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El Ministerio de Salud Pública de la provincia argentina de Tucumán ha anunciado el miércoles 31 de agosto la muerte de una segunda persona infectada por un virus hasta el momento desconocido que le provocó una neumonía bilateral.

"Hemos detectado seis pacientes cursando una neumonía bilateral, de los cuales uno -perteneciente al personal de salud--falleció el lunes 29 de agosto de 2022, cuatro están internados graves, y uno en aislamiento domiciliario", dijo en una rueda de prensa el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, antes de que se diera a conocer la segunda muerte.

Todos los infectados empezaron a presentar síntomas entre el 18 y el 22 de agosto y han sido testeados para covid-19, Gripe, Gripe A e incluso B, dando todas las pruebas negativo, según ha detallado Medina en declaraciones a TV Pública.

"Posiblemente se trate de un agente etiológico infeccioso (un virus), y eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo", ha sostenido el ministro de Salud provincial, agregando que desde el 22 de agosto no hay nuevos pacientes con este cuadro.

Además, las autoridades sanitarias están trabajando para realizar la investigación del brote, lo que incluye el seguimiento de los contactos de los casos y acciones específicas de control en el centro de salud donde surgió el brote, según ha detallado el ministerio en un comunicado.

Todos los casos registrados corresponden a cinco trabajadores de salud y a una paciente del servicio de terapia intensiva del hospital privado de San Miguel de Tucumán.

Fuente: El Comercio.

La Contraloría confirmó glosas por USD 8,6 millones en procesos de compra de medicamentos, insumos médicos, prótesis y servicios de mantenimiento de equipos para el hospital Teodoro Maldonado Carbo (TMC) del IESS en Guayaquil.

Estas operaciones se realizaron entre el 2014 y el 2019. El ente control determinó seis índices de responsabilidad penal.

El informe de la Contraloría confirma responsabilidades civiles para 20 funcionarios y un proveedor.

"Las personas responsabilizadas no pudieron justificar precios sobreestimados de hasta el 992% en los presupuestos referenciales", señaló.

A inicios de semana, la Fiscalía del Guayas emitió dictamen acusatorio contra nueve procesados por su presunta participación en el delito de peculado en el TMC.

En la audiencia preparatoria de juicio, el juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, acogió en parte el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Julia M. P., Carlos V. F., César V. B., Angélica R. J., Susana S. E., Andrés L. H. y Juan M. A., a quienes les ratificó las medidas de presentación ante la autoridad judicial y su prohibición de salida del país; mientras que para Jorge E. A. (quien se encuentra prófugo), se mantiene la orden de prisión preventiva.

A todos los procesados se les dispuso la prohibición de enajenar bienes.Contra Cristhian L. K., el Juez dictó auto de sobreseimiento.

Fuente: El Comercio.

“La verdadera intención de este juicio político es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado”. Así lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al defenderse del proceso que impulsa el correísmo y el PSC en la Asamblea.

Murillo, junto a Ruth Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo, se presentaron en el Pleno y pidieron el archivo de esta causa, a la que tacharon de infundada.

Sin embargo, no se presentó la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado, quien también enfrenta este proceso.

Cada uno tenía tres horas para presentar sus descargos, pero no requirieron más de hora y media. Ellos intervinieron después de que sus interpelantes, Viviana Veloz (Unes) y Luis Almeida (PSC), plantearon que sean destituidos por supuesto incumplimiento de funciones.

“No cabe duda que nada tiene que ver con mejorar la administración de justicia, con el supuesto incumplimiento de funciones de los vocales de la Judicatura (…). Ya lo intentaron: comisión de la verdad, no les funcionó. Ya lo intentaron removiendo a Fausto Murillo para tomarse el Consejo de la Judicatura, les funcionó dos meses y en dos meses se tomaron Guayaquil y Guayas, y pusieron a los jueces que quisieron en Samborondón e ingresaron en un mes 60-80 personas en Guayas”, anotó Murillo.

Las autoridades de la Judicatura defendieron la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019, al que Veloz y Almeida tacharon de ilegal.

