La estrategia del Ejecutivo para blindar los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) le fue útil en 12 artículos.

Una vez que la Corte Constitucional (CC) se ha pronunciado sobre las 17 objeciones por inconstitucionalidad, el Legislativo deberá tomar en cuenta esa decisión para realizar cambios.

Ese organismo le dio la razón en la argumentación sobre temas como la opinión, censura previa, participación accionaria de extranjeros en medios nacionales y la distribución de las frecuencias.

El artículo dos de la Ley aprobada por el Legislativo planteaba eliminar a la opinión como contenido comunicacional. Sobre eso, el dictamen dice que eliminarlo implica “desconocer la aptitud que tiene este discurso para ser transmitido en los distintos medios de comunicación como ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión, comunicación y también como un derecho autónomo”.

Tampoco dio paso a que se incluya la frase “serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la Ley”. Aclara que la opinión no puede generar una responsabilidad ulterior. El mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos no la reconoce como parte de las expresiones que generan esa responsabilidad.

Para Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), este tema era uno de los fundamentales sobre el cual se buscaba un pronunciamiento. Considera que lo aprobado por la Asamblea era una amenaza a esta forma de expresión.

El Legislativo aprobó que la prohibición de censura previa se amplíe a accionistas, socios, anunciantes o cualquier otra persona que revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión en cualquier medio de comunicación.

La Corte Constitucional argumenta que una de las formas en las que se materializa el derecho a la libertad de expresión es en la libertad de prensa y en el que los medios tengan una línea editorial.

En su análisis señala que, en este caso, lo menos grave sería realizar un ejercicio de ponderación. Así se tomaría en cuenta el equilibrio entre el ejercicio periodístico y el de la libertad de expresión. Para eso no es necesario ampliar la prohibición de censura previa porque limitaría de forma indirecta la libertad de expresión. Además, esto iría en detrimento de la libertad de prensa y la línea editorial.

De acuerdo con la Corte, es ambiguo determinar que la responsabilidad ulterior puede dar lugar a acciones civiles “o de cualquier otra índole”. Además, eso se contrapone a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.

Un punto importante es que señala que la rectificación o respuesta en un medio es el mecanismo idóneo para proteger el derecho a la honra y buen nombre.

Pero, si no es suficiente, se puede recurrir a medidas civiles en las que se debe analizar con base en la real malicia y el reporte fiel.

La presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, dice que la Asamblea deberá realizar las enmiendas necesarias, pero adecuándolas a los estándares, principios y consideraciones expuestos por la CC.

La Comisión de Relaciones Internacionales fue la encargada de tramitar el proyecto. Rivas menciona que tiene 15 días para remitir un informe no vinculante al Presidente del Legislativo.

Una vez que el Pleno apruebe los cambios y resuelva la objeción parcial al resto de artículos, la Asamblea Nacional deberá remitir el proyecto de ley reformatorio al Presidente de la República para su sanción.

El oficialista Juan Fernando Flores mencionó ayer que la Asamblea tiene un plazo de 30 días para resolver lo resuelto por la Corte Constitucional y el veto del Ejecutivo al resto de artículos. Añadió que para la tarde de hoy convocará a la Comisión para avocar conocimiento de lo resuelto por la Corte.

La asambleísta Marcela Holguín lamentó el que no se haya incluido la figura del defensor de audiencias y también el cambio para la distribución de las frecuencias.

La distinción entre nacionales y extranjeros residentes para ser parte del paquete accionario de un medio de comunicación tampoco pasó. Los porcentajes para la distribución de las frecuencias se mantendrán.

El órgano de interpretación constitucional señaló que no encontró una argumentación que justifique el establecer el 34% para los medios comunitarios.

Sobre la información falsa, se estableció que prohibirla se fundamenta en una premisa peligrosa porque encierra la noción de que el Estado es el depositario de la verdad.

No habrá defensores de audiencias. Según la sentencia, esto sería una intromisión estatal injustificada en el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y a mantener una línea editorial.

La CC no dio paso a seis objeciones. Entre estas la que excluía a las universidades y escuelas politécnicas de la posibilidad de tener una frecuencia.

Fuente: El Comercio.

