Culturales y sociales

#Opinión | Comeriantes de cárnicos del Mercado Cerrado de Latacunga, aspiran que el servicio que brinde el nuevo centro de faenamiento de Poaló, cubra sus demandas y expectativas ya que el de San Martín no lo hacía.

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El expediente del caso Danubio sigue arrojando detalles de lo que habría sido una operación política para ubicar a Sergio Peña, asambleísta recientemente expulsado de la Revolución Ciudadana (RC), en un cargo directivo en el Servicio Nacional de Aduana (Senae), durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

PRIMICIAS accedió a cientos de mensajes de texto entre los ocho involucrados en el caso por asociación ilícita, en el que está pendiente el juicio que involucra a Peña.

 En el caso Danubio, principalmente, se juzgará el plan que Peña y sus supuestos socios habrían tenido para que lo nombraran como subdirector de operaciones del Senae, a cambio del pago de un soborno de USD 3 millones a María Antonieta R., asesora de Carola Ríos, exdirectora de la entidad.

Pero los chats revelan que esa no era la única opción. De manera paralela, Peña -junto a John Navarrete y Víctor Limones (otros dos involucrados)- habrían tenido en marcha un "Plan B" para que Peña se convierta en director del Senae, para lo que ofrecían al menos USD 35 millones en sobornos.

La operación por la dirección del Senae

Según la versión de María Antonieta R., las gestiones de Peña y José Aucancela, otro de los vinculados, por la subdirección habían empezado en agosto de 2021. Y los chats de Peña con otros involucrados delatan que no era su única alternativa.

El 9 de septiembre de 2021, Peña y Navarrete empezaron a hablar por WhatsApp. Inicialmente, hablaban sobre gestiones aduaneras. "Abrieron el contendor y full mercadería no declarada", reportó Peña en un mensaje a las 11:50, pese a que para esa época no tenía ningún vínculo legal con el Senae.

10 días después, en cambio, hablaban sobre el avance de las gestiones para enrolar a Peña a través de la asesora de Carola Ríos. Sentían que la asesora les estaba dando largas. Pero, a la par, hablaban de presionar por otro frentes, el segundo era "político" a través de delegados de la Presidencia de la República.

Pasaron meses de conversaciones, sobre todo, a través de mensajes de voz. Y en febrero de 2022, a través de un mensaje, Peña deja ver que su hoja de vida ya había sido entregada a quienes se presentaban como "gente dura del Gobierno" de Lasso.

Pero, Peña tenía sus dudas de la veracidad de esas negociaciones. "Yo sí siento que deberías hablar con Juan a calzón quitado porque te están haciendo perder el tiempo. Pilas.", le escribió a Navarrete.

Así, a finales de ese mes, Peña, Navarrete y Marcos Leiva (otro involucrado) viajaron a Quito en un bus interprovincial, para reunirse con un supuesto delegado de la Presidencia de la República en un Hotel de lujo para acordar los detalles de su incorporación. La cita sucedió y fue fotografiada por agentes policiales.

Pero tras esa reunión, la contratación tampoco se concretó. En los mensajes se ve como las charlas estaban estancadas y Peña estaba impaciente. Sin embargo, su nombramiento -que tenía que hacerse a través de un decreto ejecutivo de Lasso- nunca se emitió.

PRIMICIAS contactó a Peña a través de su número celular para consultarle sobre el caso Danubio y su presunta participación. Sin embargo, el legislador respondió que estaba en una reunión y avisaría cuando esté libre para la entrevista. Pero, ese aviso nunca llegó.

 Los millones imaginarios

Durante las conversaciones entre Navarrete y Peña, además, se puede observar que los supuestos emisarios del Gobierno pedían pruebas de que tenían los fondos para pagar los millonarios sobornos que se exigían a cambio de la dirección del Senae.

Pero a Peña se lo notaba cansado. "Otra vez prueba de fondos, se han enviado cuatro pruebas de fondos, cada vez que han pedido, ya no más. Cada vez piden pruebas de fondos y nunca pasa nada", escribió el actual asambleísta el 8 de marzo de 2022 y agregó que los inversionistas estaban cansados.

Así, Peña y sus socios habrían enviado a los supuestos operadores políticos fotos de fajos de dinero y comprobantes de fondos obtenidos en cajeros automáticos, que demostraban su supuesta solvencia.

