Patricia Montenegro, concejal alterna de Latacunga, no participará en las elecciones seccionales programadas para el 2023. Además, manifestó la necesidad de mayor presencia femenina en las candidaturas.
Durante este fin de semana, en coordinación con la Comisaría Nacional, la Intendencia General de la Policía desarrolló 302 operativos interinstitucionales en los cantones de Cotopaxi. Además informaron un incremento de libadores en vías públicas.
Casi 24 horas después de que el movimiento Centro Democrático anuncie en un comunicado, que no presentará candidatos a la prefectura del Guayas, este lunes 8 de agosto, su principal líder, Jimmy Jairala, ratificó que retira oficialmente el apoyo a Héctor Vanegas e indicó que "verán en el camino a quien apoyan" durante la campaña.
"Eso está absolutamente decidido ya lo conversamos ayer con Héctor, el sabe las razones, ahora le hemos dado las facilidades para que sí el quiere sea candidato para otra fuerza política".
Acompañado de cerca de un centenar de simpatizantes que se autoproclamaban comerciantes populares, Jairala llegó pasado de las 10:00 para también acompañar a otros candidatos a distintas dignidades a aceptar que también acudieron a aceptar su candidatura como parte del proceso del calendario electoral.
Según Jairala, la decisión fue tomada sin ningún cálculo político porque de acuerdo a sus encuestas, Vanegas estaba primero en la preferencia del voto ciudadano.
"Si hubiera calculo diríamos, no importa hagámonos los locos, no nos interesa lo que digan, ni lo que haya dicho. Él queda con un buen capital de aceptación".
Así también señaló que no existe alianza con Creo para participar en estos comicios seccionales y que una prueba de ello, es que la organización de la lista 21 presentará sus propios cuadros.
"No, no hay ningún respaldo oficial. Creo tiene su propio candidato a prefecto. No hay alianza con Creo, las alianzas ya fueron inscritas, la única alianza que tenemos inscrita para aquí, en Guayaquil es con el partido socialista, incluso ya se acabó el tiempo para inscribir las alianzas".
Fuente: Extra.
El Ministerio de Salud Pública informó que un paciente contagiado de viruela del mono en Ecuador falleció este 8 de agosto de 2022. La Cartera de Estado aclaró que la causa de la muerte fue una enfermedad preexistente. El caso es uno de los 10 que se han reportado hasta el momento en el país con esta enfermedad.
La Cartera de Salud además informó que para llegar a los 10 diagnósticos detectaron tres nuevos casos de viruela símica, tras la vigilancia epidemiológica. Se trata de pacientes que tienen entre 20 y 49 años, que fueron identificados en las provincias de Santa Elena, Los Ríos y Azuay.
Según el Ministerio, los ciudadanos están estables y se encuentran en sus domicilios, bajo vigilancia. En los casos se ha levantado el cerco epidemiológico de los contactos cercanos, señala la Cartera del ramo.
Por medio de un comunicado, el MSP insta a la población a mantener las medidas de bioseguridad como la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Ante la presencia de síntomas se recomienda el uso de mascarilla y acudir al médico o centro de salud más cercano, señalaron.
Fuente: El Comercio.
Una de las prioridades de la actual administración municipal al inicio de gestión era seguridad y salud, dentro del área de Seguridad se ha cumplido a cabalidad, según la municipalidad, producto de lo cual, están implementadas las dos etapas en la instalación de 54 cámaras de video vigilancia en los sectores considerados conflictivos de la ciudad y lo segundo en las rutas de escape de la delincuencia una vez que cometen robos.
La tercera etapa consiste en la instalación de cámaras de video vigilancia en las cabeceras parroquiales, permitiendo tener un control tanto en la parte urbana como rural del cantón, proceso que esperan sea inaugurado máximo los primeros días de noviembre del 2022, con ello estarían cerrando todo el trabajo relacionado a seguridad por parte de la actual administración municipal.
Mediante las tres etapas, aspiran llegar a las 110 cámaras de video vigilancia instaladas dentro del cantón Latacunga, además está la capacitación del personal que es el responsable de la operación de las cámaras.