Tres jóvenes fueron abandonados semidesnudos por una camioneta sin placas en la vía pública en la ciudadela La Santiago, sur de Quito. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 4 de octubre de 2022.

Según detalla la Policía Nacional, los jóvenes son parte de una misma familia y posiblemente fueron escopolaminados mientras estaban tomando bebidas alcohólicas en un bar de Chillogallo.

Los moradores del lugar encontraron a los jóvenes tirados en el suelo sin sus pertenencias y decidieron ayudarlos prestándoles cobijas para que puedan soportar las bajas temperaturas de la madrugada.

Según un testigo, las tres víctimas estaban tiradas en línea y al ser una vía muy transitada, los habitantes de la ciudadela decidieron apartarlos hasta un costado de la calzada.

Christian Rivera, experto en atención prehospitalaria, asegura que una persona que ha ingerido licor y ha sido escopolaminada puede morir por hipotermia al ser expuesta al ambiente o por broncoaspirar fluidos corporales como el vómito o la saliva.

Los agentes de la Policía que acudieron a la emergencia llevaron a los jóvenes hasta una casa de salud donde fueron dados de alta sin complicaciones.

La Policía Nacional continúa investigando el vehículo para dar con las personas que cometieron el delito.

Fuente: El Comercio.

La madrugada de este miércoles, 5 de octubre de 2022, se registró un sismo en Piura, norte de Perú. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se sintió en varias zonas de Ecuador.

El sismo ocurrió a las 03:26, a 11,82 kilómetros de Sullana, en Piura. El Instituto Geofísico (IG) detalló que el movimiento telúrico no reunió condiciones para generar un tsunami en las costas de Ecuador.

Un primer reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que el sismo fue sentido de forma leve en las provincias de El Oro, Guayas y Cañar. Mientras que de forma moderada fue sentido en Loja, Azuay y Zamora Chinchipe.

El movimiento telúrico fue sentido en 49 cantones de Ecuador. Foto: Twitter Gestión de Riesgos.

En total, fueron 49 los cantones en donde los ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento telúrico. Ciudades como Cuenca, Machala, Loja, Zaruma, Naranjal, Guayaquil entre otras.

A las 05:43 se volvió a registrar un sismo en la misma zona. Esta vez fue la intensidad fue más leve, de 3.7 grados en la escala de Richter.

De este último movimiento, no se ha reportado ninguna novedad en Ecuador.

Fuente: El Comercio.

Tras la masacre registrada la tarde del lunes 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi, varios reos fueron trasladados a otras cárceles de Ecuador.

Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) se conoció que 135 personas privadas de libertad han sido trasladadas entre el 4 y 5 de octubre.

El destino de los reos no se detalló debido a normas de seguridad. El comunicado señala que esta acción se da con la voluntad de los mismos presos.

En el Centro Forense de Ambato comenzó la entrega de los cuerpos a los familiares de los presos asesinados durante el amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi.

Este proceso se inició a las 18:30, luego de más de 12 horas de espera de los allegados a las personas privadas de la libertad (ppl) fallecidos durante el enfrentamiento ocurrido el lunes. 

El 3 y 4 de octubre se registraron hechos violentos al interior de la cárcel de Cotopaxi, producto de los cuales 16 reos murieron y otros 43 resultaron heridos.

El primer hecho violento se produjo minutos después de que concluyera el censo penitenciario en la cárcel de Cotopaxi. Ese proceso arrancó el 22 de agosto de 2022 y se realiza en las 36 cárceles del país.

Entre 2021 y lo que va de 2022, han ocurrido ocho masacres carcelarias. Durante estos hechos de violencia, 379 presos fueron asesinados en Guayaquil, Cuenca, Latacunga y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Fuente: El Comercio.

El Ministerio del Interior a través de un comunicado emitido este martes 4 de octubre de 2022 rechazó la aprobación de la resolución de la Asamblea sobre el incumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Guillermo Lasso.

"La Asamblea Nacional ha dado muestras, nuevamente, de su desconexión completa con el país", comenzó el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Interior a las 22:18.

Esta Cartera de Estado trató de "absurdo" el señalamiento que realizó el Pleno hacia el Gobierno. "Les recordamos a las señoras y señores asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar, dentro del primer año de gestión, el incumplimiento de un plan que está previsto ejecutarse en cuatro años", continuaron.

