La Unidad Educativa CERIT cumplió 27 años de vida institucional y está realizando varias actividades para celebrar. Los padres de familia se sienten satisfechos con la educación que reciben sus hijos y destacan el trabajo profesional de los docentes.
El misterio de la desaparición y muerte de la mexicana Debanhi Escobar cumplió el domingo 9 de abril un año sin esclarecerse y es un caso emblemático de la doble crisis de desapariciones y violencia contra las mujeres en México, denunciaron sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa quienes siguen esperando justicia.
Los padres de la joven recordaron, en entrevista con EFE, que el caso tuvo que ser asumido por la Fiscalía General de la República (FGR) ante las fallas y omisiones de las autoridades de Nuevo León, norte de México, en donde se registró el caso.
“Ha sido el caso muy lento, ya es un año, hay muchas cosas que se tienen que resolver”, dijo Escobar, quien junto con esposa aseguró que no descansarán hasta que él o los responsables de la desaparición y feminicidio de su hija paguen por sus delitos.
Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 tras salir de su casa para asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo, conurbado a Monterrey, capital del estado, y 12 días después su cuerpo fue localizado en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, inmueble cercano al sitio en donde fue vista por última ocasión.
Para Mario Escobar el caso de Debanhi se convirtió en emblemático y trascendió fronteras porque evidenció lo que viven en el país cientos de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio cuyos casos tampoco han sido resueltos.
“Más allá del feminicidio fue una situación que está representando a todas las mujeres de Nuevo León, a todas las mujeres del país, a muchas mujeres de todo el mundo”, mencionó.
Además, denunció, las autoridades de Nuevo León intentaron darle “carpetazo” al caso tras afirmar que la joven murió a causa de una contusión profunda de cráneo por lo que la línea más fuerte de investigación apuntaba a que habría caído de forma accidental en la cisterna.
No obstante, Escobar solicitó la exhumación del cuerpo y una segunda autopsia, a cargo de autoridades federales, reveló que falleció de asfixia por sofocación, en su variedad de obstrucción de los orificios respiratorios.
Además, el equipo a cargo del doctor Edmundo Takashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México encontró que habría fallecido entre tres y cinco días antes del hallazgo del cadáver.
“Sentó un precedente a nivel internacional de que se hicieron muchas cosas mal”, comentó Escobar.
Añadió que el caso de su hija destapó “las cosas oscuras” que pasan dentro de la Fiscalía de Nuevo León y que familiares de otras víctimas tenían miedo de decir.
“No estuvimos de acuerdo en ninguna de las periciales que hicieron; cuando ellos en su verdad histórica quisieron verlo como un accidente y nosotros les demostramos que no, que teníamos la razón, que fue un feminicidio, que Debanhi no se cayó sola y que hay mucho detrás de esto”, sostuvo Escobar.
Por su parte, Dolores Bazaldúa comentó que este año tras la desaparición y feminicidio de su hija ha sido difícil sobre todo porque no superan su ausencia.
“Nuestra vida cambió totalmente y ha sido difícil porque hemos tenido también que aprender a vivir sin ella”, compartió.
El Mando Estratégico de Estados Unidos anunció que el martes comienza el 23º ejercicio anual de disuasión nuclear conocido como Global Thunder. El ensayo involucra a los aliados y socios clave de Washington, como Reino Unido.
"El propósito del GT23 es mejorar la preparación nuclear y garantizar una fuerza de disuasión estratégica segura y confiable. Este es un ejercicio anual y no responde a acciones de ninguna nación u otros actores", indicó en un comunicado el Mando Estratégico estadounidense.
En concreto, el Mando afirmó que el ejercicio comprende sectores relacionados con la disuasión estratégica. Así como la defensa antimisiles o el análisis y la selección de objetivos militares.
"Como en años anteriores, Global Thunder 23 incluirá un aumento en los vuelos de aviones bombarderos durante todo el ejercicio", señaló.
El ejercicio anual coincide con la escalada de tensiones con China en la región del océano Pacífico, que se inició con el viaje a la isla de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi en agosto de 2023.
El impasse repuntó en la última semana a raíz de una reunión entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, y el actual presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.
De hecho, el Mando Oriental de Operaciones del Ejército de China informó este mismo lunes que finalizó "con éxito" sus ejercicios militares en torno a Taiwán tras el despliegue de un portaaeronaves en las inmediaciones.
Por su parte, la Marina estadounidense afirmó este lunes que su buque destructor "USS Milius realizó el Derecho Internacional".
Fuente: El Comercio.
Denise Frazier, una joven estadounidense de 19 años, fue detenida luego de supuestamente abusar de un perro y difundirlo a través de redes sociales.
El hecho ocurrió en febrero de 2023 en Mississipi, Estados Unidos. Un hombre que habría visto las imágenes en internet fue quien alertó a las autoridades.
Frazier en su declaratoria confesó que vende contenido sexual a través de Snapchat y que, en una ocasión, entre los pedidos, le llegó una amenaza para tener relaciones sexuales con un perro y grabar el hecho.
