El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, dio a conocer que solicitó a dos instituciones públicas investigar el patrimonio de cinco jueces. Los Magistrados en cuestión son señalados por el Gobierno por favorecer a delincuentes.
“El presidente (Guillermo) Lasso ha hecho denuncias públicas de nombres de jueces que están actuando de manera incorrecta. Yo he enviado un pedido de investigación patrimonial de cinco Jueces a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI)”, expresó Ordóñez este miércoles 28 de diciembre de 2022 durante una entrevista en Ecuavisa
El Secretario no dio nombres de los magistrados, pero indicó que la investigación de la situación patrimonial se debe a que al Gobierno le corresponde tener una reacción frente a la actitud de tales Jueces. Ellos buscan “favorecer a la delincuencia” y “crear un ambiente de impunidad”, cuestionó.
El 14 de diciembre, Lasso arremetió contra un juez que otorgó medidas sustitutivas a cinco personas capturadas. Entre ellas se encontraba alias 'Gordo Luis', uno de los presuntos sospechosos del asesinato de Santiago Loza, quien se desempeñaba como director de la cárcel de El Inca.
Lasso le pidió al Presidente del Consejo de la Judicatura que aplique la sanción más ejemplar contra ese juez por estar “de lado de los delincuentes y no del lado de los ciudadanos”.
Además, Ordóñez criticó que el 27 de diciembre se conoció dos recursos de hábeas corpus que obligan a que dos personas privadas de la libertad, “de altísima peligrosidad”, sean trasladadas de La Roca a la cárcel de Santo Domingo. “Vamos a tener que cumplir esa orden judicial, pero inmediatamente vamos a tener que actuar”, refirió. La tarde del 27, el Gobierno aseguró que se pedirá la revocatoria de la orden del juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez.
Ángelo Achile, alias 'Negro Ángelo', y Kevin Manzaba, de la banda de los R7, son los privados de libertad beneficiados por Rodríguez.
Según Ordóñez, se busca “garantizar que en Ecuador no exista impunidad y que los ecuatorianos sepan que lo delincuentes tienen que purgar sus penas donde deben purgarlas, los de alta peligrosidad en cárceles de alta peligrosidad. Por más que Jueces sin vergüenzas pretendan darles impunidad”.
El pedido de investigación patrimonial es parte de lo que se tiene que hacer, así como denunciar a los Jueces ante la opinión pública, no es interferencia en la Función Judicial, es poner en evidencia a Magistrados que atentan contra la estrategia de seguridad, justificó Ordóñez. En ese contexto cuestionó que por una decisión judicial hay “delincuentes” que purgan penas fuera de las cárceles, y ejemplificó el caso del expresidente Jorge Glas.
El Secretario anunció que en enero del 2023 el Gobierno presentará un bloque de reformas legales. Con ellas se pretende que la justicia administre de forma “sensata” las garantías penitenciarias, como la reducción de penas.
La ley es la que actualmente permite otorgar ciertos beneficios a los privados de libertad, los jueces y los delincuentes se aprovechan de estas “ligerezas” de la norma, según el funcionario de Estado. Se necesitan cambios estructurales en el ámbito legal, reconoció.
En cuanto a la cooperación internacional en materia de seguridad, dijo que el presidente de Estados Unidos está informado sobre el plan de seguridad que quiere ejecutar Ecuador. Los equipos técnicos de Ecuador y Estados Unidos serán los que definan los detalles de la cooperación binacional.
El Gobierno todavía no tiene previsto solicitar la cooperación a la Unión Europea, antes espera conocer la postura de Estados Unidos como aval para iniciar acciones con otros países
Mientras tanto, el proceso de adquisición de equipos para la fuerza pública con Israel avanza. En algunos casos ya se están cerrando acuerdos con empresas proveedoras, explicó Ordóñez.
Fuente: El Comercio.
