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La mayor prevalencia de analfabetismo está entre la población indígena, sobre todo, en las provincias de Chimborazo, Cañar y Cotopaxi.

Mercedes Ll. vende frutas y legumbres en uno de los mercados del norte de Quito. A sus 57 años, y con un poco de vergüenza, reconoce que no sabe leer ni escribir. En una pequeña cartera que lleva a todas partes, Mercedes guarda una almohadilla con tinta para utilizar su huella dactilar como firma en cada trámite que realiza.

Generalmente, debe ir en compañía de uno de sus hijos, quienes son los encargados de leer los documentos y decidir si su madre si debe colocar la huella o no.

Esta mujer confiesa que siempre quiso aprender a leer y a escribir, pero cree el tiempo no le alcanzará para hacerlo.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), recogidas a finales de 2021, revelan que, desde 2018, la tasa de analfabetismo en Ecuador no se ha reducido de manera importante.

Entre 2018 y 2021, el porcentaje de personas que no sabían leer ni escribir pasó del 6,5% a 6%. Esto quiere decir que en el país todavía hay 764.610 analfabetos.

Según el INEC, un analfabeto o analfabeta es una persona mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. O que solo sabe leer o escribir. Este problema se concentra, en gran medida, en las zonas rurales, donde la tasa analfabetismo puede llegar al 11,1%, mientras que en los centros urbanos alcanza el 3,6%.

La información del INEC contrasta con la declaratoria de “país libre de analfabetismo” que hiciera el expresidente Rafael Correa, quien aseguró que entre 2007 y 2009 el analfabetismo había caído del 9,2% al 2,7%.

Las provincias de Chimborazo, Cañar y Cotopaxi son las que presentan los mayores índices de analfabetismo. En Chimborazo, por ejemplo, la cifra es del 11,9%; mientras que en Cañar el indicador es del 11,3%, y en Cotopaxi llega al 10,5%.

Otras provincias que tienen una alta tasa de analfabetismo son Manabí, Imbabura y Bolívar, en las que el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir oscila entre el 9,9% y el 9,3%. En el otro extremo, están El Oro y Pichincha, con el 3,50% de analfabetismo; y Galápagos, con solo el 0,7% de sus habitantes que no sabe leer ni escribir.

La información oficial acerca del número de personas que no saben leer ni escribir confirma un reclamo que las poblaciones indígenas han hecho a lo largo de los años: la falta de acceso a la educación.

Según el INEC, el 16,2% de indígenas son analfabetos, lo que los convierte en el grupo poblacional con mayor número de personas que convive con esta desventaja. El líder Delfín Tenesaca dice que no es extraño que la mayor cantidad de analfabetos sea parte de la comunidad indígena.

"Históricamente, los indígenas han sido relegados en todos los aspectos de la sociedad y la educación no es la excepción", comenta Tenesaca.

Lo que ahora le preocupa es que esa cifra se incremente en los próximos años, producto de la crisis del Covid-19, pues "muchos niños han dejado de ir a la escuela para dedicarse a trabajar".

Tenesaca pide que el Gobierno implemente estrategias que promuevan el ingreso de los niños a las escuelas para evitar que el analfabetismo se incremente. Pero según el INEC, el analfabetismo no afecta solamente a la población indígena.

Los montubios tienen el 15,2% de analfabetos y los afroecuatorianos, el 6,8%. En menores porcentajes aparecen las personas que se consideran blancas, con el 5%, y los mestizos, que tienen la menor incidencia, con el 4,5%.

Fuente: Primicias.

La tarifa nacional promedio del servicio eléctrico se mantendrá en 9,2 centavos por cada kilovatio-hora durante este año, informó este miércoles 11 de mayo la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

La decisión se tomó luego de que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) efectuara los estudios técnicos-económicos, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas.

La resolución Arcernnr-009/2022, que mantiene la misma tarifa desde el año 2020, se publicó el 14 de abril para más de 5 505 033 usuarios del servicio energético, explicó la CNEL EP en un comunicado.

Asimismo, notificó que el Directorio también aprobó el Pliego Tarifario para el Servicio de Carga de Energía para vehículos eléctricos. Esto, en función de la política gubernamental del Decreto Ejecutivo 238 que establece fomentar un modelo de desarrollo del sector eléctrico con la participación de las empresas públicas, de capital mixto y privado. 