“Le liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad. Eso hizo el Consejo de la Judicatura con la evaluación a la Corte Nacional de manera técnica”, adujo Murillo.

“La justicia estaba cooptada por el poder político. ¿Recuerdan si sentenciaron casos de corrupción? No. ¿Recuerdan el caso come cheques? ¿Recuerdan al fiscal Chiriboga, al fiscal Baca Mancheno? Acusaban a quienes no se sometían al régimen”, acotó.

El vocal Juan José Morillo aseguró que “este llamado a juicio político es una fiel copia de la acción de protección interpuesta por el exasambleísta Fausto Jarrín, no solo con el objetivo de censurar a este Consejo de la Judicatura, sino abonar elementos a los procesos internacionales”.

También aludió a las gestiones de los excolaboradores del régimen de Rafael Correa, Gustavo Jalkh y Paulo Rodríguez en la Judicatura, donde señaló que se “amedrentaba a jueces que no cumplían órdenes”.

Aseveró que “solo por las travesuras de Jalkh”, este organismo ha pagado USD 5,2 millones a jueces que fueron destituidos como producto de la persecución, y que todavía falta por pagar otros USD 6 millones. “Es decir, el chiste del tiempo de la metida de la mano a la justicia nos va a costar USD 11 millones”, dijo.

Tanto Morillo como Barreno rechazaron que los asambleístas usarán audios obtenidos de forma ilegal, como parte de este proceso de interpelación. Negaron haber presionado a jueces por fallos judiciales.

Después de sus intervenciones, el Presidente de la Asamblea suspendió la sesión a la 1:30 de este jueves y anunció que se retomará a las 10:00. Allí los interpelantes y los interpelados tendrán una hora cada uno para su réplica.

Maldonado pidió por escrito que se leyeran sus descargos que en su momento entregó a la Comisión de Fiscalización.

Fuente: El Comercio.

El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas-ONU para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay, participará este miércoles 31 de agosto de 2022 en la mesa de diálogo sobre Justicia y Derechos Colectivos, entre el Gobierno de Ecuador y sectores indígenas.

Así lo informó este martes el Ministerio de Gobierno en un comunicado en el que anotó que el relator conocerá la metodología con la que se desarrollan los diálogos y mantendrá reuniones con representantes del Ejecutivo y de las organizaciones indígenas.

"Es una muestra al mundo de la seriedad con la que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso asume las Mesas de Diálogo, en procura de mejorar la calidad de vida de los sectores olvidados por gobiernos anteriores", dijo el ministro de Gobierno en funciones, Homero Castanier.

La participación del representante de la ONU era una de las peticiones de los grupos indígenas.

Sobre la Mesa de Fomento Productivo y las expectativas del régimen, Castanier señaló que presentaron la propuesta del Gobierno frente a los requerimientos que hicieron los sectores indígenas.

Y agregó: "Estamos hablando de un tema estructural del sector agrícola en la ruralidad ecuatoriana; estamos hablando de cómo mejorar la eficiencia, rentabilidad, precios justos, comercialización, tecnificación y con ello contribuir en una mejor calidad de vida".

Por otra parte, resaltó los acuerdos alcanzados en la mesa Banca Pública y Privada, asegurando que esa es una muestra de que el diálogo sirve: "El Gobierno Nacional presentó soluciones para el alivio económico de las familias como condonaciones, renegociación de deudas a plazos razonables, recalificación para acceder a nuevos créditos".

Sobre la focalización del precio de los combustibles, Castanier reconoció que es una de las metas más complejas.

"Se necesita tener la información técnica para llegar a acuerdos que sean efectivos. Los ecuatorianos estamos subsidiando el combustible en más de 3 mil millones" de dólares, dijo.

Recordó que los dirigentes indígenas solicitaron focalizar los subsidios en los combustibles para el transporte comunitario, pequeños agricultores, campesinos y pescadores artesanales.

"No teníamos un catastro, no existen registros de estos sectores. Los sectores indígenas tampoco tienen esa información", comentó y se preguntó si la focalización de los combustibles en verdad beneficia al sector campesino.

Fuente: El Comercio.