- By MarceloToapanta
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INMOBILIARIA QUIERE VENDER UN BOSQUE PROTEGIDO PARA SU URBANIZACIÓN
La venta del área protegida Santa Catalina, ubicada en la parroquia Uyumbicho del cantón Mejía, despierta preocupación en las autoridades locales, entre los habitantes de la zona y hasta entre funcionarios del Gobierno. Sobre todo porque el bosque consta como área protegida por ordenanza municipal desde 2011.
El Código de Ordenamiento Territorial (Cootad) establece que los municipios determinen el uso del suelo de cada terreno.
Según el alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo, la venta de 216 hectáreas del bosque, impulsada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional (Ayllupura), busca el fraccionamiento del terreno en lotes de hasta 200 metros cuadrados para la construcción de viviendas.
“Los suelos del bosque no son urbanizables ni industriales y no se puede dar su fraccionamiento” agrega. El alcalde se queja de la operación que pretende concretar Inmobiliar, pues “la entidad busca obtener recursos de donde sea. Los USD 1,6 millones que ha puesto como valor del bosque no solucionarán los problemas económicos del Gobierno, y causarán problemas ambientales”, advierte.
Hidalgo refiere que el bosque Santa Catalina es una de las pocas reservas naturales que tienen los cantones Mejía y Quito. Además de ser un corredor verde vital para las zonas de los volcanes Atacazo y Pasochoa.
Roque Sevilla, consejero del Gobierno en temas ambientales, asegura a PRIMICIAS que la venta del bosque no debe concretarse. Sevilla insiste en que el bosque es una fuente de agua y parte del corredor ecológico que se busca construir entre el Parque Metropolitano del Sur de Quito y el Pasochoa.
“Estoy conversando con las autoridades para evitar la venta porque es absolutamente inconveniente para las personas que llegarían a vivir ahí”, comenta Sevilla.
Hidalgo y Sevilla advierten que la construcción de viviendas en el bosque puede ocasionar una tragedia similar a la que se produjo en los barrios de La Gasca y La Comuna en enero de 2022, cuando el desbordamiento de una quebrada arrasó la zona. “No se debe anteponer el dinero al cuidado de la naturaleza”, dice Sevilla. Mientras que Hidalgo adelanta que el Municipio de Mejía expropiará el terreno si la venta se concreta para hacer cumplir la declaratoria de área protegida que tiene el bosque.
PRIMICIAS intentó obtener la versión de Inmobiliar a través de su departamento de Comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
En diciembre de 2020, Inmobiliar lanzó una subasta para la venta de 216 hectáreas del bosque protector Santa Catalina. En ese entonces, la única propuesta presentada fue la de la misma Asociación Ayllupura, que presentó una oferta de USD 1,6 millones. Sin embargo, el 10 de enero de 2022, Inmobiliar declaró la quiebra de la subasta luego de que Ayllupura no consignara el dinero.
El alcalde Roberto Hidalgo recuerda que en ese entonces el municipio pidió a Inmobiliar que frene la venta porque en el cantón hay entre un 40% y 50% de terrenos que pueden ser utilizados para la construcción de viviendas.
Además de los daños ambientales que traería la urbanización del bosque, Hidalgo calcula que el Municipio y el Gobierno deberían invertir unos USD 200 millones para la dotación de servicios básicos, que por obvias razones no existen en el bosque.
Santiago Terán, presidente de la parroquia Uyumbicho, agrega que la construcción de viviendas pondrá en peligro a especies como tigrillos, zorros, cuchuchos y zarigüeyas. “En este sector también hay vestigios del llamado Señorío de Uyumbicho y El camino del Inca que constituyen un patrimonio nacional”, señala.
Cuando Inmobiliar lanzó la subasta para la venta del bosque Santa Catalina, las autoridades del cantón Mejía interpusieron una acción de protección en su contra para echar abajo el proceso. Sin embargo, un juez de primera instancia del cantón Quito negó el recurso y dio paso a la subasta.
En mayo de 2021, el Municipio de Mejía apeló la decisión ante la Corte Provincial de Pichincha, pero hasta el momento no existe un pronunciamiento a pesar de que ha pasado un año. “Seguimos a la espera de la decisión de la Corte, esperando que sea favorable para la protección del bosque”, dice Roberto Hidalgo.
Fuente: Primicias.