En la audiencia desarrollada este jueves 6 de abril, la mujer fue sancionada por el momento con una fianza de USD 25 000 y la prohibición de acercarse a cualquier animal. Las autoridades continúan con las investigaciones finales del caso.
La implicada se encuenta detenida en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Jones en espera a la resolucion.
J.D. Carter, uno de los investigadores del Departamento de Sheriff del lugar señaló que las imágenes y los videos son tan explícitos que los oficiales tienen prohibido verlos.
De ser declarada culpable, la mujer enfrentaría una pena de 10 años de prisión por agresión sexual más 6 meses por el cargo de crueldad animal.
Fuente: El Comercio.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanzó con la aprobación de pruebas de oficio para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. A su vez, dejó sin respuesta a dos escritos remitidos por el mandatario y su abogado.
La resolución se dio este lunes 10 de abril del 2013, a seis días de que culmine el plazo que abrió la mesa para recibir las pruebas de cargo y de descargo, tras la notificación a Lasso y a los proponentes del juicio que se realizó el pasado jueves 6.
De un paquete de 68 pruebas de oficio solicitadas por los integrantes de la Comisión no se acogieron todas: hubo 5 votos a favor y 4 en contra.
Se impuso una mayoría compuesta por tres asambleístas del correísmo, uno del PSC y el independiente Bruno Segovia y dejó fuera todas las pruebas documentales (7) requeridas por la oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión, y algunas requeridas por el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind).
La moción fue presentada por el correísta Roberto Cuero, quien tachó a las pruebas requeridas por Cordero y Villavicencio como “impertinentes” para el juicio político contra Lasso, pues argumentó que no se centraban en el periodo de gestión del actual Gobierno sino a periodos anteriores.
Los asambleístas concordaron en que las pruebas deben centrarse en el dictamen con el que la Corte Constitucional avaló el juicio político contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tanker para el arrendamiento de buques, que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno, y desechó otros cargos por supuesta concusión que también le imputaban.
"Esta decisión de la mayoría le impide al país y a la Comisión de Fiscalización poder acceder a información importantísima de quiénes están detrás de esta mafia intermediaria que controla no solo el comercio de crudo, sino también el transporte de los hidrocarburos en los buques contratados por la empresa pública Flopec", dijo Villavicencio.
La sesión estuvo marcada por interrupciones entre asambleístas del correísmo (Unes) Roberto Cuero y Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), y el presidente de la Comisión, Fernando Vilavicencio (ind.), a quien acusaron de silenciar los micrófonos.
Villavicencio rechazó los señalamientos y reprochó que ninguno de los comisionados acudiera al Palacio Legislativo para conocer las pruebas, sino que optaran por la modalidad virtual, tras el feriado de Semana Santa. Las sesiones presenciales se suspendieron desde el miércoles 5.
El socialcristiano Pablo Muentes intentó que la Comisión revocara las providencias emitidas por Villavicencio para que los proponentes del juicio político singularicen las pruebas e incluso la notificación al Mandatario que se dio el jueves 6.
Sin embargo, Muentes solo logró el apoyo de los asambleístas del correísmo Coms Córdova, Gabriela Molina y Roberto Cuero.
Villavicencio, y los oficialistas Pedro Velasco y Ana Belén Cordero, vicepresidenta, votaron en contra, pues advirtieron que si no lo hacían se podía dilatar o caer el jucio político.
“Si nosotros anulamos la providencia, anulamos la notificación. El remedio resultaría peor que la enfermedad”, enfatizó Bruno Segovia (ind.), quien se abstuvo de votar a favor con el oficialista Marco Troya.
Entretanto, la Comisión dejó sin responder el escrito que el presidente Guillermo Lasso remitió a la mesa el jueves 6 ni el que entregó su abogado, Edgar Neira, este 10 de abril del 2023. Ningún asambleísta planteó una moción en este sentido, aunque señalaron que no se puede limitar su capacidad de fiscalizar.
En esos documentos, Lasso y su abogado pedían certificar si los proponentes “singularizaron las pruebas” conforme al dictamen de la Corte para el juicio político, y que se amplíen los pedidos de información hasta 2018, cuando se firmó el contrato cuestionado de Flopec.
Villavicencio también señaló que no hay voluntad política de la mayoría de la Comisión para insistir a los asambleístas proponentes para que singularicen las pruebas conforme al dictamen de la Corte. Aseguró que esto llevará a un "problema serio" para formular pedidos de comparecencias.
El juicio político contra Lasso es impulsado por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).
Pazmiño aseguró que “no le va a dar el gusto” al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), para que singularicen (o aclaren) las pruebas que serán presentadas para esta causa.
“No tenemos por qué singularizar las pruebas, debemos presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios que existen para enfocar hacia lo que es el peculado, que lo demostraremos en la sustanciación del juicio político”, adujo Pazmiño.
Fuente: El Comercio.