Los resultados alcanzados con el sistema de video vigilancia, nos mantiene tranquilos dijo Santiago Santacruz, especialista en Segurdad Ciudadana, se han registrados más de 2000 eventos, entre los que consta el control del espacio público, aprehensión de personas dedicadas al robo de carteras, celulares, arranches, recuperación de niños extraviados, el trabajo ha sido ejecutado conjuntamente con la Policía Nacional.
De igual forma están realizando la compra de 70 alarmas comunitarias de última tecnología que serán ubicadas en diferentes barrios del cantón, a ello se suma la compra de baterías para los drones, actualización del software, y la compra del carro comando armado con un dispositivo de dos cámaras de última tecnología, vehículo que tiene un valor aproximado de USD 200 mil.
La administración del Alcalde Cárdenas, en cuatro años de su administración está invirtiendo sobre los USD 3 millones, rubro destinado a tecnología, capacitación, implementación del personal policial municipal, entre otras compras, dijo Santacruz.
Fuente: La Gaceta.
La legisladora Guadalupe Llori, del bloque Pachakutik, presentó una nueva acción de protección en contra del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y los legisladores exintegrantes de la comisión pluripartidista que elaboraron el informe que recomendó su destitución como presidenta del Parlamento.
La acción de protección presentada el 5 de agosto pasado recayó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, cuya jueza es María del Carmen Salazar Monteros. El proceso tiene el número 17981-2022-03091.
Lo que busca Guadalupe Llori con esta acción de protección, según su abogado Julio César Sarango, es recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional debido a una flagrante violación a los derechos humanos y en caso de que la justicia ecuatoriana no actúe, los involucrados deberán responder internacionalmente, advirtió.
Sarango explicó que hubo una violación a los derechos humanos, porque nunca se garantizó el derecho a la defensa y la oportunidad que su cliente contradiga el informe de mayoría de la comisión pluripartidista que fue suscrito por los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Lucía Placencia (ID), Peter Calo (PK-R) y John Vinueza (UE).
Que nunca le dieron el plazo razonable para que Guadalupe Llori pueda ejercer todo el derecho a la defensa, presentar la prueba y hacer los descargos; nunca le dieron el derecho para que realice los alegatos ante el pleno de la legislatura, pues le concedieron una hora, cuando el tema no constaba en el orden del día de la sesión 772 del 31 de mayo pasado, y eso viola el debido proceso contemplado en la norma, aseguró la defensa de Llori.
La Asamblea Nacional, el 31 de mayo, con 81 votos, acogió el informe presentado por la comisión pluripartidista ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori Abarca del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones, luego de la denuncia que presentó el legislador Esteban Torres (PSC).
El abogado de Llori advirtió que si la jueza de la Unidad Judicial de Quitumbe concede la acción de protección, todo el proceso de destitución seguido en contra de su clienta puede llegar a cero y, consecuentemente, recuperar el cargo de presidenta de la Asamblea, y además se tendría que observar la reparación por los daños causados.
En caso de que la unidad judicial no otorgue el pedido solicitado de Guadalupe Llori, el abogado anunció que accionarán ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con el propósito de agotar todas las instancias antes de acudir a los organismos internacionales para medidas de reparación.
El legislador Esteban Torres (PSC), autor de la denuncia contra Llori, comentó que esa acción presentada no prosperaría, porque todo lo que se podría argumentar ya fue decidido por la justicia ordinaria y en todas las instancias; además, es una acción que va en contra de los miembros de una comisión ad hoc que dejó de existir hace meses.
Fuente: El Universo.
En un examen a la concesión de matrices ubicadas en Guayas y Pichincha, la Contraloría encontró que cinco empresas ecuatorianas con inversión mayoritariamente extranjera lograron burlar la Ley Orgánica de Comunicación, que prohíbe concesionar frecuencias a ese tipo de compañías.
La Contraloría también reveló que se concesionaron frecuencias a ocho empresas morosas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la propia Arcotel; que 36 frecuencias se mantienen operativas de manera prorrogada; que una organización religiosa estaría acaparando frecuencias; que varias compañías concesionarias traspasaron acciones sin autorización de la Arcotel; y que una empresa alcanzó una concesión pese a no completar los requisitos a tiempo.
Estas son algunas de las conclusiones del informe de Contraloría, que fue aprobado en junio pasado.
