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La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas rechazó un recurso de apelación presentado por los hermanos Willian y Roberto Isaías. Este hecho lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, este jueves 2 de junio del 2022. 

Ese recurso de apelación fue presentado para revertir la decisión que la juez Andrea Patiño dictó el pasado 1 de abril. 

Ese día, ella negó una acción de protección a los exdueños del extinto Filanbanco. Esa negativa se emitió durante una audiencia que se desarrolló en la Unidad Judicial de Durán. 

Con esa medida constitucional los hermanos Isaías buscaban “beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo”, señaló la Procuraduría.

Ese decir, los hermanos intentaban proteger sus bienes para impedir que se inscriba cualquier contrato o transferencia de dominio sobre esos inmuebles.

Sin embargo, jueces de la Sala de lo Civil del Guayas analizaron el pedido de los Isaías y durante una audiencia “declararon sin lugar” el pedido de acción de protección. 

“En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, continuará con la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”, indicó la Procuraduría, tras conocer ese fallo judicial. 

En marzo del 2022, ambos presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano por no menos USD 2 000 millones como una medida de indemnización por los bienes incautados en 2008 por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Además, el 11 de mayo del 2022, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Específicamente, todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. La Procuraduría, en cambio, apeló ese fallo, pero aún no hay resolución. 

Fuente: El Comercio.

Un grupo de jubilados patronales de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador exige el pago de sus jubilaciones retrasadas por casi dos años, mientras sus dirigentes mantienen este jueves 2 de junio del 2022 una reunión con funcionarios del Gobierno.

Desde horas de la mañana los jubilados protagonizan un plantón frente al Palacio de Carondelet. “No más prórroga”, exigen al Gobierno en sus consignas.

René Peralta, presidente Nacional de la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Ecuador del Grupo 16, dijoque para que se haga efectivo el pago es necesario que el Presidente de la República “firme la reforma al Decreto Ejecutivo 1057″.

Ese documento fue suscrito por el expresidente Lenín Moreno el 19 de mayo del 2020 y con él se dio paso a la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Sin embargo, “ahí no habla nada en relación a los extrabajadores y jubilados” de esa empresa y por eso es necesario la reforma, sostuvo el dirigente.

Son 21 meses que los jubilados no perciben sus derechos económicos. Señaló que han realizado varias diligencias y no obtienen respuesta favorable de ninguna institución, como el Ministerio de Transporte al que se traspasó la Empresa de Ferrocarriles.

“El Presidente tiene toda la documentación para que pueda conminar al Ministerio de Finanzas y por ende al de Obras Públicas y pueda solucionar este problema”, agregó Peralta. Para él el desembolso es factible porque existen excedentes petroleros.

El exconductor de trenes de la base de Riobamba José Ullauri relató que solo les dan largas a pesar de que existen dos sentencias a favor de los jubilados. El sueldo que se les adeuda por persona bordea los USD 5 500.

Según los dirigentes, son 400 jubilados perjudicados y la deuda pendiente estimada es de USD 2,5 millones. “Hoy queremos definitivamente una solución”, puntualizó Peralta antes de la reunión con los funcionarios del Gobierno.

Una funcionaria les solicitó conformar una delegación de cinco personas para dialogar en la Secretaría de Gobernabilidad. En el encuentro estuvieron el Viceministro de Transporte, delegados de la Presidencia de la República y la liquidadora de la Empresa de Ferrocarriles.

Según el presidente de la Asociación, las autoridades se comprometieron en resolver la situación, para lo cual definieron una próxima reunión para el próximo lunes a las 10:00.

Los jubilados esperan que ese día se dé el aval presupuestario desde Finanzas y Obras Públicas, y determinen la fecha en que se expida la resolución.

“Aspiramos que sean de palabra”, enfatizó el dirigente. Los jubilados advierten que, si no hay solución por escrito el lunes, seguirán con los plantones e incluso una huelga de hambre en la Plaza Grande.

Fuente: El Comercio.

En Quito portar armas blancas se sancionará con una multa económica. Así lo decidió el Concejo Metropolitano en segundo debate este jueves 2 de junio con 17 votos a favor, uno en contra, tres abstenciones y una inasistencia.

En este cuerpo legal se establecen acciones de prevención, atención, protección y sanción dentro del ámbito de las competencias metropolitanas, con el propósito de prevenir los riesgos y amenazas para la convivencia pacífica y que permita el goce efectivo de los derechos de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.

La Ordenanza cuenta con siete capítulos que se refieren al Sistema Metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana, políticas, uso adecuado del espacio público, territorialización de las políticas de seguridad, participación ciudadana y control social, evaluación, resultados y sanciones.

El concejal Bernardo Abad explicó que la multa por portar armas blancas en el espacio público es de la mitad de un salario básico, es decir USD 212,50. Además se le confiscará el arma. En cambio si una persona porta el arma blanca en espacios turísticos, parques metropolitanos y el transporte público será multada con un salario básico, es decir USD 425.

Por su parte, el concejal Eduardo del Pozo explicó que la aprobación de esta Ordenanza se debe a que al menos el 80% de delitos en Quito se cometen con el uso de arma blanca. Por ello esta nueva normativa permitirá intensificar los operativos y decomisar estos objetos.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) será el ente municipal que ejecutará todos los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de las infracciones que se encuentran tipificadas en la normativa legal nacional y metropolitana vigente.

Se entiende por armas blancas todos aquellos elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto con características similares, que puedan ser utilizadas como armas de carácter defensivo u ofensivo para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal.

La ordenanza también contempla que las personas que por su trabajo tengan herramientas cortopunzantes no serán sancionadas. Por ejemplo, un trabajador que pela cocos con un machete. “Es su herramienta de trabajo y no hay sanción”, dijo del Pozo.

Fuente: El Comercio.

Un árbitro de la liga de fútbol amateur en la región chilena costera de Valparaíso fue agredido y apuñalado por un grupo de hinchas, que saltó de las gradas e invadió el campo, causándole heridas leves tanto en la mano como en el tórax, informó este jueves la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA).

Según la ARFA, los hechos ocurrieron durante el encuentro que disputaron Inter Sporting de Quebrada Herrera y Deportivo América de Piguchén en la comuna de Putaendo, cuando aficionados del primero ingresaron a la cancha con armas blancas.

Estos hechos de violencia “atentan contra el verdadero espíritu del fútbol” y “arremeten contra la seguridad de todos los asistentes”, advirtió Rolando Ponce, presidente de la ARFA, organización que agrupa a más de 50 asociaciones deportivas, con un total de 610 clubes, quien pidió un mayor apoyo y protección de la Policía.

El colectivo de árbitros que se desempeña en estos torneos, muy populares en Chile, anunció, por su parte, que renunciarán “a trabajar en el campo de juego mientras las condiciones de seguridad suficientes no existan, esto por miedo a que su integridad física se vea dañada”.

Además, instaron a las fuerzas de Seguridad a que busquen y atrapen a los autores de la agresión, que se dieron a la fuga.

Fuente: El Comercio.