La audiencia de apelación de la sentencia por peculado, que pesa sobre el exvicepresidente Jorge Glas, en el caso Singue, fue diferida por tercera vez. Esta diligencia estaba convocada para este miércoles 11 de mayo de 2022, a las 8:30, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Sin embargo, no se instaló por pedido de tres de los siete sentenciados en esta causa.

En el sistema de la Función Judicial constan las razones del diferimiento. Allí se menciona que el abogado de los tres sentenciados tiene una afectación de salud, que le impide comparecer a la audiencia de apelación.

“Nuestro abogado defensor se encuentra afectado de su salud y debe guardar reposo absoluto, lo cual hace imposible su presencia a la convocada audiencia de apelación, adjunto certificado correspondiente para su verificación”, detalla un escrito, que los tres procesados enviaron al Tribunal de Apelación.

Ademas, los sentenciados indicaron que ese jurista es su único defensor técnico. “Para que no se deje en indefensión en la audiencia se solicita el diferimiento de la misma para una fecha inmediata posterior y así poder ejercer nuestro derecho a la defensa”.

El Tribunal conformado por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho aceptaron el pedido de los tres sentenciados.

“Bajo el entendido de que se trata de una circunstancia médica debidamente justificada y para precautelar el derecho a la defensa se acepta el pedido de diferimiento de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación; misma que será convocada oportunamente acorde con el calendario y disponibilidad de agendamiento que maneja la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional”, detallaron los jueces en su respuesta.

Desde el 2021 se intenta instalar esta audiencia de apelación. Por ejemplo, el primer diferimiento ocurrió el 2 de diciembre de 2021, pues la defensa de Glas presentó un certificado médico. Allí se detallaba que, a causa de una enfermedad, la abogada tenía reposo médico absoluto y no podía hacer ni teletrabajo.

La segunda convocatoria fue el 15 de enero del 2022, pero también se suspendió por pedido de la defensa de uno de los sentenciados. El exministro de Recursos no Renovables Wilson Pástor, quien está implicado en este caso, cambió de abogado. Su nueva defensa pidió tiempo a los jueces para empaparse del caso y del expediente. Por eso, solicitó que se difiera la audiencia para que no se vulnere su derecho a la defensa.  

En esa ocasión, el Tribunal advirtió que esa sería la última vez que admiten un diferimiento. “No existirá otro diferimiento que impida la instalación de la audiencia”, indicó el Juez ponente.  

El 25 de enero del 2021, otro Tribunal decidió que Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y uno más sean sentenciados como coautores del delito de peculado. Los jueces les impusieron ocho años de cárcel. 

Mientras que otros tres implicados en esta causa fueron sentenciados como cómplices y les impusieron una pena de cuatro años de cárcel.

Por eso, los siete sentenciado apelaron ese fallo. Todos buscan que el Tribunal les declare inocentes del delito de peculado y queden sin efecto esas condenas.

Según las investigaciones de Fiscalía, las siete personas participaron de una presunta adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos. La entidad aseguró que esto ocasionó un perjuicio para el Estado.  

Fuente: El Comercio.

El mercado mundial de hidrocarburos está alterado debido al aumento del precio del crudo. Y eso se evidencia en la cotización de derivados de petróleo como el diésel, cuyo costo de importación subió 89% en marzo del presente año respecto a igual mes del 2021.

El precio del barril de este hidrocarburo llegó a USD 148 en marzo pasado, cuando un año atrás se cotizaba en USD 78.

El aumento de precios le afecta a Ecuador, que históricamente importa más combustible del que produce localmente. El primer trimestre del 2022 no fue la excepción, según datos de Petroecuador.

Durante este período, las importaciones de combustibles abastecieron el 60% del mercado ecuatoriano.  La demanda total de derivados en los tres primeros meses del año fue de 22,7 millones de barriles, pero el país solo pudo producir 8,8 millones en sus refinerías.

