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EE.UU. y Corea del Sur dispararon este lunes (06.06.2022) ocho misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en Corea) como respuesta a los lanzamientos de misiles que la víspera realizó el país vecino.

Según informaciones del Estado Mayor Conjunto recogidas por la agencia Yonhap, fuerzas militares de ambos países lanzaron los misiles tierra-tierra del Sistema de Misiles Tácticos del Ejercito (ATACMS) durante la madrugada.

Según informaciones del Estado Mayor Conjunto (JCS) recogidas por la agencia Yonhap, fuerzas militares de ambos países lanzaron los misiles tierra-tierra del Sistema de Misiles Tácticos del Ejercito (ATACMS) en un lapso de 10 minutos durante la madrugada.

"El lanzamiento combinado de misiles tierra-tierra entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos sobre los orígenes de provocaciones y sus fuerzas de mando y apoyo", dijo el JCS en un comunicado.

El ejército surcoreano "condena enérgicamente la serie de provocaciones con misiles balísticos del Norte y lo insta seriamente a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones militares en la península y se suman a las preocupaciones de seguridad", añadió.

Seúl, bajo el gobierno del presidente conservador Yoon Suk-yeol desde el pasado 10 de mayo, aboga por endurecer la postura frente a su vecino tras una etapa más conciliadora con su predecesor, y ha dicho que responderán consecuentemente a las acciones norcoreanas de este tipo.

Esta acción coordinada de Seúl y Washington se produce un día después de que Pionyang disparara un número idéntico de misiles balísticos de corto alcance desde varias localizaciones de su territorio, en una aparente muestra de músculo tras unas maniobras navales de los aliados cerca de la península coreana.

Durante aquellos ejercicios se desplegó un portaaviones de propulsión nuclear, algo que no sucedía desde finales de 2017.

Corea del Norte realizó en lo que va de año un número récord de 18 lanzamientos de misiles, el más reciente el de la víspera.

En su test previo a ese, el 25 de mayo, el régimen liderado por Kim Jong-un disparó dos proyectiles de corto alcance y un aparente misil balístico intercontinental (ICBM) tras más de cuatro años.

En aquella ocasión, Corea del Sur y EE.UU. también respondieron con un lanzamiento combinado similar al de hoy, el primero que llevaban a cabo también desde 2017, durante una etapa de especial fricción entre las potencias antes de unos años de distensión.

Pionyang, que solía publicitar en sus medios estatales este tipo de lanzamientos reivindicativos, no se ha pronunciado por el momento sobre sus test más recientes.

Fuente: DW Noticias.

La mayoría de los 160.000 maestros públicos lleva años estancada en el escalafón profesional, pero al actual proceso de ascenso de categoría que desarrolla el Ministerio de Educación apenas se inscribieron 6.212: menos del 4 %.

No es por desinterés. Los colectivos de educadores reclaman un proceso más fluido de recategorización y de mejoramiento salarial. Y exigen la aplicación de una reciente reforma legal -aprobada por la Asamblea y vetada por el Ejecutivo-, que equipara sus sueldos con los de los servidores públicos.

Incluso uno de los gremios declaró una huelga de hambre, que solo concluyó cuando la Corte Constitucional falló a favor de su pedido el 20 de mayo.

Sin embargo, diversos factores dejan fuera del ascenso a la gran mayoría de profesores.

Según la normativa, los maestros deben cumplir cuatro requisitos: tener título de tercer nivel, haber permanecido cuatro años en una categoría; acumulado en ese lapso 330 horas de capacitación, y haber obtenido al menos 700 puntos en la evaluación.

En la práctica, sea por uno o más de esos requerimientos, Educación no esperaba más de 9.000 profesores que cumplieran estos requisitos, según dice a EXPRESO la subsecretaria de Desarrollo    Profesional, María Belén Palacios.

Para empezar, el ascenso es solo para los maestros de nombramiento definitivo. Eso deja fuera a miles de nombramiento provisional o de contrato. Además, la última evaluación general se tomó en 2016 y allí el 52,83% no completó los 700 puntos.  

Otros los pasaron, pero para ascender a categorías superiores como B y A requerían 800 y 900 puntos.

