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La falta de medicinas agrava la salud de miles de enfermos crónicos y personas de la tercera edad en la zona rural del país. Los centros de salud no tienen fármacos para el tratamiento de cáncer, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades.

Estos establecimientos -también llamados de primer nivel- son los más cercanos a la población y tienen a su cargo la promoción, prevención, recuperación, re­habilitación y cuidados paliativos de los pacientes.

En el país son más de 1 500 puestos y centros públicos, pero por la crisis de salud, los profesionales tienen dificultades.

Ellos no están respondiendo a la demanda de atención que necesitan miles de sus usuarios. 

La cuencana María del Carmen Pinto, de 52 años, lleva tres meses esperando por una cita con un especialista en diabetes, hipertensión y problemas de tiroides en el centro de la parroquia rural de Baños. El viernes 3 de junio, después de una larga caminata que hizo con una de sus hijas mayores, llegó a este centro. Ese día le volvieron a cambiar el turno para el martes 7 de junio.

 En la farmacia tampoco recibió los medicamentos que necesita.

“No hay nada (losartán, eutirox y arados) señora, debe comprar afuera”, fue la respuesta que recibió en la ventanilla.

De allí abandonó el lugar con su mirada perdida, preocupada y molesta. “Solo tienen ibuprofeno y pastillas para el dolor”.

Cada mes se acerca a este lugar y es la misma repuesta, con el agravante de que hay días en que el azúcar en su sangre está muy elevada. Le sucede porque no está tomando la medicación como debe ser, por falta de dinero.

Afuera se encontró con Alison Quishpi, de 63 años, quien le comentó que no le dieron ni omeprazol para su estómago.

Ambas se sugirieron algunos tipos de aguas de hierbas medicinales para compensar la falta de medicinas. El centro de salud de La Merced de Baños tiene siete médicos generales, dos odontólogos, un psicólogo y tres enfermeras que realizan su año rural.

Cubre a una población de 18 000 habitantes y a un promedio de 50 pacientes por día.

Fuente: El Comercio.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, con carácter excepcional, conferido a los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria.

Este instrumento legal ha tomado mayor relevancia en los últimos tiempos ante el incremento de la inseguridad y de la violencia en el país.

Es por ello que el mismo tiene el propósito de proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes.

Durante el debate, entre otras cosas, se solicitó que se excluya de este proyecto lo relacionado con el control de las manifestaciones.

Igualmente, los asambleístas que intervinieron declararon que la ley por sí sola no constituye una solución al problema de la delincuencia común y el crimen organizado, pues se requiere que el Gobierno Nacional transfiera oportunamente los recursos para la Policía.

La propuesta legal norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través servidores policiales, de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y como entidades de protección y garantía de derechos.

En la misma se determina sus derechos y obligaciones, establece el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén o puedan estar involucrados niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.

De igual manera, regula contextos y circunstancias específicas en que los servidores regulados por la ley pueden hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; norma los procedimientos y requisitos de los informes que se debe elevar en estos casos; establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley.

Los uniformados, ante una amenaza primero debe, en primer lugar y “en la medida de lo posible”, usar medios no violentos como la negociación y verbalización. Antes de emplear la fuerza física, armas no letales o armas letales.

Pueden hacer uso de la fuerza o de instrumentos de coerción de manera “excepcional y diferenciada” cuando tenga que prevenir una infracción, detener a infractores o presuntos infractores, proteger o defender “bienes jurídicos protegidos”. También para controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.

En cuanto al control carcelario, la Policía Nacional podrá actuar en situaciones de emergencia y en los de grave riesgo, el Presidente podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para ingresar a las cárceles para retomar el control.

Fuente: Metro Ecuador.

Habitantes de la comunidad Guanailín – San Pedro de Salcedo denunciaron un conflicto interno entre la directiva y comuneros del sector ante la inconformidad de la gestión desarrollada hasta el momento,  motivo por la cual ambos sectores acudieron hasta las instalaciones de la Gobernación de Cotopaxi para encontrar una solución a este problema.

Link: https://youtu.be/LHCXLrkWwdY 

Oswaldo Coronel, Gobernador de Cotopaxi informó que el martes 7 de junio de 2022, Carlos Ortiz asumirá las funciones de Intendente General de Policía, con el objetivo de continuar con los operativos de control en la provincia. El representante del ejecutivo detalló adicionalmente una mayor celeridad en el proceso de cedulación y emisión de pasaportes por parte del Registro Civil.    

Link: https://youtu.be/Al9ml7lFmiU