La limitada capacidad local obligó a importar 13,9 millones de barriles de combustibles entre enero y marzo de este año, básicamente diésel, naftas y gas de uso doméstico. Ese volumen fue 0,7% mayor respecto a igual período del 2021.

El diésel 2 y el diésel premium fueron los derivados que más se importaron en el primer trimestre de este año, con 6,1 millones de barriles. La principal razón es que el país tiene poca capacidad para producir sus propios derivados, señaló Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador (Camddepe).  “Especialmente la refinería de Esmeraldas, que requiere un tren de alta conversión para ser más eficiente”.

Esa limitación ya se conoce desde hace más de dos años, pero aún no se concreta. El Gobierno busca capitales privados para mejorar el desempeño de la refinería Esmeraldas, pero aún no hay avances.

En el precio de los combustibles ha incidido directamente el alza del petróleo, impulsado principalmente por la guerra Rusia – Ucrania, que ha encarecido los hidrocarburos a nivel mundial.

Actualmente, el barril de crudo se comercializa sobre los USD 100. De enero a marzo del año pasado el hidrocarburo tenía un precio promedio de USD 55,59, según datos del Banco Central del Ecuador.

 En los primeros tres meses de este año, el subsidio a los combustibles importados llegó a USD 368 millones. Ese monto representa el 27% de lo presupuestado en la Proforma 2022, que fue inicialmente de 1 328 millones. Todo apunta a que este monto se incrementará, ya que no se prevé que el precio del crudo baje durante este año.

 En este período, Ecuador destinó USD 1 592 millones para la importación de combustibles y solo recibió por su venta USD 1 224 millones; la diferencia es el subsidio que destina el Estado para subvencionar los combustibles.

 El combustible que mayor subsidio tiene es el diésel, cuyo precio está congelado desde octubre del año pasado, cuando se eliminó el sistema de bandas que permitía un ajuste mensual de los derivados. Este producto se comercializa a USD 1,90 por galón, pero realmente cuesta USD 3,69. El subsidio es de USD 1,79.

 También tienen precios subvencionados las gasolinas extra y ecopaís (85 octanos), que se comercializan a USD 2,55 por galón, pero su precio real supera los USD 3,50.

 El único derivado que no tiene subsidio es la gasolina súper, de 92 octanos, que este mes se comercializa en USD 4,66 por galón. Hoy se prevé conocer el nuevo precio de la gasolina súper y que regirá por un mes. Se prevé que baje, pero seguirá sobre los USD 4.

 Para Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, el gasto en los subsidios a los combustibles no permite que el Ecuador se beneficie del alto precio del petróleo e incrementa el déficit fiscal del Ecuador. “Si hay un déficit, el país tiene que endeudarse y hay una serie de consecuencias negativas para el país. La solución sería que se vuelva al sistema de bandas que permitía ajustar el precio de los combustibles”.   Sin embargo, reconoce que políticamente el Gobierno está complicado y no le permitirá volver a este sistema.

Fuente: El Comercio.

Los carros de Medicina Legal tuvieron un fuerte movimiento el fin de semana pasado en Guayaquil. Al menos 10 cadáveres ingresaron a esta dependencia. Los vehículos realizaron levantamientos de cuerpos en el norte, sur y oeste de la ciudad. 

Una de las primeras víctimas fue recogida en la Isla Trinitaria. Policías del sector reportaron el hallazgo del cadáver en la mañana y en el parte señalaron que el cuerpo tenía varios disparos en la cabeza. 

En Esmeraldas, los cuerpos de dos hombres fueron hallados con indicios de proyectiles. Uno de ellos estaba abandonado a pocas cuadras de una Unidad de Policía y de la Gobernación de la Provincia. 

La situación no fue diferente en Manabí. Sicarios a bordo de una moto arremetieron con armas de fuego a cuatro hombres en Portoviejo. La balacera atemorizó a los vecinos de esa ciudad. 

El temor también se apoderó de los moradores de Montecristi. En esa zona aparecieron cuatro hombres calcinados. Junto a los cuerpos se expusieron panfletos con mensajes de una supuesta organización criminal. 

