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Según la ministra de Salud, Ximena Garzón, el jueves 26 de mayo de 2022 se reportó el primer caso sospechoso, no confirmado, de un paciente joven que llegó a Ecuador desde África y que empezó con un cuadro febril y también problemas cutáneos.

No existe una vacuna específica para la viruela del mono.

Inmediatamente, agregó, gracias a la alerta epidemiológica que se había emitido hace más de una semana, se han realizado el confinamiento y los cercos epidemiológicos.

Garzón mencionó que la persona está siendo tratada por un infectólogo para ir monitoreando su estado y ver si realmente se trata de ese caso.

La próxima semana se tendrán los resultados de exámenes que han sido aplicados. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) tomó las muestras del paciente.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud Pública hizo varias recomendaciones ante este virus.

La funcionaria añadió que si una persona llega, por ejemplo de África, donde pudo haber un contagio y si presenta síntomas como fiebre, agrandamiento de los ganglios, vesículas en la piel tipo eruptiva, debe acudir a un médico o al centro de salud más cercano para actuar de forma clínica y epidemiológica.

Expresó que se realiza en las terminales aéreas, la misma vigilancia epidemiológica con todas las enfermedades infecto contagiosas.

En el mismo formulario de ingreso al Ecuador donde se manifiesta que no hay síntomas respiratorios también se reporta de síntomas como fiebre, explicó.

No cree necesario realizar el reforzamiento de algún protocolo en los aeropuertos.

Recomendó a la ciudadanía lavarse las manos frecuentemente y si regresó de algún lugar donde haya casos estar pendiente.

“Está recomendado utilizar vacuna específica para viruela del mono. Nosotros ya hemos hecho acercamientos para comprar dosis para este tipo de casos que no van a hacer usuales, esto no va a ser como la COVID”, dijo, este viernes 27.

El posible caso en Ecuador se ha reportado en la provincia de Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito.

Fuente: El Universo. 

En la esquina de la av. Cevallos y Tomás Sevilla, en el centro de Ambato, y en la plaza Villa María, en el norte de Riobamba, se concentran todos los días decenas de personas en busca de trabajo.

En ambas ciudades, más de 200 desempleados aguardan de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00, que alguien los contrate. La mayoría carga un morral con ropa y una caja con herramientas. Apenas llega alguien o se estaciona un vehículo, corren para ofrecer sus servicios.

En Ambato la competencia es dura. “Es difícil conseguir una chauchita o un empleo permanente”, dice Ramiro Valladares, albañil de 45 años, que llegó a las 06:30 desde Santa Rosa. La semana pasada laboró dos días. Dice que no le pagan USD 25 diarios; le ofrecen la mitad y sin alimentación. “No alcanza para el arriendo y la alimentación de mis tres hijos”.

Valladares es parte del grupo de albañiles, electricistas, empleadas domésticas, gasfiteros, agricultores, modistas, jardineros, enderezadores, mecánicos y otros que no tienen empleo.

Ellos son parte del 6,3% de trabajadores que perdieron el empleo adecuado el primer trimestre de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Y eso que Ambato es la urbe con la tasa más baja de desempleo, superada solo por Guayaquil, que tiene el 4,9%. Mientras que el índice más alto de desocupación está en Quito con 10,8%, Machala con el 7,6% y Cuenca con el 6,6%.

Diego Proaño, catedrático de la Universidad Técnica de Ambato, dice que ese porcentaje se refleja en las personas que buscan empleo en la calle. “Esto ocurre porque el Gobierno no invierte en obra pública. Tampoco generan trabajo los municipios ni las prefecturas, debido a la reducción de presupuesto por la disminución de las asignaciones del Gobierno central”.

Indica que en estas ciudades hay micro, pequeñas y medianas empresas que no generan mayores fuentes de empleo y  la economía local depende del comercio. Proaño explica que 12 500 de los 225 000 habitantes que integran la Población Económicamente Activa (PEA) de Ambato no tienen trabajo y pese a que lo buscan no logran insertarse en el mercado laboral.

Mientras tanto, en la ciudad de Riobamba 7 000 de las 160 000 personas que integran la PEA están desempleadas. Su población productiva está en el sector rural, dedicada a la agricultura y ganadería, negocios, microempresas y trabajo autónomo.

Asegura que los sectores que desvinculan personal son la construcción pública y privada, suministro de agua y electricidad, transporte, comunicaciones, sector público, alojamiento, restaurantes y manufactura.

Eso lo ratifica Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Calzado (Caltu). Indica que hay “preocupación” en el gremio porque tuvieron que despedir, por la falta de ventas, a decenas de obreros que tenían los beneficios de ley. “Vamos a tomar correctivos y a buscar estrategias que nos permitan comercializar nuestro producto para recuperar los puestos de trabajo”.  Dice que espera que con la apertura de las clases en la Costa y con el bajo índice de contagios de covid, el sector recobre dinamismo y pueda recontratar a la mano de obra.

En Chimborazo, el año pasado se registró un empleo adecuado de apenas el 16,1%, según el INEC.

En Riobamba, el barrio Villa María es donde se concentran quienes buscan un empleo. El lugar se encuentra a pocas cuadras del centro de la ciudad. Al inicio de la semana, la concurrencia de desempleados crece, pero disminuye a medida que pasan los días, debido a que algunos regresan a sus hogares y otros consiguen algún empleo ocasional. Esta semana, José Merino no tuvo suerte. El hombre de 48 años llegó desde Penipe. Dice que hace cinco meses no encuentra trabajo estable.

Fuente: El Comercio.