La Contraloría estableció que las empresas nacionales Ecuadorario S. A., Andivisión S. A., Trafalgar del Ecuador S. A., Ayax del Ecuador S. A. y Televisión Independiente Indetel S. A. lograron obtener frecuencias pese a que la mayor parte de su capital pertenece a accionistas extranjeros, domiciliados en Guatemala y Uruguay.
La Ley Orgánica de Comunicación establece que los “medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras”.
Esas empresas operan las emisoras Platinum FM, Tropicálida, Like FM, Alfa Stereo y Galaxia Stereo. Una investigación de Fundamedios ya alertó en septiembre de 2020 de que esas compañías estarían relacionadas con el empresario mexicano Ángel González.
El informe de la Contraloría señala que, al principio del concurso, esas compañías fueron inhabilitadas; pero que, gracias a un análisis jurídico de la directora de Impugnaciones de Arcotel, se echaron abajo esas inhabilidades. El argumento fue que Ecuador posee tratados con Guatemala y Uruguay que estarían por encima de la Constitución y demás normas.
Para la Contraloría, ese razonamiento jurídico violaría la Constitución, que dispone: “La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales”.
La ley ordena que, si una empresa concesionaria desea realizar una transferencia de acciones, debe contar con el permiso de la Arcotel. La Contraloría halló que ocho empresas registraron traspasos de acciones en la Superintendencia de Compañías sin contar con este requisito.
La Contraloría apuntó entre las empresas que incumplieron esta disposición a Radiodifusión América Quito, que pertenecía un exembajador de Ecuador en Panamá, Galo Enríquez Enríquez, quien ocupó ese cargo en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Él traspasó todas las acciones a uno de sus hijos, y el registro en la Superintendencia se formalizó en junio de 2020.
Las otras empresas observadas por esta irregularidad son Radio Activa FM 88 Cía. Ltda., Roadme S. A., Cablemar S. A., Radio La Prensa TV S. A., Radiodifusora Ondacero S. A., Ecuaenlace S. A. y K&P RTV Productions C. A.
El informe de Contraloría sostiene que esto “ocasionó que las empresas se encuentren operando sus frecuencias sin la respectiva regularización”.
La Contraloría descubrió que ocho empresas recibieron concesiones pese a que tenían deudas pendientes tanto con la Arcotel como con el SRI, lo que las inhabilitaba a recibir una concesión. Estas compañías son Radiodifusora Ondacero S. A., Radio Colón C. A., Centro de Educación Popular Cedep, Servicios Proyectos e Instalaciones Electrónicas SPIN S. A., Comercializadora de Medios Gallegos Custode, Ecuaenlace S. A., K&P RTV Productions C. A. y Radio Visión de Quito S. A.
Según el informe, estas ocho compañías presentaron un formulario asegurando que no tenían ninguna inhabilidad para participar en el concurso, afirmación que no fue verificada por los funcionarios de la Arcotel.
La Arcotel descalificó a la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II del concurso puesto que esta ya tenía más de una matriz de radio FM, algo que está prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación. La Contraloría determinó que, pese a que la Agencia había encontrado esta irregularidad, no la había subsanado, manteniendo activas las concesiones a favor de la fundación de manera prorrogada.
El representante legal de la fundación indicó a la Contraloría que había renunciado a una de las frecuencias para quedarse con una sola y poder participar en el concurso, pero que la Arcotel no había actualizado la información.
En el listado de frecuencias que la Arcotel mantiene en su página web, la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II aún consta como concesionaria de dos matrices: una en Quito y otra en Tulcán. Este archivo está actualizado a noviembre del año pasado.
La compañía Radio Centro FM tiene concesionadas una matriz y tres repetidoras, lo que es permitido por la ley. Según la Contraloría, la Arcotel entregó esas concesiones pese a que la empresa incumplió los plazos para entregar unas pólizas que eran parte de los requisitos dentro del concurso.
El informe narra que Radio Centro FM entregó las pólizas a tiempo, pero estas no tenían la cobertura exigida, y fue descalificada. Frente a ello, la empresa renovó las pólizas y las ingresó nuevamente, pero fuera del plazo. También interpuso un recurso extraordinario de revisión ante la Arcotel para que las pólizas fueran aprobadas, y así sucedió. Según la Contraloría, esto representa una irregularidad.
Fuente: El Universo.