La exigencia de pruebas mayor llegó el 28 de abril de 2022. Los operadores pedían un cheque certificado por USD 30 millones a nombre de la empresa SMOV Smart Movility y otro por USD 5 millones para una persona identificada como Jaime Ramiro Aguilar Merchán.

Además, la indagación del Ministerio Público reveló que todas las pruebas eran falsas. Las fotos del dinero eran sacadas de noticias de periódicos de incautaciones pasadas y los cheques y comprobantes bancarios también eran montajes.

Detrás de la fabricación de estas pruebas estaba Víctor Limones, quien es el único sentenciado por el caso Danubio. Este personaje aceptó que fabricó estas pruebas y se sometió a un procedimiento abreviado para recibir una pena de un año de cárcel.

Fuente: Primicias

Desde 2019, cuando Ecuador volvió a buscar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo se ha vuelto uno de los principales prestamistas del país.

Pero, además, Ecuador se convirtió en el cuarto país que más dinero le debe al organismo en el mundo, luego de Argentina, Egipto Y Ucrania.

El saldo de la deuda con el FMI asciende a USD 8.705,9 millones con corte a marzo de 2025, sin contar los intereses.

Y ese saldo seguirá creciendo, luego de que el 11 de junio de 2025, el organismo informó que Ecuador solicitó un aumento de USD 1.000 millones al programa de crédito vigente desde mayo de 2024, que era de USD 4.000 millones.

Así, el programa de crédito de Ecuador con el FMI sumaría USD 5.000 millones, si el directorio del FMI aprueba la petición.

Verónica Artola, exgerente del Banco Central (BCE), explica que la petición del Gobierno es adecuada en el contexto actual en el que el Presupuesto del Estado enfrenta dificultades.

Entre ellas están la caída de los precios del petróleo y una menor recaudación de impuestos porque algunas medidas tributarias que adoptó el Gobierno solo regían hasta 2024.

Además, en el primer trimestre de 2025, el Gobierno de Noboa aumentó el gasto público en bonos y subvenciones sociales y no se concretó la concesión del campo petrolero Sacha, dice Artola.

"Era una gran preocupación en los mercados saber cómo se cubriría el financiamiento necesario, por eso, estos USD 1.000 millones adicionales son una buena señal", agrega Artola.

El acuerdo económico que hoy tiene vigente Ecuador es conocido como Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que es de mediano plazo, pues se extiende hasta 2028.

Cuando los países firman este tipo de acuerdos, se comprometen a implementar políticas centradas en reformas que resuelvan las deficiencias institucionales o económicas, además de políticas que mantengan la estabilidad económica, dice el FMI.

Esto, con el fin de que, tras cerrar el programa, el país ya no dependa de este tipo de préstamos del FMI y pueda conseguir recursos del mercado internacional, por ejemplo, con la emisión de bonos.

De ahí que, antes de autorizar cada desembolso, el Fondo revisa periódicamente que el país haya cumplido con los compromisos. 

¿Por qué volvió Ecuador a depender tanto del FMI?

Ecuador y el FMI estuvieron distanciados durante el gobierno de Rafael Correa. En 2007, tras pagar el último saldo de una deuda que mantenía Ecuador con el organismo, el expresidente dijo "no queremos saber más del Fondo Monetario".

Y desde entonces, Ecuador comenzó a depender de préstamos de bancos chinos. 

Pero con la caída de los precios del petróleo, un elevado gasto público y menos disposición de China para seguir desembolsando préstamos, Ecuador tuvo que volver a buscar a los multilaterales.

Con el presidente Lenín Moreno ya distanciado del correísmo, Ecuador volvía a buscar al Fondo luego de 16 años. El último acuerdo había sido uno de tipo Stand By, en 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. 

En 2019, Ecuador recibió USD 1.401 millones del FMI en tres desembolsos, recuerda el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo.

Pero el acuerdo firmado por Moreno tuvo que terminar por anticipado en abril de 2020, porque el FMI encontró inconsistencias en la data proporcionada para el análisis. Y en septiembre de 2020, se firmó un nuevo acuerdo, esta vez por un monto mayor USD 6.500 millones. 

En septiembre de 2021, ya durante el gobierno de Lasso, hubo una renegociación de metas de ese mismo acuerdo.