El Gobierno Nacional informó que acatará las decisiones jurisdiccionales de la Corte Constitucional (CC) que el pasado 20 de mayo de 2022 rechazó la objeción total que hizo el presidente Guillermo Lasso a los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El veto firmado por Lasso el pasado 14 de abril planteó una inconstitucionalidad formal, por no considerar las fuentes de financiamiento y un dictamen financiero favorable que permita la equiparación salarial de los docentes del Magisterio nacional. 

Mediante un comunicado, este jueves 26 de mayo, el Ejecutivo señaló que respeta y acata las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, “aún en casos en los cuales discrepa con ellas”. 

Para viabilizar su implementación, el Ministerio de Educación pedirá que se aclaren ciertos puntos de la decisión, y establecer las fuentes de ingreso permanentes para la optimización de recursos.

Por último, el Gobierno afirmó que las mesas de dialogo continuarán para la construcción participativa del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La Corte Constitucional indicó el 20 de mayo que, por un lado, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros; y, por otro, modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %, para equiparar sus remuneraciones con la generalidad de funcionarios públicos.

Fuente: El Comercio.

Unos dibujos con contenido sexual explícito en los cuadernos de un niño de 11 años que cursaba quinto grado en el colegio Manuela Ayala Gaitán, ubicado en Engativá, en el noroccidente de Bogotá, alarmaron a un docente. 

Sabía que eso no era normal, que era un factor de riesgo, así que envió inmediatamente al alumno a la oficina de orientación escolar. Eso ocurrió el día 23 de mayo de 2022.

Luego, en la misma institución, se generó un espacio de confianza en el que el niño pudo contar que había sido abusado sexualmente por otros estudiantes en las instalaciones del colegio y que eso habría ocurrido hace dos meses, en el baño de la institución. 

Allí, sin que nadie pudiera auxiliarlo, hicieron lo que quisieron con su cuerpo. A causa del miedo de contar lo sucedido y las amenazas, se desahogaba pintando la escena en sus cuadernos.

De acuerdo con las directivas del colegio, luego de esta revelación se comunicaron con los acudientes del menor. Dicen que la docente orientadora, así como la profesional del equipo de Prevención de Violencias Basadas en Género (VBG) de RIO-P, les contaron todo lo sucedido. No podían creer tanta maldad.

Debido al impacto por el testimonio del niño se generó un proceso de contención emocional y se priorizó su atención inmediata a través del sistema de salud y el acompañamiento para ayudarle al máximo a disminuir los sentimientos de culpa.

“También se activó el Código Blanco a través del Hospital de Engativá, a donde fue remitido el menor”, dijeron voceros de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Mientras la víctima era evaluada por médicos se reportó el caso a la línea 123 para efectuar el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia. También se remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Salud.

El 25 de mayo, los padres del niño informaron que el estudiante fue dado de alta y que habían ido a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para llevar a cabo exámenes físicos y las respectivas valoraciones que se realizan desde las áreas de trabajo social y psicología.

Sin embargo, otro es el testimonio de la familia del niño abusado. Ellos dicen que las directivas no reaccionaron a tiempo, que esperaron un día para informarles de la situación y que fueron ellos los que llevaron a la víctima a un centro médico para que fuera evaluado por profesionales. 

“El daño que le hicieron a mi niño es incalculable. Tiene afectaciones físicas y psicológicas, lo representó en sus dibujos. Vamos a demandar a la institución porque no actuaron de forma correcta. La SED me hizo una sola llamada y a eso le llaman acompañamiento”, indicó su madre.

Según el testimonio de la mamá del alumno, al menor lo venían amedrentando estudiantes de otros cursos. “Lo que nos ha dicho es que los amenazaban con una navaja. Por eso el niño venía teniendo comportamientos agresivos. Yo había pedido ayuda psicosocial porque él había perdido a su papá hace un año. Él era un niño en seguimiento”.

Agregó que el día en que el menor fue abusado se fue de la casa y eso alertó aún más a la familia. “Yo les dije: algo le está pasando a mi hijo y necesito que me ayuden. Claro, lo habían abusado dos estudiantes y en los pasillos del colegio lo amenazaban”.

En el colegio y entre los estudiantes también hay disgusto. Lo han hecho saber a través de carteleras en las que también han denunciado la presencia de armas, drogas y de más abusos sexuales. “No más, queremos soluciones y respuestas”, dice una de las reclamaciones. Denuncian además que la rectora del plantel no ha dado solución a todas estas problemáticas a pesar de que conoce la situación.

Ayer la familia del menor interpuso la demanda en la Fiscalía General de la Nación y realizó varias entrevistas forenses. “Esta investigación debe develar no solo lo que le pasó a mi hijo, sino todo los que sucede en ese colegio”.

Hay que recordar que la Secretaría de Educación Distrital (SED) habría puesto en conocimiento de las autoridades 163 casos sobre violencia sexual en las instituciones educativas, cometidos por servidores de la entidad. El compromiso del fiscal Francisco Barbosa fue que, tras un mes de recibir este paquete de información, se comenzarían a ver los primeros resultados en las investigaciones, pero aún faltan más avances.

La Fiscalía notificó que, a la fecha, hay un avance en el esclarecimiento del 86,50 % de los casos de violencia sexual en los colegios del Distrito que habían sido puestos en conocimiento por la Alcaldía de Bogotá, y en los cuales la Secretaría de Educación de la ciudad tenía abiertos y en curso procesos disciplinarios.

Sin embargo, de estos solo el 7 % está en etapa de juicio con 12 docentes vinculados; otro 11 %, en investigación con 18 profesores imputados; 14 %, en indagación con órdenes de policía judicial vigentes, y 110 hechos continuarán en proceso disciplinario.

Fuente: El Comercio.