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No existe aún fecha para analizar en Quito el habeas corpus planteado por el exvicepresidente Jorge Glas para lograr salir de la cárcel, pero por sorteo la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Melissa Muñoz, quien remplaza a Soledad Manosalvas, será quien resuelva el pedido que ya fue declarado nulo en la fase de apelación por un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.

El sorteo se realizó en la capital el jueves último, debido a que Glas fue trasladado a la denominada Cárcel 4, la noche del 20 de mayo pasado, luego que de forma unánime los jueces provinciales Silvana Caicedo, Kléber Franco y Juan Camacho determinaron la nulidad de todo lo actuado por el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, ordenando que cumpla con la pena de prisión de seis y ocho años dispuestas en las sentencias condenatorias emitidas en contra del exvicepresidente por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

Junto con la decisión de nulidad la Sala de Apelación dispuso que Glas regrese al Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, y que el habeas corpus que planteaba sea analizado en esa jurisdicción. Pese a la disposición, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) decidió trasladarlo a Quito por razones de la seguridad de Glas, ante incidentes provocados por presos.

El expediente de la causa fue enviado hasta la Unidad de Garantías Penitenciarias de Cotopaxi, pero la jueza de Latacunga Ana Gabriela Sánchez indicó que ya no es competente para resolver el habeas corpus, inadmitió la acción al no encontrarse Jorge Glas privado de la libertad en su jurisdicción y remitió de forma inmediata toda la causa a la Sala de Sorteos de Quito.

Desde la defensa del hombre fuerte de los sectores estratégicos del correísmo se plantearán en el habeas corpus básicamente los mismos argumentos ya expuestos en la audiencia de Manglaralto, es decir, la situación de salud que estaría justificada por el historial clínico y que a Glas hace más de 17 meses ya se le debió haber concedido el beneficio penitenciario de prelibertad.

Glas tiene dos penas en firme por delitos relacionados con actos de corrupción: seis años por una asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Édison Loaiza, defensa de Glas, no descarta solicitar nuevamente la unificación de penas si se vuelve a rechazar el habeas corpus.

Según Loaiza, el que se otorgue la pena única va a generar que la condena de ocho años por cohecho absorba a los seis años del caso por asociación ilícita. En ese punto lo que Glas debería devengar, dice su abogado, son ocho años de cárcel. Con esa realidad y solo en ese momento se solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de penas por méritos que es de hasta el 50 %.

Lo que ha frenado el pedido de unificación de penas es que aún está pendiente de que se resuelva la apelación a la pena de ocho años de prisión que en primera instancia recibió Glas por el delito de peculado, en el caso Singue. Loaiza cree que, en esta instancia, que aún no tiene fecha para la diligencia, el Tribunal de la Corte Nacional declarará inocente a su cliente.

Fuente: El Universo. 

Según la ministra de Salud, Ximena Garzón, el jueves 26 de mayo de 2022 se reportó el primer caso sospechoso, no confirmado, de un paciente joven que llegó a Ecuador desde África y que empezó con un cuadro febril y también problemas cutáneos.

No existe una vacuna específica para la viruela del mono.

Inmediatamente, agregó, gracias a la alerta epidemiológica que se había emitido hace más de una semana, se han realizado el confinamiento y los cercos epidemiológicos.

Garzón mencionó que la persona está siendo tratada por un infectólogo para ir monitoreando su estado y ver si realmente se trata de ese caso.

La próxima semana se tendrán los resultados de exámenes que han sido aplicados. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) tomó las muestras del paciente.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud Pública hizo varias recomendaciones ante este virus.

La funcionaria añadió que si una persona llega, por ejemplo de África, donde pudo haber un contagio y si presenta síntomas como fiebre, agrandamiento de los ganglios, vesículas en la piel tipo eruptiva, debe acudir a un médico o al centro de salud más cercano para actuar de forma clínica y epidemiológica.

Expresó que se realiza en las terminales aéreas, la misma vigilancia epidemiológica con todas las enfermedades infecto contagiosas.

En el mismo formulario de ingreso al Ecuador donde se manifiesta que no hay síntomas respiratorios también se reporta de síntomas como fiebre, explicó.

No cree necesario realizar el reforzamiento de algún protocolo en los aeropuertos.

Recomendó a la ciudadanía lavarse las manos frecuentemente y si regresó de algún lugar donde haya casos estar pendiente.

“Está recomendado utilizar vacuna específica para viruela del mono. Nosotros ya hemos hecho acercamientos para comprar dosis para este tipo de casos que no van a hacer usuales, esto no va a ser como la COVID”, dijo, este viernes 27.

El posible caso en Ecuador se ha reportado en la provincia de Pichincha, específicamente en la ciudad de Quito.

Fuente: El Universo. 