La deuda con el FMI seguirá creciendo

Los USD 8.705,9 millones de saldo de deuda con el FMI que se reportan hasta marzo de 2025 son recursos por pagar por los acuerdos anteriores al firmado por Noboa, que deben concretarse hasta 2034. 

Del último crédito con el FMI por USD 4.000 millones, firmado en mayo de 2024 por el Gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ya ha recibido USD 1.500 millones.

Y estaría por llegar un tercer desembolso de ese programa, por alrededor de USD 410 millones, debido a que el Fondo ya informó el 11 de junio de 2025, que el Gobierno de Noboa aprobó la revisión de metas que hizo el organismo entre mayo y la primera semana de junio de 2025.

Según el acuerdo, en los primeros cuatro años, el Gobierno no tendrá que pagar el capital de la deuda de USD 4.000 millones, sino solo los intereses.

Esto significa que a partir de 2028 —a un año de que termine el período de Noboa— se deberá comenzar a pagar el capital. El crédito tiene un plazo de pago de 10 años; es decir, esa deuda se terminaría de pagar en 2038.

Si el directorio del FMI aprueba el aumento de USD 1.000 millones más al actual programa, este multilateral podría convertirse en el mayor prestamista del país.

Con datos hasta marzo de 2025, el mayor prestamista de Ecuador es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que Ecuador le debe USD 8.965 millones.

No obstante, por ahora la deuda con el BID es de más largo plazo, pues las cuotas (amortizaciones) se extienden hasta 2050.

Ecuador promete al FMI reformas decisivas

Según el comunicado del 11 de junio del FMI, Ecuador cumplió "con amplio margen" las metas cuantitativas del acuerdo con corte a diciembre de 2024; es decir, aquellas que tienen que ver con cifras como monto de reservas internacionales y reducción de atrasos en el Presupuesto. 

Además, el multilateral destacó que los datos preliminares sugieren que las metas cuantitativas para finales de abril de 2025 también podrían cumplirse.

De ahí que Santiago Mosquera, director del Departamento de Investigación Económica de la firma Analytica, explica Ecuador no necesitaría importantes ajustes en las metas numéricas para acceder a estos USD 1.000 millones adicionales.

Sin embargo, Mosquera considera que lo más probable es que el acuerdo contemple nuevos compromisos más estructurales. 

Mosquera explica que el mismo FMI ya adelantó que las autoridades ecuatorianas reafirmaron su compromiso de implementar una ambiciosa agenda de reformas para abordar las perturbaciones externas, fortalecer aún más la sostenibilidad fiscal (reducción del déficit de recursos en el Presupuesto del Estado) e impulsar la inversión privada y un crecimiento generador de empleo.

Y esas medidas podrían ser, por ejemplo, una nueva focalización a los subsidios a los combustibles, como el diésel, en donde todavía hay espacio y cambios para mejorar las condiciones para que el mercado de bonos domésticos sea una real fuente de financiamiento del Gobierno, añade Mosquera.

Además de otras medidas más complejas, por su costo político, como una reforma a la seguridad social y una reforma laboral para reducir los costos de contratación y despido, añade Mosquera.

Fuente: Primicias

Las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Durán y Manta se han convertido en los principales focos de violencia contra figuras políticas y funcionarios estatales en Ecuador, según datos de la organización internacional Acled (Armed Conflict Location & Event Data), que desde 2018 lleva un conteo de ataques, atentados con explosivos o secuestros contra estos actores. 

Entre 2022 y mayo de 2025 -cuando este tipo de violencia se disparó en Ecuador-, estos cuatro cantones lideraron el número de ataques reportados, con entre 23 y 35 eventos por ciudad, en un fenómeno ligado al avance del crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas.

La base de datos, sustentada en reportes de prensa y fuentes locales, identifica a Guayaquil como la ciudad con más incidentes (35 eventos) y con más fatalidades asociadas a estos hechos: 28 personas murieron en ataques dirigidos contra actores políticos o funcionarios públicos desde 2022.

Los Lobos se enfrentan hasta con 10 bandas rivales en un Ecuador que suma 37 grupos criminales

Esmeraldas y Durán le siguen de cerca, aunque el caso de Manta llama la atención. Con un número menor de incidentes (23), la ciudad manabita acumuló 25 víctimas mortales en los últimos tres años -es el segundo cantón con más fatalidades de este tipo-, lo que evidencia una letalidad más alta por evento.