Todos estos hechos de extrema violencia se han repetido en los últimos 11 días, pese a que en las tres provincias rige un estado de excepción ordenado por el presidente Guillermo Lasso.

La medida tenía el objetivo de frenar los crímenes, para lo cual el Gobierno dispuso el traslado de 9 000 policías y militares para custodiar las tres jurisdicciones. 

Sin embargo, nada parece funcionar. Los crímenes siguen en aumento y en Guayas ya superan los 487 en este año. En Manabí se contabilizan más de 131 muertes y en Esmeraldas hay 140.

Según expertos en Defensa y DD.HH., los estados de excepción que se han puesto en marcha en Ecuador no funcionan por cinco errores frecuentes. 

Uno de ellos tiene que ver con la estrategia.  Para el general Wagner Bravo, exjefe militar, es un error haber dispuesto el estado de excepción en las tres provincias. El problema, según él, está distribuido en todo el país.

Al presionar con fuerzas públicas en ciertos lugares, las bandas se trasladan a otros lugares para cometer ilícitos. Un ejemplo de esto es el amotinamiento de la cárcel de Santo Domingo. “Lo que hacen las mafias es generar caos en otras provincias para trasladar el contingente policial y militar a esos sitios y desviar la atención de las provincias vigiladas”.

De allí que el segundo error es la falta de control del sistema penitenciario. Según Bravo, el Estado debe reforzar los controles en las cárceles cuando hay estado de excepción porque las mafias se mueven desde estos lugares. 

Para activistas de Derechos Humanos como Billy Navarrete, las medidas del Gobierno tampoco funcionan porque son solo momentáneas y no abordan problemas de raíz como la falta de educación, salud y fuentes de trabajo en barrios conflictivos. 

En Guayaquil, por ejemplo, las zonas más riesgosas no gozan de Unidades Policiales, escuelas, centros médicos y tampoco cuentan con servicios básicos. 

Para autoridades locales como la Alcaldía de Guayaquil, otro error es la falta de equipos y logística de los cuerpos de seguridad. El traslado de los 9 000 policías a las tres ciudades significa vivienda, comida y transporte. A Guayaquil en tres ocasiones se han desplegado al menos 10 000 policías, pero se los retira al finalizar cada período de emergencia. 

Y por último, la Asociación de Barrios del Ecuador ha señalado que la falta de seguridad en los sectores ocurre por el deterioro de las Unidades de Policías Comunitarias. Cerca de 1 000 UPC están en revisión para su modernización a escala nacional. Los recursos aún no se destinan.

Fuente: El Comercio.

La Ley es clara: nadie debe construir sobre la vereda. Sin embargo, en Quito esa normativa no se respeta. Para comprobarlo, basta con hacer un recorrido por el norte, centro y sur del Distrito.

En la av. De la Prensa y Sabanilla, Cotocollao, la vereda está bloqueada por una casa, cuyos dueños decidieron ampliarla y tomarse parte del espacio público. Allí, la acera oriental tiene cerca de 2,60 m de ancho, pero dos edificios ocupan 1 metro de ese espacio.

Por si fuera poco, la siguiente casa le gana a la vereda 70 centímetros más. Deja libres apenas 90 cm para el paso de la gente.

El problema es que Cotocollao es una zona comercial, por donde caminan cerca de 50 000 personas al día. Solo en esa cuadra hay 44 locales comerciales.

Dos cuadras al norte, la situación se complica más. En la orilla de en frente, una casa ocupa casi todo el espacio. Quedan libres solo los 30 cm donde se levanta un poste. La gente no tiene más opción que bajar y compartir el pavimento con buses, camiones y motos.

En los alrededores de El Ejido, en cambio, las casas tienen tres o cuatro escalones del ingreso principal sobre la acera. En la calle Luis Felipe Borja, esa franja mide menos de 40 centímetros; y en algunos tramos desaparece por completo.

