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La nueva acción de protección presentada por Guadalupe Llori (PK), generó repercusiones este jueves 18 de agosto en el Legislativo. Con ella, Llori busca una millonaria indemnización y disculpas públicas de los 81 asambleístas que la destituyeron de la Presidencia de la Asamblea.

“Esta acción de protección no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Pedro Zapata (PSC). Él, junto a Pamela Aguirre (Unes), Lucía Placencia (ID), Jhon Vinueza (ind.) y Peter Calo (PK), fue parte de la comisión que recomendó que Llori sea removida por supuesto incumplimiento de funciones.

En rueda de prensa, los comisionados aseguraron que se defenderán en la instancia judicial. Aclararon que todavía no han sido notificados sobre la audiencia, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de agosto. Se realizará a las 14:30, en la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

Placencia llamó a Llori a que “se ponga a trabajar”, y consideró que está “abusando del derecho y la justicia”.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), sostuvo que “por imperativo legal” la jueza encargada de esta causa, María del Carmen Salazar, debía convocar a la audiencia antes de tomar una resolución.

Sin embargo, Saquicela acusó al Gobierno y al Consejo de la Judicatura de presionar a la jueza, en momentos que se tramita un pedido de juicio político contra este organismo, encargado del control disciplinario a los operadores judiciales.

“En primer lugar, (la acción) tendrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar. En segundo lugar, no tiene ningún fundamento”, aseguró el presidente del Legislativo.

El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, emplazó a Saquicela a que demuestre sus acusaciones. “Decir que el Gobierno está presionando a los jueces para lo que sea, sin tener las pruebas, no solo es una mentira, Él , mismo como presidente de la Asamblea, está poniendo en juego la posibilidad de sostener cualquier acercamiento o diálogo”, remarcó.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, se desmarcó de las acciones de Llori. Lo mismo hizo Marlon Cadena, coordinador de la ID, pese a que votaron en contra de la remoción.

Llori no se pronunció. Lo hizo su abogado, Julio César Sarango. “Estamos seguros y convencidos de que se establecerá con claridad y exactitud los derechos violados por parte de los asambleístas, en la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, donde no se le dio el derecho a la defensa”, remarcó.

Con esta acción de protección, Llori persigue una indemnización de USD 100 000 por cada asambleísta que votó por su destitución el 31 de mayo pasado.

“No deja de ser no solo ridículo. Además demuestra que hay un interés ruin atrás de todo esto. Y que jamás se trató de un tema político, sino incluso de un tema económico”, fustigó Esteban Torres, jefe de bloque del PSC.

Fuente: El Comercio. 

En la Pisulí, la gente vive con miedo. Este barrio del noroeste de Quito se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos de la ciudad. Los vecinos denuncian que cada semana desconocidos atacan a los moradores con armas o puñales para robarles en las calles, paradas de buses y parques.

La venta de droga es otro problema que los aqueja. Sospechosos deambulan por las calles de lado a lado. Afuera de los colegios también se los puede observar.  

Pero lo que más les preocupa es que no hay policías en su UPC (Unidad de Policía Comunitaria). La estructura de cemento está abandonada. Las puertas permanecen cerradas 

La gente dice que tienen que llamar al ECU-911 para que envíen a policías de otros barrios cuando hay alguna emergencia.  

Los agentes también confirman esta realidad. Ellos admiten que, por malas condiciones de la estructura, la UPC ha dejado de ofrecer sus servicios. Pero aseguran que no han desprotegido al barrio, pues hay controles en motos y patrullas.  

La Pisulí no es el único barrio de la capital con problemas en sus UPC. Un estudio del Municipio de Quito señala que de las 280 UPC que existen en la capital, 117 están cerradas. Las otras 163 están abiertas, pero también tienen problemas. En total, apenas el 28% atiende en un horario de 24 horas durante los siete días de la semana. El 72% está habilitado por turnos o está cerrado. Otras, en cambio, trabajan solo en las noches o solo en las mañanas. 

