Willan Polivio Naranjo Torres, alcalde de Salcedo, dejó su cargo en manos de la vicealcaldesa para iniciar una campaña política durante el mes de enero de 2023.
Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) escogieron la noche del jueves a los comunicadores sociales que serán los encargados de moderar los debates que se realizarán como parte de las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023.
Son 17 profesionales los que asumirán la responsabilidad de conducir los 38 debates correspondientes a 17 prefecturas y 21 alcaldías, informó el CNE.
Los perfiles se escogieron a partir de ternas presentadas por el Comité Nacional de Debates, que propuso nombres para cada provincia. Los criterios para seleccionar a los moderadores fueron: paridad de género, título académico validado y obtenido 5 años antes a la fecha de desarrollo del debate; así como experiencia y trayectoria de al menos 4 años de ejercicio profesional en medios de comunicación.
Entre las figuras seleccionadas constan los periodistas Luisa Delgadillo, por Guayas; Andrea Samaniego, por Loja; Hernán Samaniego, por Azuay; y Freddy Paredes, por Pichincha.
Cada comunicador tendrá que entrevistar a los candidatos, además controlarán la gestión de tiempos, el cumplimiento de las reglas acordadas, la apertura y cierre de cada eje temático, la presentación y cierre del debate y la introducción de cada tema.
Los debates de prefecturas están previstos para el 8 de enero, mientras que en el caso de las alcaldías se efectuarán el 14 y 15 del mismo mes.
Fuente: El Universo.
Los carteles en Ecuador se pelean el control de rutas, puertos, cárceles y justicia, asegura Michael Fitzpatrick, embajador de EE. UU.
Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló que se han retirado visas a narcogenerales ecuatorianos y que existe mucha preocupación respecto a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden. El diplomático nunca dio nombres.
Sus declaraciones causaron un remezón en la cúpula policial y derivaron en investigaciones en la Asamblea Nacional y otras instituciones, como la Contraloría General del Estado.
“Con la dignidad de las personas no se juega”, dijo este jueves Zapata en una rueda de prensa, en la que se refirió a los operativos por el feriado de Fin de Año, pero en el que también abordó ese tema.
Según el funcionario, hay un informe de Contraloría del patrimonio de los generales policiales: todos los que están en servicio activo se encuentran sin ningún problema jurídico ni legal, incluyendo uno de los altos oficiales que supuestamente tenía un inconveniente en el monto económico de sus bienes.
Aseguró que el alto mando institucional de la Policía está “más firme” y ha dado extraordinarios resultados estos últimos tres meses.
“Eso de ‘narcogenerales’ no le hace bien a una institución que está poniendo el pecho a las balas...”, respondió a la pregunta de un periodista acerca de una depuración interna en relación con los llamados narcogenerales.
Víctor Araus: El embajador fue engañado, él actuó con base en información falsa que le dieron y su posición no le permite decir ‘me equivoqué’
En el mismo orden de defensa estuvo el comandante de la Policía, Fausto Salinas.
“En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro. Hay oficiales comprometidos con su trabajo, con su esfuerzo”, acotó el jefe policial.
Afirmó que se extremarán más las medidas de confianza con algunos aspectos adicionales en 2023, para que se investigue a los policías que podrían estar involucrados en algún delito.
Pidió a la Asamblea que revise las disposiciones con respecto al régimen disciplinario. Mencionó que Zapata está trabajando en reformas al reglamento de disciplina de la Policía.
Salinas indicó que cualquier policía que viole la ley o que tenga un mal comportamiento tendrá que atenerse a las consecuencias.
Resaltó la labor de sus compañeros, pues mencionó que se han capturado 195 toneladas de droga y 8.853 armas de fuego han sido retiradas a la delincuencia, con 150.000 municiones.
Fuente: El Universo.
Durante este año, la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de la Policía ha sido notificada sobre el hallazgo de cuerpos descuartizados o de piezas anatómicas, una cabeza o una pierna, en algún lugar de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).
Los agentes llegan un registro de al menos 27 personas que durante el 2022 han sido desmembradas o decapitadas solo en Guayaquil y Durán.
Algunas ya fueron identificadas y otras no. Pero la cifra de víctimas sería más alta, pues en esta lista oficial solo se consideran los cuerpos completos o los que ya han sido identificados, porque aún hay piezas que no han logrado etiquetar, por ejemplo, semanas atrás en la cooperativa San Francisco, frente a la Penitenciaría, hallaron una pierna y luego un brazo.
No serían de la misma persona y esas dos víctimas no constan aún en la lista de la Policía porque el resto de los cadáveres aún no aparecen.
El mayor Esteban Balladares, jefe encargado de la Dinased, detalla que de los 27 casos; 13 se dieron en la cárcel de Guayaquil, 8 en el cantón Durán, 3 en Pascuales, 1 en Ceibos (Perimetral), 1 en Esteros (Trinitaria) y otro más en Nueva Prosperina (Monte Sinaí).
A estos casos habría que agregar cuerpos mutilados encontrados en los últimos días, como el caso de la mujer hallada en tres bolsas que fueron esparcidas en la vía Perimetral y que habría sido víctima de femicidio.
El policía señala que a inicios del 2022 hallaron los cuerpos de Durán en el sector del cerro Las Cabras. Los restos estaban ensacados y completos, pese a estar cortados.
