Un vehículo fue abandonado en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N°1. Al realizarse la revisión del automotor, se encontró en su interior un arma de fuego, dos paquetes con sustancias sujetas a fiscalización (presumiblemente marihuana) y 9 tacos de dinamita.
Link: https://youtu.be/AigP83uoXv8
Los habitantes de la parroquia urbana de San Buenaventura, ante la falta de atención de la municipalidad de Latacunga, han gestionado el rebacheo de varias vías principales en su sector.
Joan C. recibió prisión preventiva por ser el presunto autor del femicidio de Maribel Castillo. El hecho violento ocurrió en Cuenca, provincia del Azuay.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer el avance del caso y detalló que la medida de prisión preventiva se dictó luego de que se expusieron más de 25 elementos de convicción en contra de Joan C. La medida se conoció el lunes, 3 de abril.
Además, se dispuso protección para los familiares de la víctima y que sean ingresados al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Spavt) de la Fiscalía.
Joan C. continúa prófugo de la justicia y las autoridades desconocen su paradero. Según un reporte de El Mercurio, familiares de Maribel Castillo temen que ya haya salido del país.
La investigación determinó que el 20 de febrero de 2023 la víctima estaba en el domicilio de su mamá, ubicado en el barrio El Rosal, celebrando carnaval junto a sus familiares. Ahí también se enconetraba el presunto autor de su femicidio.
En horas de la madrugada, el 21 de febrero, la víctima salió en compañía de Joan C., con el propósito de que le acompañe a tomar un taxi.
Sin embargo, Maribel Castillo nunca abordó el taxi. “Junto al procesado se trasladaron por aproximadamente tres cuadras, hasta los exteriores de una casa abandonada, donde presuntamente Joan C. terminó con su vida”.
Los familiares de Maribel Castillo denunciaron su desaparición el miércoles, 22 de febrero de 2023, luego de no conocer el paradero de su ser querido.
La mañana del 25 de febrero fue encontrado el cuerpo de la víctima en el sitio donde se habría cometido el crimen.
De acuerdo al informe de autopsia, Maribel falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulación. Además, tenía lesiones en la cabeza, cara, tórax y extremidades.
El Ministerio Fiscal detalló que los elementos de convicción que fueron presentados, para sustentar el caso, son: versiones de familiares de la víctima y del procesado, partes policiales e informes de investigación, acta del levantamiento del cadáver, autopsia médico legal, actas de allanamientos, reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias.
Además, existen grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en donde desapareció Maribel Castillo.
El delito de femicidio está tipificado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de 22 a 26 años.
"Por aquí hay mucha gente desconocida, extranjeros poco amables, la mayoría familiares o allegados a las personas que permanecen cumpliendo condena en la cárcel", dijo Luisa Chiluisa, moradora de la parroquia Guaytacama. La mujer no quiere "ni imaginarse", como cambiará el panorama con el nuevo decreto presidencial de uso y tenencia de armas.
No es la única. Un elevado porcentaje de la población aledaña al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N1, dice sentirse en estado de indefensión. Sobre todo por la falta de contingencia policial.
Así lo comentó Pedro Aimacaña, presidente de la Junta Parroquial de Guaytacama, quien dio a conocer que, durante sus cuatro años de gestión buscó se dote de mayor contingente policial para la parroquia sin mayor éxito.
Dice que la que asiste a patrullar no es suficiente para cubrir la demanda de llamados. Recordó que en los últimos años aumentó los robos de animales y domicilios.
Contó que mantuvieron una reunión con la nueva Gobernadora, Tania Vásquez, quien les abría dado luz verde para la dotación de contingente policial. "Esperamos que esta vez sí se haga realidad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía", dijo Aimacaña quien solicitó a la población informarse correctamente sobre el nuevo decreto presidencial.
En Saquisilí la incertidumbre es igual. Incluso se baraja la posibilidad de negar arriendo a venta de inmuebles a extranjeros o personas que tengan vínculos con personas privadas de la libertad.
"A muchos les parecierá una exageración, pero la convivencia con extraños nos ha traído mucha inseguridad, esa es nuestra motivación", dijo un habitante del barrio El Calvario, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Fuente: La Gaceta.
La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, que integra a más de 10 organizaciones sociales, rechaza la tenencia y porte de armas para uso civil. La asociación califica a la disposición de Guillermo Lasso como una medida discriminatoria. Responsabiliza al Presidente por los efectos directos e indirectos.
Para la Alianza, Lasso "incumple con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana fomentando el incremento de la violencia en el Ecuador".
Las organizaciones consideran que el Mandatario, al autorizar la tenencia y porte de armas, "descuida sus obligaciones de garantizar la seguridad ciudadana con políticas públicas idóneas, eficaces y eficientes, como es su obligación".
Estiman que así se promueve que los "ciudadanos asuman, por la vía de las armas, la tarea de combatir los gravísimos hechos de criminalidad y delincuencia que azotan" a Ecuador.
En ese contexto, la Alianza dice que la medida adoptada por el Presidente ecuatoriano "incurre en el agravante de ser discriminatoria pues favorece a que solo un sector de la población haga uso de la misma contra unas mayorías que se encuentran en graves condiciones de exclusión, pobreza y violencia".
La Alianza señala que la tenencia y porte de armas es un tema que "lesiona y amenaza gravemente no solo los derechos a la vida y a la integridad personal, sino también a la igualdad y no discriminación, pues afecta de manera diferenciada a poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, y otras históricamente discriminadas como poblaciones indígenas y afrodescendientes".
Apunta que afecta también a otros aspectos como los económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a participar en la vida cultural de la comunidad, entre otros.
La Alianza citó el informe del Alto comisionado por los Derechos Humanos de 2016. En ese documento se menciona entre las conclusiones que existen vínculos directos entre el acceso a las armas de fuego por personas civiles y la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en general.
En el año 2022, la Alianza para el Mapeo de los Femicidios registró 332 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 32% fue causado por armas de fuego, añade la Alianza de Derechos Humanos.
La Alianza responsabiliza al Gobierno de Lasso "por todos los efectos directos e indirectos" de la tenencia y porte de armas. En especial, dice, por todas las víctimas mortales, sus familias, las personas que sufran lesiones temporales o permanentes, así como el aumento de los suicidios.
Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a los órganos y organismos internacionales de protección de derechos, para que exijan a Ecuador el cumplimiento de "sus obligaciones en el marco de los derechos humanos".
Además, piden que se garantice a todas las personas que habitan en el Ecuador un entorno seguro que propicie el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y la paz.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) emitió su pronunciamiento este martes, 4 de abril de 2023, sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que se tramita en la Asamblea Nacional.
Un video de seguridad registró el momento cuando un desconocido prende fuego a un local ubicado en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, durante la madrugada del domingo 2 de abril de 2023.