Con esta planificación, los proveedores del servicio de carga conocerán los valores máximos que podrán cobrar al usuario. 

El pliego tarifario se elabora bajo criterios técnicos relacionados con los costos de generación, transmisión, distribución, así como de alumbrado público. Además, contempla la variación estacional, con el objetivo de evitar distorsiones en la facturación.

Fuente: El Comercio.

Una funda que contenía un total de USD 800 000 fue abandonada en el barrio La Vicentina, centro de Quito, la tarde del martes 10 de mayo del 2022.

El hecho fue alertado a la Policía por una integrante de la comitiva barrial, luego de que uno de los habitantes del sector le dijera que una bolsa con billetes de USD 100 había sido arrojada desde una motocicleta en la que se movilizaban dos personas.

Tras llegar al lugar, la Policía se percató de que se trataba de billetes, presuntamente falsos, que serían utilizados para cometer alguna estafa.

Las autoridades informaron que no hay personas detenidas en este caso, pero que han dado inicio a las investigaciones.

Fuente: El Comercio.

En la comunicación que los familiares de los detenidos mantienen con sus parientes, cada vez que pueden, se revelan cada día más problemas en la infraestructura penitenciaria.

A través de mensajes de WhatsApp se escuchan, por ejemplo, que los Privados de su Libertad (PPL) están incómodos porque en las celdas hay hasta nueve. Esta realidad no es nueva en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, cuyas celdas fueron diseñadas para acoger a máximo seis personas.

Pese a que las autoridades penitenciarias dicen que se han hecho esfuerzos para llegar a la capacidad efectiva, también reconocen que la sobrepoblación aumentó por los recientes traslados desde las cárceles La Roca de Guayaquil y Turi de Cuenca. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), el penal de la provincia tsáchila registró un hacinamiento del 76%, hasta el 29 de abril.

Desde esa fecha, ya se daban señales del desbordamiento poblacional carcelario, el cual fue motivo de queja por parte del Snai. Con un oficio, la entidad alertó que los cambios de detenidos desde otras cárceles hacia la prisión de la provincia Tsáchila complican la administración interna.

En la data de abril constaban 1 600 PPL en este presidio y se llegó a 1 700 antes de la revuelta del pasado lunes 9 de mayo de 2022. Hasta el miercoles 11 de mayo de 2022, 81 detenidos, entre esos cinco cabecillas y 76 que estaban en mediana seguridad fueron removidos de este centro carcelario. Aun así, el exceso de personas sigue siendo alto si se tiene en cuenta que la capacidad de la cárcel es para 914 reos; es decir, que hay 705 PPL de más.

El director del Snai, Pablo Ramírez, dijo que uno de los problemas recientes es que las decisiones judiciales, respecto a traslados, no han sido las adecuadas. Los criterios para tomar esas medidas han incidido en el aumento del hacinamiento en cárceles, como la de la provincia tsáchila.

Demecio Molina, activista por los Derechos Humanos, cuenta que este exceso interfiere en la distribución equitativa de cuestiones esenciales. Él habla de los alimentos y la organización interna para distribuir a los detenidos de acuerdo con los niveles de peligrosidad. Incluso, se presiona a la capacidad de respuesta para atender los amotinamientos y enfrentamientos. El mismo Snai reconoció que había una veintena de agentes penitenciarios en servicio el lunes 9 de mayo de la reyerta. Así, la reacción para controlar la revuelta se vio limitada.  La Corte de Justicia de Santo Domingo emitió un comunicado en el que exhorta al Snai la obligación de proteger a la población carcelaria.

La entidad también alerta que el Comité de Crisis no se ha reunido para tomar acciones frente a los hechos violentos de los últimos días en la cárcel Bellavista. El hacinamiento de la cárcel tsáchila se ubica entre los principales frente a otras del país. Los datos del Snai señalan que el promedio de la sobrepoblación hasta finales de abril era del 14% a escala nacional. Pero en otras 12 cárceles se supera esa media.

El nuevo enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo tuvo una tregua temporal. Militares ingresaron a los pabellones de mediana seguridad y lograron contener los actos violentos,  en horas de la tarde. Los disturbios empezaron cuando los presos de máxima seguridad pasaron al de mediana y agredieron a los detenidos. Hubo agresiones, pero el Snai dijo que se controló un amotinamiento a tiempo. El conato de reyerta se calmó con el traslado de detenidos hacia otros centros carcelarios locales.

Fuente: El Comercio.