“El ataque es el evento más común cuando se trata de violencia política. Normalmente nos referimos a ataques armados, aunque no necesariamente se produzcan víctimas, pues hay eventos que terminan sin fatalidades”, explicó Tiziano Breda, analista de Acled para América Latina y el Caribe.

La base de datos del organismo con sede principal en Estados Unidos registra entre los eventos explosiones, secuestros, atentados con granadas, choques armados y demostraciones de violencia.

Y se incorporan con la atribución de la fuente cuando son dirigidos a políticos, a candidatos y excandidatos (o sus familias), a funcionarios o exfuncionarios públicos, miembros del sistema judicial, personal penitenciario o de agencias de tránsito, explicó el experto.

 Zonas rojas de la violencia política

Durán, cantón de Guayas, vecino a Guayaquil, es uno de los más afectados por la violencia contra figuras políticas.

Tras el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, el 15 de mayo de 2023 en el que murieron tres personas, el cantón ha sido escenario de una serie de crímenes selectivos contra un director municipal, un concejal, un fiscal y el esposo de la exalcaldesa Alexandra Arce, en diciembre de 2024.

También se cuentan eventos como el secuestro de la exalcaldesa Mariana Mendieta. Y en el más reciente caso en Durán, Jessika Solís, la vicealcaldesa del cantón, renunció al cargo tras un ataque con explosivos contra una unidad educativa de propiedad de su familia. 

El alcalde de Durán cumple 10 meses despachando desde Estados Unidos en medio de señalamientos sobre presunto abandono del cargo y pedidos de destitución.

“Los ataques contra funcionarios locales a menudo forman parte de guerras territoriales (del crimen organizado) y de esfuerzos por mantener el control sobre las instituciones estatales”, reseña un informe anual global sobre la violencia contra funcionarios públicos (una subcategoría de la violencia política), publicado el pasado 30 de mayo por la Acled.

Los funcionarios pueden llegar a ser objeto de represalias por incumplir acuerdos o por favorecer los intereses de otros grupos, como ha quedado patente en casos de Ecuador, agrega el informe.

Por ejemplo, los alcaldes de Portovelo (El Oro) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay), dos zonas importantes para la extracción de oro, fueron asesinados en abril de 2024 por “aparentemente interferir en las actividades mineras ilegales de los grupos criminales”.

 Agentes de tránsito, claves para el narco

En el mismo sentido, al asesinato del alcalde de Manta (Manabí), Agustín Intriago, el 5 de julio de 2023, en un hecho luego vinculado con el crimen organizado, también detonó una serie de ataques contra funcionarios públicos.  Tanto en Manta como en Durán los agentes de tránsito se han contado entre los funcionarios públicos asesinados.

En mayo de 2024, la oficina de la agencia de tránsito de Manta resultó incendiada como parte de una disputa entre Los Choneros y Los Lobos, por ejemplo.

“La colusión con los funcionarios municipales de tránsito es clave para el crimen organizado a fin de generar ingresos y obtener información relevante para sus operaciones, como qué carreteras deben tomar para evitar los controles policiales o militares”, refiere Breda, sociólogo con estudios en resolución de conflictos.

Los datos sobre Ecuador

Entre 2018 y 2021 -cuando Acled comenzó a cubrir Ecuador- se registraron solo 30 hechos de violencia contra políticos y funcionarios, con cinco personas muertas. Mientras que en un periodo similar, desde 2022, el país suma 351 incidencias y 240 muertes.

El pico más alto se registró en 2023, año en que se registraron 147 eventos violentos. La cifra bajó ligeramente a 130 en 2024, pero sigue muy por encima de los niveles previos a la crisis de seguridad que vive el país.

Hasta mayo de 2025, ya se han documentado 40 ataques, lo que podría anticipar otro año crítico para la seguridad de políticos y funcionarios.

Este tipo de violencia se acelera durante las elecciones. Un informe de la Acled publicado el pasado 3 de junio de 2025 revela que durante los dos procesos de elecciones de 2023, murieron 99 personas en incidentes de violencia política, incluido el candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que “ilustra el entrelazamiento de intereses criminales y políticos en el país”.

Mafia, protomafia, cartel, clan, megabanda: el entramado del crimen organizado que opera en Ecuador

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Fuente: Primicias