Por una parte, la Policía asegura que la falta de UPC no les afecta, pues tendría el personal suficiente. Pero las estadísticas de delitos en la capital presentan un incremento en cuatro amenazas que están directamente relacionadas con los barrios: el robo a casas, a personas, de motos y de carros.  

En los barrios, la gente también se queja de la inseguridad y de la falta de policías. Es lo que siente la ciudadanía en la Ferroviaria,  sur de la capital, donde hace falta una UPC. Los vecinos ya no saben qué hacer para que las autoridades envíen más refuerzos a esta zona.

Este Diario realizó un recorrido por este sector y la gente coincide en que la inseguridad es alta.

“La Ferroviaria toda la vida ha sido considerada zona roja y no tenemos UPC. Los más cercanos son los vecinos de la Argelia. Nosotros tenemos que bajar hasta allá para ir a la Policía”, cuenta una moradora, que ha sido asaltada dos veces en este año. 

La Policía y el Municipio de Quito han iniciado un proyecto para recuperar 24 UPC en el norte, sur y centro de la capital.

En un análisis previo, se determinó que de las 24 UPC con intervención de la empresa pública de seguridad, el 45,83% de las edificaciones presentaba un estado entre regular y malo. Según información de esta entidad, los trabajos ya se iniciaron y se prevé que para fin del 2022 estarán habilitadas todas estas UPC. 

En tanto, la Policía gestiona más fondos con el Gobierno Nacional, para refaccionar el resto de las UPC cerradas. Sin embargo, cuentan que este proyecto va de la mano con la formación de más uniformados para la ciudad. También admiten que existe un déficit de agentes en las UPC.  

De hecho, para que una UPC  funcione se necesita de al menos 10 agentes, un patrullero y dos motos. Este número se requiere para tener tres turnos activos en el día, es decir, tres agentes operativos y un oficial al mando.  

Eso actualmente no ocurre. La Policía necesita de al menos 250 agentes más para que puedan completar los turnos. Así las UPC estarían habilitadas las 24 horas.  

El presupuesto que se requiere sobrepasa los USD 60 millones. El Gobierno ha señalado que esa inversión se realizará en el transcurso de los meses.

Uno de los sectores que afronta la inseguridad es el barrio Cristo Rey, en el sur de Quito. Los vecinos tampoco cuentan con personal policial. Los dueños de los locales comerciales han tenido que ingeniárselas para evitar ser víctimas de los delincuentes. Allí cada semana los propietarios hacen rondas nocturnas para vigilar sus negocios.  

En las mañanas, en cambio, mantienen sus establecimientos con candados o rejas de metal. “Aquí siempre hay robos. La semana pasada le asaltaron en la puerta de mi casa a una vecina. Dos hombres casi le apuñalan y la Policía nunca llegó”, cuenta Ximena Romero.  

La falta de respuestas ha generado que incluso los vecinos realicen rifas, donaciones o gestionen fondos para habilitar las UPC.

Eso han tenido que hacer los vecinos de Carapungo. En ese sector, estas edificaciones fueron destruidas en las últimas manifestaciones. Los vecinos están gestionando escritorios, pintura y cableado para reparar las estructuras. Allí, desde que se cerraron las UPC, también hay asaltos.

El viernes 12 de agosto de 2022 dos mujeres fueron víctimas del robo de sus celulares en una parada de bus. Dos hombres les quitaron las carteras.

Fuente: El Comercio. 

Luego de que, la mañana del miércoles 17 de agosto, en las inmediaciones del Cuartel Modelo se encontrara un cilindro de gas envuelto en una funda negra y esto generara la alerta de un supuesto ataque contra el inmueble policial, personal municipal ejecuta desde anoche un control del espacio público.

Como resultado de ello, un auto abandonado en los exteriores de dicho edificio fue retirado este jueves 18 por los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

El general Luis Lalama, director de Operaciones de la entidad de tránsito, sostuvo que se dispondrán uniformados de forma permanente para evitar que se estacionen carros sospechosos como el que fue retirado esta mañana.