En la calle Carchi, en San Juan, hay casas que utilizan la vereda como acceso. Debido a que este barrio se asienta sobre una montaña, los terrenos tienen grandes pendientes y los dueños de algunas casas optaron por tender un puente entre el filo de la calle y la puerta de acceso, bloqueando la acera. 

Angelita Coronado vive en el sector desde hace 25 años. Dice que su abuelo edificó la casa y que desde el inicio las gradas de acceso principal se levantaron en la orilla. Nunca les han llamado la atención los vecinos ni las autoridades.

En Solanda y El Pintado, sur de Quito, es común ver que las viviendas tienen estacionamientos pequeños, y cuando las personas se compran un auto grande, colocan puertas de garaje de forma rectangular para ganar el espacio.

EnLas Casas, en cambio, un cuartel policial ubicado en la Mariana de Jesús irrespetó la vereda y levantó una garita.

Según la Agencia Metropolitana de Control, AMC, cuando se observa una edificación que ocupa parte del espacio público, se pide a la administración zonal las características y el replanteo de la vía, para determinar la infracción.

Si se constata, se inicia un proceso y el dueño de casa puede presentar documentos de descargo, por ejemplo, demostrar que su casa estaba ahí antes de que se construyera la vía. Caso contrario, la sanción va desde USD 4,25 por m² de construcción. 

En 2021, la entidad registró nueve actuaciones previas por esa falta. Se trata de inspecciones en las que se identifican incumplimientos y se levanta información para luego iniciar con el procedimiento sancionador. En lo que va de este año todavía no hay casos.

Pablo Moreira, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, apunta que, dependiendo de la zona, una vereda puede tener entre 1,20 y 3 metros, pero que lo ideal es que tenga mucho más, como ocurre en otras ciudades del mundo. Con veredas más amplias, dice, la ciudad se vuelve más segura y más vivible. De allí la importancia del control que realiza el Municipio para hacer cumplir la norma.

Para Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción, se debe analizar cada caso. Hay viviendas que solo ocupan la vereda con el cerramiento.

En esos casos, sí se lo debe derrocar, pero cuando en esa zona está la casa, es más complicado porque se vuelve un problema social.

Trae a colación que las casas informales forman el 70%; se construyeron sin ficha técnica, sin parámetros ni normativas. Insiste en que el Cabildo no cuenta con personal para hacer ese control, por lo que debe buscar alianzas con la academia.

Fuente: El Comercio.

La nueva Secretaría de Política Pública Anticorrupción tendrá 10 funcionarios de alto nivel. Este 2022 contará con USD 400 000 de presupuesto y se concentrará en prevención, explica su autoridad, Luis Verdesoto. Tiene 18 facultades, según el decreto de creación.

La última vez que se conformó una Secretaría Anticorrupción fue durante el gobierno de Lenín Moreno: la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción, formada con ayuda de Naciones Unidas.  No obtuvo resultados. Su gestión, además, generó conflicto con la Fiscalía General, que cuestionó su interferencia. 

Verdesoto llega al puesto después de ser consejero del presidente Lasso para la lucha anticorrupción. Dice que logró hacer lineamientos de la política nacional anticorrupción y terminar una estrategia, ahora en manos del Ejecutivo.

Una de las organizaciones crítica con la conformación de este ente es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Su coordinador, Germán Rodas, dice que la nueva entidad no denunciará a su empleador (el Ejecutivo).

Luis Verdesoto, secretario de Política Pública Anticorrupción, comenta que “las anteriores secretarías no encontraron con precisión el nicho en el que debe funcionar un ente anticorrupción, con base en la división de competencias del Estado”. Para prevenir ello, su secretaría trabajará, como primer nicho, aquel “que tiene relación con lo preventivo. Maneja sus acciones en torno a la fijación de los riesgos de actos corrupción que puedan suceder dentro del Estado y su función es evitar que estos ocurran. El segundo nicho está dentro de la función Ejecutiva. Eso sin quitar que las otras funciones del Estado puedan abordarlas desde las propias estrategias que tengan. El tercer nicho es hacer políticas anticorrupción.”

