Latacunga son el Coliseo Mayor y todos los centros de salud de la ciudad.

Fuente: La Gaceta.

Andrea Paredes, bióloga de la Fundación Cóndor Andino, manifestó que la presencia de perros ferales está extendida a nivel de país, pero se ha visto intensificada esta actividad debido al descontrol poblacional de estos animales.

Explicó que los perros ferales han perdido el vínculo con el ser humano y no pueden ser considerados como mascotas. Generalmente, suelen atacar a aves de corral, ganado y ovinos de pobladores de las comunidades. El principal problema es que, para evitar esta problemática, comuneros envenenan al ganado atacado, que es considerado como alimento para el cóndor y aves carroñeras. 

Indicó que es necesario ser tutores responsables de las mascotas, controlar el manejo de granjas y frontera agrícola para evitar expandiendo a sitios que han sido de ocupación histórica de otros animales.

En 2018 acaeció una problemática similar a la de este año, pero por envenenarlos a ellos se terminó envenenando alrededor de 20 cóndores que corresponde al 10% de la población de los cóndores en el país.

Fuente: La Gaceta.

El personal de adiestramiento canino registró la alerta tras una inspección realizada con el perro antinarcóticos Jessy. Y los agentes de la policía aprehendieron 2,8 toneladas de droga escondidas en un contenedor con un cargamento de piñas de exportación, con destino a Bélgica.

El decomiso se registró este domingo 10 de abril del 2022 en uno de los terminales marítimos de Guayaquil. Hólger Cortez, subcomandante de la Zona 8 de la Policía, indicó que la carga se perfiló como riesgosa para tráfico de drogas y por ello se procedió a la inspección.

Entre la carga de piñas la Policía halló 3 095 paquetes de cocaína en el interior de 45 sacos de yute. El peso neto de la incautación es de 2 toneladas 869 kilos 992 gramos.

Cortez indicó que con el operativo ‘Piñas’ se evitó que 28.6 millones de dosis de droga lleguen a mercados internacionales, aunque no se registraron detenidos en este caso. El valor de la carga bordea USD 4,3 millones y en el mercado internacional su precio asciende a USD 142,4 millones, dijo.

Fuente: El Comercio.