En Guayaquil, la gente no olvida el ruido de la explosión. Fue tan duro que los vidrios temblaron. Lo primero que se les vino a la mente era una bomba, pero jamás se imaginaron que se trataría de un vehículo con explosivos.
La Policía aún investiga cómo se produjo este hecho. Agentes de Criminalística llevan cinco días analizando las piezas del automotor que estalló a pocos metros de la Unidad de Vigilancia Comunitaria, en la Florida Norte.
Los uniformados dicen que la investigación es reservada, pero lo que se conoce es que fue una retaliación de una banda delictiva en contra de la Policía por los operativos de control. En el último año ya se han incautado de más de 235 toneladas de droga.
Los agentes dicen que este hecho se investiga “con cautela y de forma muy minuciosa”, pues es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en Guayaquil. Incluso, se sospecha la presencia de extranjeros detrás de este hecho.
Los investigadores tienen informes, que señalan que este tipo de ataques son originarios de mafias con vínculos a los carteles mexicanos y colombianos. En el último año, en el país se han registrado cerca de 23 ataques con características de estas mafias extranjeras.
De hecho, el coche bomba de Guayaquil no ha sido el único caso de este tipo. En Esmeraldas, 11 días antes se reportó la detonación de dos vehículos. Los agentes informaron que en esos hechos se utilizó gas para estallar los automotores. Cinco personas fueron detenidas, entre ellos hay quienes tienen instrucción paramilitar.
La Fiscalía también indaga. Uno de sus agentes dice que detrás de estos actos hay formación terrorista que pretende infundir miedo en la sociedad.
Otra práctica recurrente son las amenazas de bomba a instituciones públicas como juzgados, oficinas fiscales, gobernaciones y municipios. El 18 de mayo, la Policía encontró una granada en el complejo judicial de Guayaquil. Y 15 días antes hubo otra amenaza en la Asamblea Nacional, en Quito.
En los dos casos, el Grupo de Intervención y Rescate acudió para resguardar las instalaciones. Esta unidad de élite dice que en lo que va del año hubo 11 amenazas de bomba. En estas alertas también han detectado la presencia de extranjeros, pues tienen un registro de voces que se investigan.
La tercera y cuarta práctica de violencia que se han replicado en el país son los asesinatos con mensajes a la sociedad. En este ámbito, la Dirección de Muertes Violentas de la Policía (Dinased) es la encargada de registrar los asesinatos más violentos.
En el último año, han tenido que retirar cuerpos en complejos deportivos, entradas a barrios populares, árboles, pasos a desnivel y puentes peatonales. Los agentes han recabado al menos 15 mensajes escritos cerca a los cuerpos de las víctimas. Uno de los casos que más causó conmoción fue la suspensión de dos cadáveres en el puente peatonal de la entrada de Durán, en febrero pasado.
Los uniformados indicaron que los crímenes se atribuyen a miembros de una organización narcodelictiva con vínculos de carteles mexicanos. “En el norte de ese país están los de Sinaloa y Nueva Generación. Allá tienen esa práctica siniestra”, dice un agente de la Dinased.
El uniformado, que trabaja en Guayaquil desde el 2020, cuenta que entre los mensajes macabros están frases como: “por sapo”, “vamos detrás de ustedes” y “este es territorio nuestro”. Añade que han encontrado cuerpos, mutilados, calcinados y decapitados.
Precisamente, delimitar los territorios de las bandas es otra práctica de violencia que sigue creciendo en el país. En Guayaquil es fácil hallar grafitis o dibujos con los nombres de bandas delictivas. En barrios de Durán como Divino Niño o Los Arbolitos, incluso han pintado veredas, parques y postes con colores insignias de las redes. Durante el último año, el Municipio ha destruido más de 30 de estas imágenes.
En otras ciudades de la Costa como Manta, en Manabí, y Quevedo, en Los Ríos, también existen estos hechos. Allí la gente dice que un barrio se reconoce por el animal que tienen en los postes. Hay símbolos como perros, aves y reptiles de las bandas.
Las asociaciones de barrios de estas provincias piden más control para evitar estos hechos. Especialmente, en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo. En las tres primeras estas prácticas crecen a pesar de que existe un estado de excepción en marcha.
Fuente: El Comercio.