“El vehículo que retiramos tiene dos días abandonado. Estaremos en el lugar de forma permanente para evitar que estos casos se den”, expuso el funcionario.

La Policía Nacional y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) acordaron, la tarde del miércoles, que los agentes del Cuerpo de Control Metropolitano (Cuacme) controlen perennemente el espacio público en el sector, explicó el comandante Jaime Dávalos.

“Alrededor de una decena de agentes estarán en el sitio para evitar la presencia de vendedores informales y de personas sospechosas que estén en el Cuartel Modelo, con el fin de prevenir acciones que atenten contra la seguridad”, añadió.

A ello se suma el monitoreo constante que realiza la CSCG desde la sala operativa, a través de las cámaras del sistema ojos de águila.

El miércoles en la mañana, tras la detención de un hombre conocido con el alias Morado, quien —según la Policía— reconoció haber participado en la explosión del domingo anterior en el Cristo del Consuelo, trascendió que este planeaba un atentado con explosivos contra el Cuartel Modelo.

Esta situación fue consultada a Víctor Zárate, comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), en una rueda de prensa, pero el jefe policial dijo desconocer aquello.

Fuente: El Universo.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) liderará una marcha a nivel nacional el viernes 19 de agosto en exigencia del cumplimiento y aplicación de la equiparación salarial y la ley reformatoria de la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), mayor seguridad policial en los establecimientos educativos, reconstrucción de establecimientos y devolución de las partidas de maestros jubilados.

Hilario Beltrán Chávez, presidente de la UNE Guayas, indicó que en Guayaquil la movilización está prevista para las 16:00 y partirá del parque Centenario para llegar hasta la plaza San Francisco, conocida también como plaza Rocafuerte, centro de la urbe.

El educador aseguró que su marcha ya está en conocimiento de la Gobernación del Guayas y que tienen luz verde para desarrollarla, y que no descartan seguir saliendo a las calles para exigir que se cumplan sus demandas. Reiteró que se tratará de acciones pacíficas y que esperan no ser acusados de liderar acciones violentas.

Sobre sus motivos, explicó que además de la equiparación salarial su mayor preocupación en estos momentos es la inseguridad que existe en la ciudad y en el país, lo que ha hecho que padres de familia tengan que ser los que resguarden las instituciones, arriesgando su vida.

“Un maestro fue asesinado en Machala por presunta extorsión; otros aquí han sido víctimas de robos. Yo trabajo en una escuela en la isla Trinitaria; a dos cuadras está una UPC. Es una escuela que está en el límite de territorios repartidos por tres organizaciones delictivas: los Choneros, los Tiguerones y los Lagartos. En esta zona ya se exigen las vacunas a los negocios, tiendas, en el mercado. Es muy preocupante”, manifestó.

Beltrán agregó que están conscientes de que estas situaciones no se van a resolver de un día para el otro, pero consideran urgente tomar acciones reales que disminuyan el peligro para los niños y jóvenes que estudian en estas zonas, así como para los padres de familia y docentes que acuden a laborar en estas instituciones.

En cuanto a la equiparación salarial, esperan que el Gobierno no dilate más el pago de los valores correspondientes, y dicen que seguirán insistiendo, pues es un tema que ya fue publicado en el Registro Oficial.

“En caso de no encontrar solución, la ministra de Educación tendrá que ir a comparecer a la Asamblea Nacional. No hemos pedido ni planteado su destitución; pero, si siguen en esta actitud, vamos a plantear que comparezca y sea destituida”, apuntó.

El gremio asegura que su anuncio de la movilización y la base jurídica hicieron retroceder a la ministra María Brown “sobre la improcedente consulta a la Procuraduría General del Estado que tenía previsto realizar sobre la equiparación salarial”.

Beltrán dice que la compensación que deben recibir los educadores asciende a $ 491 millones, y no a $ 4.000 millones, como ha dicho el Gobierno. Esperan que este cumpla con lo que dicta la ley y respete el plazo para poder cumplir con el pago de los valores establecidos.

Fuente: El Universo.