En su momento, los docentes alegaron que la prueba había tomado las mismas preguntas a los profesores de Educación Inicial que a los de Bachillerato; a los de Matemáticas que a los de Lengua; o que incluyó aspectos legales y administrativos propios de directivos. Lo cierto es que ese requisito excluye hasta ahora a más de la mitad.

El otro factor es el de las horas de capacitación.

Los maestros se han quejado de dificultades de acceso a la oferta de Educación, dicen que no hay suficientes cupos ni cursos, que les dejan el trámite inconcluso e, inclusive, que solo admiten a menores de 50 años.

Esto último es negado por Palacios, quien afirma que, al menos en este Gobierno, los cursos de capacitación son abiertos a todos los maestros, sin límite de edad. Y que, aparte de los de Educación, pueden tomar los que dictan las universidades o institutos superiores reconocidos legalmente, siempre que tengan como a mínimo 40 horas. “La idea es que cada maestro vaya construyendo su propio itinerario de capacitación y no sea algo impuesto”.

Sobre el examen, reconoce que algunas de las quejas de los docentes sobre la prueba son fundamentadas y coincide en que la próxima debería considerar todas esas diferencias. Esa es una tarea del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval).

Según la subsecretaria, el próximo examen docente será en el primer semestre de 2023. Así, los maestros ven lejos el ascenso y esperan que antes llegue la equiparación salarial.

Según Educación, hay 160.281 profesores públicos. De ellos, 116.000 con nombramiento definitivo.

Categorías y maestros:

A: 199

B: 1.648

C: 12.508

D: 3.657

E: 10.617

F: 5.950

G: 118.492

I y J: 7.210

Fuente: Expreso.

Armada de valor y coraje, una joven de 21 años escapó de la casa de su madrastra en la que permaneció por casi una década en cautiverio, dentro de una habitación donde fue violada y torturada física y psicológicamente.

Para huir de ese ‘infierno’, Camila logró reunir $ 1,50 y tomó en brazos al niño que engendró producto de los ultrajes sexuales a los que fue sometida por el hermano de quien fue su profesora.

Su pesadilla comenzó a los 12 años. La difícil situación económica obligó a sus padres a emigrar a Estados Unidos, dejándola a ella al cuidado de su maestra escolar. Esta mujer se habría ganado la confianza del padre de la chica y él convenció a su esposa que la mejor opción era dejar a Camila y a sus otros dos hijos, de 6 y 8 años, en aquel entonces, al cuidado de la persona que los ‘educaba’.

Fue así que la docente acogió en su domicilio, en el cantón La Troncal, provincia de Cañar, a los tres niños, con la promesa de darle protección y amor, mientras sus padres trabajaban lejos. Sin embargo, el peligro estaba latente, porque el supuesto violador vivía también en esas cuatro paredes que fueron testigos de los horrores de los que fueron víctimas los tres hermanos.

El padre de Camila fue una de las víctimas de la COVID-19, falleció hace un año en Estados Unidos. La joven y sus hermanos conocieron su muerte en marzo pasado. Su madre aún vive en aquel país, pero no puede regresar porque tiene una demanda por manutención.

Con su voz entrecortada y llorando, Camila relató el tormento que padeció desde 2012 y cómo logró escapar de “la casa del terror”.

“Ella era mi profesora en la escuela y luego tuvo una relación con mi papá. Mis padres se fueron a vivir a los Estados Unidos y nos dejaron a su cuidado, al principio mi mamá no sabía la relación que ellos tenían. Los primeros meses nos trataban bien, luego comenzaron los maltratos, tanto físicos como psicológicos. Cuando cumplí 12 años me decía que yo nací para ser una mujer de la calle y mis hermanos marihuaneros”, rememora.

Camila hace una pausa, su llanto interrumpe su relato y antes de continuar, seca sus lágrimas con sus manos. “No sé si pueda seguir hablando, me duele recordar todo lo que viví. A veces cierro los ojos y me imagino que otra vez estoy en ese cuarto, encerrada con candado y contando las horas, porque sabía que todos los días a las 03:00 ese hombre entraba para violarme”.

Recuerda que con el pasar de los días los maltratos hacia ella y sus hermanos se hicieron más frecuentes y que como no tenían contacto con sus padres y con ningún familiar, su madrastra aprovechaba para golpearlos.

