Acogiendo el dictamen presentado por la Fiscalía General del Estado, la jueza Luz María Ortiz llamó a juicio a ocho policías, entre ellos varios oficiales. La medida obedece a su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Se investiga la irregular adjudicación de un contrato para el mantenimiento de un helicóptero del Servicio Aeropolicial.
Este caso se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía. Inició con una denuncia en la que se señalan presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de una de las aeronaves.
Sobre la base de esa información, se ejecutó un allanamiento que permitió obtener la documentación original del contrato. Con ello se llevaron a cabo las pericias correspondientes para establecer las presuntas responsabilidades.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía señaló que el delito se habría cometido cuando los procesados –miembros de Aeropolicial– direccionaron, supuestamente, la adjudicación de un contrato de mantenimiento para un helicóptero a un proveedor, por un valor de USD 733 000, aproximadamente.
La investigación determinó que en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del mencionado contrato, se cometieron varias irregularidades que no fueron observadas por la comisión técnica.
Entre ellas, que uno de los oferentes no contaba con un RUC adecuado para brindar el servicio solicitad. O que otro tenía un RUC falso, inconsistencias en las firmas del estudio de mercado y en el acta de negociación, entre otras.
Según la Fiscalía, como principales elementos de convicción se presentaron la pericia de contratación pública, en la que se evidencian las inobservancias a la normativa vigente; y las pericias documentológica y grafotécnica.
Además, gran cantidad de documentación relacionada con la ejecución del servicio contratado. Por ejemplo, un acta firmada por el administrador en la que señala que el mantenimiento ya estaba realizado, cuando la aeronave todavía se encontraba fuera del país y no se habían efectuado las pruebas de su correcto funcionamiento.
La Jueza indicó que los elementos presentados hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito imputado. Por lo tanto, llamó a juicio a todos, señalando que para uno de ellos el proceso queda suspendido, ya que se encuentra fuera del país – incumpliendo la medida cautelar dispuesta– y este delito no puede ser juzgado en ausencia.
Fuente: El Comercio.