El comunicado se emite horas después de que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución donde se determina el incumplimiento del Plan de Gobierno de Guillermo Lasso con 103 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, de 124 legisladores presentes este martes 4 de octubre de 2022.

Esta moción fue presentada por la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, del ala radical de Pachakutik, como producto de la revisión del primer Informe a la Nación presentado por Lasso el 24 de mayo pasado.

A pesar que la Asamblea determinó el incumplimiento, el Ministerio del Interior señaló que: "es imposible que el Presidente o su delegado mencione en el Pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el Plan, pero eso no significa que por ello se configure un incumplimiento de funciones".

Esto se refiere a las conclusiones del informe presentado al Pleno, donde el Presidente de la República, en su Informe a la Nación, incluyó el reporte de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el que presentó resultados de 41 metas (31,5%) de las restantes, que son 89 metas (62,5%), no entregó información, indicaron en la Asamblea.

No obstante, el Gobierno se basa en el Art. 130 de la Constitución de la República donde " establece qué el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho Plan si podía justificar la disolución de la Asamblea Nacional".

De acuerdo con lo mencionado, el Art. 148 de la Constitución menciona que: "la Presidenta o el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo".

Finalmente, la Cartera de Estado recalcó que no recomienda al Parlamento continuar con la "impresión" de obstaculizar el Plan de Gobierno. "Aunque un Gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia la ciudadanía no lo hará, cuando le corresponda pronunciarse", finalizaron.

Fuente: El Comercio.

La Fiscalía informó que el hombre fue llamado a juicio como el presunto responsable del femicidio de la menor de cinco años de edad. El hecho ocurrió cuando Anthony Damián cuidaba de la pequeña mientras su madre trabajaba.

Según información compartida por la Fiscalía, desde el 8 de abril de 2022, la niña dejó de asistir a su centro educativo. El motivo aparente era que tanto su padrastro como su mamá querían evitar que las profesoras observaran los moretones que tenía, como consecuencia de la violencia intrafamiliar.

Las agresiones físicas empezaron tan solo días después de que la mamá de la niña y su padrastro, Anthony Damián C., decidieron vivir juntos. El procesado golpeaba constantemente a la infanta en presencia de su madre.

El día de la muerte de la menor, la madre salió a trabajar y la niña quedó al cuidado de su padrastro en la vivienda de la pareja ubicada en el barrio Las Pencas, en Cuenca. Alrededor de las 13:00, Anthony Damián C. la agredió físicamente y la asfixió con sus manos.

Cuando la niña ya había fallecido, la tomó en sus brazos y salió con el pretexto de pedir ayuda a los vecinos. Al ver el estado en que se encontraba, dos jóvenes ayudaron a Anthony Damián C. a llevarla al centro de salud Virgen del Milagro, donde el personal médico le brindó los primeros auxilios y constató que no tenía signos vitales.

Tras la práctica de la autopsia se conoció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación manual, por lo que el padrastro y la madre de la niña fueron detenidos.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que culminó la tarde de este 3 de octubre, la fiscal del caso, María José Flores, presentó dictamen acusatorio en contra de Anthony Damián C., como autor del hecho, y de la mamá de la niña, en calidad de autora por omisión.

El juez Favio Guaraca dictó auto de llamamiento a juicio para Anthony Damián C. y ratificó la orden de prisión preventiva en su contra. Además, dictó sobreseimiento a favor de la madre.

Entre los principales elementos de convicción constan: el informe de la autopsia médico-legal, que determinó –además– la existencia de hematomas en varias partes del cuerpo de la víctima, que fueron ocasionados el día de su muerte y ocho días atrás de esa fecha, lo que evidencia las continuas agresiones físicas en su contra.

Además, Fiscalía cuenta con los informes de la necropsia psicológica y del análisis de contexto de género, pericias de ADN, de perfilación criminal, histopatología y de reconocimiento del lugar de los hechos.

A esto se suman las versiones del procesado, de la madre y del padre de la niña, de familiares, de vecinos, del médico que atendió a la víctima en el centro de salud y del policía que tomó procedimiento.

Fuente: El Comercio.