“No nos alimentaba, no nos dio educación, solo estudié hasta octavo año, tampoco nos compraba ropa a pesar de que mi padre le daba dinero. Ella le decía que estábamos bien, no nos permitió tener comunicación con mi madre. Nos repetía que ella no nos quería. A mis hermanos los hacía dormir en la calle y no les daba de comer. Sabía lo que me hacía su hermano, escuchaba mis gritos, producto de tantos abusos, salí embarazada, tengo un niño de 4 años”.

La chica permanecía encerrada en una habitación con candado. Le abrían la puerta solo para darle la comida”.

Manifiesta que el hermano de su madrastra la amenazaba y le repetía que si intentaba escapar la mataría a ella y a sus hermanos. “Me mantuvo encerrada por años, no me dejaba salir, me dio un teléfono, pero únicamente para contactarme con él, no me permitía tener redes sociales. De tantos golpes que recibí, me lesionó los pulmones y estuve internada en un hospital, ahora me entero de que a mis padres les dijeron que tenía tuberculosis y que por eso me habían hospitalizado”.

El 31 de marzo pasado la joven decidió ponerle fin a su martirio. La mañana de aquel día aprovechó que estaba sola en casa, tomó a su niño y huyo de sus verdugos. “Cada vez que me encontraba una moneda, la ‘tapiñaba’, ya me había dado cuenta de que el candado estaba dañado, por lo que aproveché para escaparme, pero no pude llevarme a mis hermanos. Temo por sus vidas”, cuenta preocupada la joven.

Su abogado Kelvin Ronquillo explica que durante casi 11 años Camila y sus hermanos han vivido maltratos psicológicos y físicos y que por tal motivo la afectada asentó dos denuncias contra sus agresores, una por violación y otra por violencia psicológica.

34 mil dólares es la demanda por alimentación que pesa en contra de la madre de Camila.

“Es terrible lo que esta joven soportó y lo que hizo para escapar, tuvo que aprovechar que su madrastra cambió de candado y que este estaba dañado. Esta señora sabía todo lo que estaba pasando, ella fue autora y cómplice, incluso los torturaba metiéndolos en un tanque con agua, estas personas deben pagar por lo que les hicieron a estos niños”.

César Peña Morán, fiscal Multicompetente del Guayas, explicó que el delito en que incurrió el violador de la joven está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la sanción que podría recibir la persona sería una pena de 19 a 22 años. Sin embargo, existen agravantes que podrían hacer que la pena sea de hasta de 29 años. “En este hecho también hay concurrencia de infracciones, en el caso de la madrastra. La pena para ambos podría ser de hasta 40 años”, informó el funcionario.

Reveló que en este tipo de delitos son más frecuentes en sitios apartados del país y que incluso hay casos en que las víctimas o los padres ven como normal este patrón de acciones. “Lamentablemente en nuestra sociedad hay casos como estos, que parecen que solo ocurrieran en otros países o que fueran sacados de una película. Quizás muchas de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo”, indicó Peña.

Explicó que este tipo de situaciones, cuando una persona es víctima de violencia sexual y convive con el agresor, es conocido como el síndrome de Estocolmo, término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. “Esperemos que no sea el caso de esta chica. Al parecer, ella vivió tantos momentos de dolor y tortura, que por eso tuvo el valor de escapar”, sostuvo.

Fuente: Extra.

La expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tendrá que trabajar en la Comisión de Garantías Constitucionales.

El Pleno de la Asamblea resolvió, este 3 de junio de 2022, asignar a la expresidenta a esta mesa legislativa.

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea no tiene asignación en una comisión. Por esta razón, Saquicela dejó su cargo en esa misma mesa legislativa y será reemplazado por Llori.

La Comisión de Garantías es una de las controladas por la oposición, pues está integrada principalmente por UNES y los ‘rebeldes’ de Pachakutik. Los miembros BAN que pertenecen a Creo abandonaron el salón antes de la votación.

El 2 de junio, un día después de su destitución, Llori asistió al Pleno y ocupó su curul. Pero este 3 de junio, estuvo ausente.

En este primer año de funciones, Llori presentó solo un proyecto de ley más uno en grupo con los jefes de bancada. Es además una de las asambleístas con más ausencias en las votaciones.

Fuente: Primicias.