En la esquina de la av. Cevallos y Tomás Sevilla, en el centro de Ambato, y en la plaza Villa María, en el norte de Riobamba, se concentran todos los días decenas de personas en busca de trabajo.

En ambas ciudades, más de 200 desempleados aguardan de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00, que alguien los contrate. La mayoría carga un morral con ropa y una caja con herramientas. Apenas llega alguien o se estaciona un vehículo, corren para ofrecer sus servicios.

En Ambato la competencia es dura. “Es difícil conseguir una chauchita o un empleo permanente”, dice Ramiro Valladares, albañil de 45 años, que llegó a las 06:30 desde Santa Rosa. La semana pasada laboró dos días. Dice que no le pagan USD 25 diarios; le ofrecen la mitad y sin alimentación. “No alcanza para el arriendo y la alimentación de mis tres hijos”.

Valladares es parte del grupo de albañiles, electricistas, empleadas domésticas, gasfiteros, agricultores, modistas, jardineros, enderezadores, mecánicos y otros que no tienen empleo.

Ellos son parte del 6,3% de trabajadores que perdieron el empleo adecuado el primer trimestre de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Y eso que Ambato es la urbe con la tasa más baja de desempleo, superada solo por Guayaquil, que tiene el 4,9%. Mientras que el índice más alto de desocupación está en Quito con 10,8%, Machala con el 7,6% y Cuenca con el 6,6%.

Diego Proaño, catedrático de la Universidad Técnica de Ambato, dice que ese porcentaje se refleja en las personas que buscan empleo en la calle. “Esto ocurre porque el Gobierno no invierte en obra pública. Tampoco generan trabajo los municipios ni las prefecturas, debido a la reducción de presupuesto por la disminución de las asignaciones del Gobierno central”.

Indica que en estas ciudades hay micro, pequeñas y medianas empresas que no generan mayores fuentes de empleo y  la economía local depende del comercio. Proaño explica que 12 500 de los 225 000 habitantes que integran la Población Económicamente Activa (PEA) de Ambato no tienen trabajo y pese a que lo buscan no logran insertarse en el mercado laboral.

Mientras tanto, en la ciudad de Riobamba 7 000 de las 160 000 personas que integran la PEA están desempleadas. Su población productiva está en el sector rural, dedicada a la agricultura y ganadería, negocios, microempresas y trabajo autónomo.

Asegura que los sectores que desvinculan personal son la construcción pública y privada, suministro de agua y electricidad, transporte, comunicaciones, sector público, alojamiento, restaurantes y manufactura.

Eso lo ratifica Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de Calzado (Caltu). Indica que hay “preocupación” en el gremio porque tuvieron que despedir, por la falta de ventas, a decenas de obreros que tenían los beneficios de ley. “Vamos a tomar correctivos y a buscar estrategias que nos permitan comercializar nuestro producto para recuperar los puestos de trabajo”.  Dice que espera que con la apertura de las clases en la Costa y con el bajo índice de contagios de covid, el sector recobre dinamismo y pueda recontratar a la mano de obra.

En Chimborazo, el año pasado se registró un empleo adecuado de apenas el 16,1%, según el INEC.

En Riobamba, el barrio Villa María es donde se concentran quienes buscan un empleo. El lugar se encuentra a pocas cuadras del centro de la ciudad. Al inicio de la semana, la concurrencia de desempleados crece, pero disminuye a medida que pasan los días, debido a que algunos regresan a sus hogares y otros consiguen algún empleo ocasional. Esta semana, José Merino no tuvo suerte. El hombre de 48 años llegó desde Penipe. Dice que hace cinco meses no encuentra trabajo estable.

Fuente: El Comercio.

El Gobierno Nacional informó que acatará las decisiones jurisdiccionales de la Corte Constitucional (CC) que el pasado 20 de mayo de 2022 rechazó la objeción total que hizo el presidente Guillermo Lasso a los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El veto firmado por Lasso el pasado 14 de abril planteó una inconstitucionalidad formal, por no considerar las fuentes de financiamiento y un dictamen financiero favorable que permita la equiparación salarial de los docentes del Magisterio nacional. 

Mediante un comunicado, este jueves 26 de mayo, el Ejecutivo señaló que respeta y acata las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, “aún en casos en los cuales discrepa con ellas”. 

Para viabilizar su implementación, el Ministerio de Educación pedirá que se aclaren ciertos puntos de la decisión, y establecer las fuentes de ingreso permanentes para la optimización de recursos.

Por último, el Gobierno afirmó que las mesas de dialogo continuarán para la construcción participativa del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La Corte Constitucional indicó el 20 de mayo que, por un lado, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros; y, por otro, modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales a los maestros, reduciéndolas aproximadamente en un 75 %, para equiparar sus remuneraciones con la generalidad de funcionarios públicos.

Fuente: El Comercio.