También comenta que la Secretaría no hace investigación de casos, dado que eso es potestad de la Fiscalía. Esto implica que el conocimiento de los procesos vulnerados por la corrupción, o que lo pueden ser, sean rectificados.

En cuanto a los reparos que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción sobre la decisión de que el nuevo ente no investigue al empleador, Verdesoto comentó que “mi especialidad es cumplir con las responsabilidades que tienen que ver con la claridad y absoluta capacidad de entregar todos los elementos que pueda para configurar una investigación”.

Al respecto, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, comentó que “si hay corruptela en el régimen, no pueden ir contra su empleador. La lucha anticorrupción siempre es de la sociedad civil”.

Además, fue tajante al respecto de las intencionalidades de la secretaría, pues no tiene nada que ver con lo que Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, planteó en campaña electoral. “De tal manera que ahí hay una acción que evidencia la ausencia de líneas claras en las tareas anticorrupción. Lo que se le exige al Régimen y a cualquier ciudadano que ejerza la función pública es predicar con el ejemplo”, comenta Rodas. 

Fuente: El Comercio.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dio a conocer nuevos detalles sobre el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa desde Bélgica. 

Este martes 10 de mayo del 2022, él confirmó que el alto Tribunal aún no ha remitido la solicitud jurídica de extradición a la Cancillería de Ecuador. Por lo tanto, ese trámite diplomático con Bélgica aún no inicia. 

Saquicela explicó que es necesario traducir al francés la sentencia y las pruebas que sustentan la condena de ocho años en contra de Correa, por el delito de cohecho en el caso Sobornos.

Esa traducción está en manos de un perito, acreditado por el Consejo de la Judicatura. “Hasta el momento no se ha enviado este expediente a Cancillería porque se deben traducir 3 000 hojas”, indicó Saquicela.

Hace 15 días el perito inició ese trabajo y el plazo para entregar la traducción de la sentencia vencía este 10 de mayo del 2022. Sin embargo, el perito solicitó una prórroga hasta el próximo 26 de mayo. 

El perito habría solicitado un tiempo adicional, porque el texto que debe traducir tiene un lenguaje técnico jurídico. “Se aspira, sin lugar a dudas, hacer un trabajo de traducción correcto”, indicó Saquicela. 

Luego de eso, ese expediente judicial, en idioma francés, será enviado a la Cancillería del Ecuador. Esa entidad será la responsable de realizar el pedido formal de extradición a Bélgica. 

“La responsabilidad de la Corte es cumplir jurídicamente el pedido de extradición, hasta ahí llega nuestro trabajo. Del resto debe encargarse Cancillería”, dijo el titular de la Corte Nacional. 

El 6 de mayo del 2022, el canciller Juan Carlos Holguín también dijo que la Corte Nacional de Justicia “todavía no envíala documentación traducida. Apenas se envié el pedido, nosotros lo trasladaremos”, indicó el funcionario. 

Este proceso arrancó el 22 de abril del 2022 cuando Saquicela firmó la providencia para iniciar el trámite contra el exmandatario.

Holguín también dijo que aún no se confirma si es oficial o no que Bélgica le haya otorgado refugio a Correa, como indicó la defensa del expresidente.

Sin embargo, el 6 de mayo pasado, medios de comunicación europeos indicaron que el Ministerio de Justicia belga dijo que no aceptará ningún pedido de extradición de Ecuador, pues el expresidente ecuatoriano tendría un estatus de refugiado.

El Gobierno de Bélgica habría confirmado al equipo de abogados del expresidente Rafael Correa que su estatus de “refugiado político” le protege frente a una extradición.

El objetivo de Ecuador es que Correa comparezca ante la justicia ecuatoriana. En su contra hay una sentencia ejecutoriada por cohecho y un proceso judicial vigente por el secuestro del activista político Fernando Balda. 

Fuente: El Comercio.