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La Corporación Participación Ciudadana (CPC), dirigida por Ruth Hidalgo, hizo un llamado este jueves 2 de junio de 2022 a las autoridades con intención de reelección. La ejecutiva les exhortó a que no usen fondos públicos en la promoción de sus candidaturas. Eso implica una ventaja anticipada, según la organización.

La CPC difundió un comunicado en el que hace referencia al cumplimiento de las leyes vigentes en materia electoral, puesto que existe la declaratoria del periodo electoral a las elecciones seccionales del 2023 por aparte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el fin de “evitar la inequidad en las elecciones que se avecinan”, la organización que se califica como apartidista hace un exhorto a las autoridades que van a optar por la reelección.

Hidalgo pide “que se abstengan de usar recursos públicos para promocionar su imagen o su nombre, en la inauguración o entrega de obras“. Sostiene que “solamente el estricto cumplimiento de las normas vigentes fortalecerá a la democracia y promoverá autoridades comprometidas con la ética y el cumplimiento de la Ley”.

El exhorto de la CPC se fundamenta en el artículo 219 del Código de la Democracia. Esa norma prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo.

El mismo articulado también determina que “está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones obligatorias a favor de organizaciones políticas o candidatura alguna”.

Participación Ciudadana además advierte que al incumplir la prohibición se produciría “una situación de ventaja anticipada por parte del funcionario/candidato, frente a otros posibles candidatos”.

Según el cronograma electoral del CNE, la inscripción de candidaturas se hará entre el 22 de agosto y el 29 de septiembre del presente año. Mientras que la campaña electoral se efectuará del 3 de enero del 2023 al 2 de febrero de ese año.

En ese contexto, la organización sugiere esperar al momento en donde todos los candidatos, “en igualdad de condiciones” utilicen las franjas de publicidad entregadas por el Estado y no antes.

Fuente: El Comercio.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas rechazó un recurso de apelación presentado por los hermanos Willian y Roberto Isaías. Este hecho lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, este jueves 2 de junio del 2022. 

Ese recurso de apelación fue presentado para revertir la decisión que la juez Andrea Patiño dictó el pasado 1 de abril. 

Ese día, ella negó una acción de protección a los exdueños del extinto Filanbanco. Esa negativa se emitió durante una audiencia que se desarrolló en la Unidad Judicial de Durán. 

Con esa medida constitucional los hermanos Isaías buscaban “beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo”, señaló la Procuraduría.

Ese decir, los hermanos intentaban proteger sus bienes para impedir que se inscriba cualquier contrato o transferencia de dominio sobre esos inmuebles.

Sin embargo, jueces de la Sala de lo Civil del Guayas analizaron el pedido de los Isaías y durante una audiencia “declararon sin lugar” el pedido de acción de protección. 

“En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, continuará con la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”, indicó la Procuraduría, tras conocer ese fallo judicial. 

En marzo del 2022, ambos presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano por no menos USD 2 000 millones como una medida de indemnización por los bienes incautados en 2008 por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Además, el 11 de mayo del 2022, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Específicamente, todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. La Procuraduría, en cambio, apeló ese fallo, pero aún no hay resolución. 

Fuente: El Comercio.

Un grupo de jubilados patronales de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador exige el pago de sus jubilaciones retrasadas por casi dos años, mientras sus dirigentes mantienen este jueves 2 de junio del 2022 una reunión con funcionarios del Gobierno.

Desde horas de la mañana los jubilados protagonizan un plantón frente al Palacio de Carondelet. “No más prórroga”, exigen al Gobierno en sus consignas.

René Peralta, presidente Nacional de la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Ecuador del Grupo 16, dijoque para que se haga efectivo el pago es necesario que el Presidente de la República “firme la reforma al Decreto Ejecutivo 1057″.

Ese documento fue suscrito por el expresidente Lenín Moreno el 19 de mayo del 2020 y con él se dio paso a la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Sin embargo, “ahí no habla nada en relación a los extrabajadores y jubilados” de esa empresa y por eso es necesario la reforma, sostuvo el dirigente.

Son 21 meses que los jubilados no perciben sus derechos económicos. Señaló que han realizado varias diligencias y no obtienen respuesta favorable de ninguna institución, como el Ministerio de Transporte al que se traspasó la Empresa de Ferrocarriles.

“El Presidente tiene toda la documentación para que pueda conminar al Ministerio de Finanzas y por ende al de Obras Públicas y pueda solucionar este problema”, agregó Peralta. Para él el desembolso es factible porque existen excedentes petroleros.

El exconductor de trenes de la base de Riobamba José Ullauri relató que solo les dan largas a pesar de que existen dos sentencias a favor de los jubilados. El sueldo que se les adeuda por persona bordea los USD 5 500.

Según los dirigentes, son 400 jubilados perjudicados y la deuda pendiente estimada es de USD 2,5 millones. “Hoy queremos definitivamente una solución”, puntualizó Peralta antes de la reunión con los funcionarios del Gobierno.

Una funcionaria les solicitó conformar una delegación de cinco personas para dialogar en la Secretaría de Gobernabilidad. En el encuentro estuvieron el Viceministro de Transporte, delegados de la Presidencia de la República y la liquidadora de la Empresa de Ferrocarriles.

Según el presidente de la Asociación, las autoridades se comprometieron en resolver la situación, para lo cual definieron una próxima reunión para el próximo lunes a las 10:00.

Los jubilados esperan que ese día se dé el aval presupuestario desde Finanzas y Obras Públicas, y determinen la fecha en que se expida la resolución.

“Aspiramos que sean de palabra”, enfatizó el dirigente. Los jubilados advierten que, si no hay solución por escrito el lunes, seguirán con los plantones e incluso una huelga de hambre en la Plaza Grande.

Fuente: El Comercio.

En Quito portar armas blancas se sancionará con una multa económica. Así lo decidió el Concejo Metropolitano en segundo debate este jueves 2 de junio con 17 votos a favor, uno en contra, tres abstenciones y una inasistencia.

En este cuerpo legal se establecen acciones de prevención, atención, protección y sanción dentro del ámbito de las competencias metropolitanas, con el propósito de prevenir los riesgos y amenazas para la convivencia pacífica y que permita el goce efectivo de los derechos de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.

La Ordenanza cuenta con siete capítulos que se refieren al Sistema Metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana, políticas, uso adecuado del espacio público, territorialización de las políticas de seguridad, participación ciudadana y control social, evaluación, resultados y sanciones.

El concejal Bernardo Abad explicó que la multa por portar armas blancas en el espacio público es de la mitad de un salario básico, es decir USD 212,50. Además se le confiscará el arma. En cambio si una persona porta el arma blanca en espacios turísticos, parques metropolitanos y el transporte público será multada con un salario básico, es decir USD 425.

Por su parte, el concejal Eduardo del Pozo explicó que la aprobación de esta Ordenanza se debe a que al menos el 80% de delitos en Quito se cometen con el uso de arma blanca. Por ello esta nueva normativa permitirá intensificar los operativos y decomisar estos objetos.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) será el ente municipal que ejecutará todos los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de las infracciones que se encuentran tipificadas en la normativa legal nacional y metropolitana vigente.

Se entiende por armas blancas todos aquellos elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto con características similares, que puedan ser utilizadas como armas de carácter defensivo u ofensivo para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal.

La ordenanza también contempla que las personas que por su trabajo tengan herramientas cortopunzantes no serán sancionadas. Por ejemplo, un trabajador que pela cocos con un machete. “Es su herramienta de trabajo y no hay sanción”, dijo del Pozo.

Fuente: El Comercio.