Aunque suene tétrico, eso facilita el trabajo de los agentes porque los familiares aportan datos sobre tatuajes o cicatrices que sirven para darle un nombre al cuerpo.
Aunque Balladares prefiere no hablar de la investigación que se lleva en Durán por estas muertes, señala que efectivamente era parte de la guerra entre bandas que se dio en ese cantón del Guayas en los primeros meses del año. Esto incluso llevó a dejar los cuerpos de dos hombres colgados en un puente peatonal de Durán.
Esa práctica ahora se está ejecutando en el noroeste de Guayaquil, donde además de la cifra global de asesinatos que se ha incrementado en un 200 %, se han reportado varios cuerpos y piezas.
En la vía Perimetral, hace casi un mes, hallaron los restos de un hombre que había sido descuartizado en siete partes y los sacos con sus extremidades abandonados cerca del viaducto que lleva a Los Ceibos. La víctima era Joseph Villamar, de 28 años. Sin antecedentes.
Tenía casi una semana desaparecido y fue identificado por un tatuaje.
El 7 de diciembre, los vecinos del sector de Monte Sinaí reportaron el hallazgo de una pierna humana en el conocido “canal de la muerte” que atraviesa la zona. Con el pasar de los días fueron apareciendo el resto de las piezas del hombre que estaba cortado en seis partes. Aún no se conoce quién es.
Cinco días después, en una calle comercial del Pascuales fue abandonado el cuerpo desmembrado de otro hombre. Aunque la Policía sí logró identificar a la víctima y esta no tiene antecedentes, los agentes explican que su familia no aportó con información para la investigación y que el fallecido no tenía un oficio que justifique sus ingresos.
Diez días después, el 20 de diciembre, en el mismo punto de Pascuales, fue abandonada la cabeza de una mujer.
La Policía sospechosa que ambos casos están relacionados porque los dejaron en el mismo lugar, a cinco metros de distancia, y los cortes habrían sido hechos con el mismo instrumento.
La mujer, de tez trigueña y pelo rizado, sigue sin ser identificada.
Pero el 21 de diciembre se dio otro hallazgo macabro. Otra mujer fue hallada en partes en un basurero de la isla Trinitaria, en la vía Primetral. Su cuerpo estaba en dos sacos. La habían cortado en siete partes.
La víctima era Yésica Marcela Calvo Montoya, una ciudadana colombiana que había sido reportada como desparecida el 2 de diciembre en el sector de La Caraguay.
La extranjera, según las investigaciones policiales, trabaja como prestamista aunque su familia dice que ella vendía perfumes a bordo de su moto.
Marcela fue identificada por su madre gracias a un tatuaje que tenía en su brazo.
Balladares cree que los casos de Durán y de Pascuales sí serían un mensaje de una banda a otra, pero el resto de víctimas de Guayaquil, según él, fueron abandonadas en lugares donde había oscuridad y al paso podían lanzar los sacos.
Kléber Carrión, experto en seguridad y exmiembro policial, considera que en los últimos años se ha pedido el valor por la vida humana.
“Antes hasta los sicarios tenían códigos de conducta, pero ahora matan al que es y al que no es y hasta en carniceros se han convertido”, comenta el abogado de profesión.
Analiza que la situación ya sobrepasó el control policial, pues ha escalado mucho más al punto de dejar restos esparcidos por eso insiste en que es importante modificar las leyes y quitar los beneficios penitenciarios que permiten liberar a asesinos y jefes de bandas.
Por eso pone como ejemplo el caso de Junior Roldán, alias ‘JR’, el líder de Los Choneros que hace dos semanas consiguió la prelibertad. Aunque le duró poco porque fue nuevamente capturado por porte de armes.
Fuente: El Comercio.
Alex Emanuel M. C. fue declarado culpable por el asesinato de dos adolescentes. El hecho ocurrió en el sector Guerreros del Fortín, al noroeste de Guayaquil.
Un Tribunal de Garantías Penales acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía dentro del caso y sentenció al acusado a 26 años de cárcel.
Los jueces Juan Carlos Valle, Francisco Flores y Smirnova Calderón impusieron, además, una multa de 400 salarios básicos unificados y un valor como reparación integral, que será detallado en la sentencia escrita.
En audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Christian Farez Falconí, presentó varias pruebas entre ellas el testimonio de un ciudadano que presenció el hecho, además el del agente aprehensor, el investigador y el de los peritos forenses.
El hecho investigado ocurrió el 8 de enero de 2022, mientras las víctimas conversaban en una de las calles del sector Guerreros del Fortín. En ese momento fueron atacados por tres personas que se trasladaba en monto.
Los agresores los arrinconaron y empezaron a agredir física y verbalmente, luego sacaron sus armas y comenzaron a disparar contra los menores.
El ahora sentenciado disparó por varias ocasiones más contra los adolescentes, quienes se encontraban tendidos en el piso. Ocho indicios balísticos fueron encontrados por parte de los agentes de la Policía Judicial, en la escena del crimen.
Los agresores luego de ejecutar el delito se embarcaron en las motos y huyeron. Vecinos del sector llamaron al ECU 911 y solicitaron ayuda para los dos adolescentes.
La Fiscalía procesó este caso de acuerdo al artículo 140, numerales 2 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), delito que es sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
Fuente: El Comercio.
