La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas rechazó un recurso de apelación presentado por los hermanos Willian y Roberto Isaías. Este hecho lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, este jueves 2 de junio del 2022. 

Ese recurso de apelación fue presentado para revertir la decisión que la juez Andrea Patiño dictó el pasado 1 de abril. 

Ese día, ella negó una acción de protección a los exdueños del extinto Filanbanco. Esa negativa se emitió durante una audiencia que se desarrolló en la Unidad Judicial de Durán. 

Con esa medida constitucional los hermanos Isaías buscaban “beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo”, señaló la Procuraduría.

Ese decir, los hermanos intentaban proteger sus bienes para impedir que se inscriba cualquier contrato o transferencia de dominio sobre esos inmuebles.

Sin embargo, jueces de la Sala de lo Civil del Guayas analizaron el pedido de los Isaías y durante una audiencia “declararon sin lugar” el pedido de acción de protección. 

“En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, continuará con la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”, indicó la Procuraduría, tras conocer ese fallo judicial. 

En marzo del 2022, ambos presentaron una demanda contra el Estado ecuatoriano por no menos USD 2 000 millones como una medida de indemnización por los bienes incautados en 2008 por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Además, el 11 de mayo del 2022, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Específicamente, todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. La Procuraduría, en cambio, apeló ese fallo, pero aún no hay resolución. 

Fuente: El Comercio.

Un árbitro de la liga de fútbol amateur en la región chilena costera de Valparaíso fue agredido y apuñalado por un grupo de hinchas, que saltó de las gradas e invadió el campo, causándole heridas leves tanto en la mano como en el tórax, informó este jueves la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA).

Según la ARFA, los hechos ocurrieron durante el encuentro que disputaron Inter Sporting de Quebrada Herrera y Deportivo América de Piguchén en la comuna de Putaendo, cuando aficionados del primero ingresaron a la cancha con armas blancas.

Estos hechos de violencia “atentan contra el verdadero espíritu del fútbol” y “arremeten contra la seguridad de todos los asistentes”, advirtió Rolando Ponce, presidente de la ARFA, organización que agrupa a más de 50 asociaciones deportivas, con un total de 610 clubes, quien pidió un mayor apoyo y protección de la Policía.

El colectivo de árbitros que se desempeña en estos torneos, muy populares en Chile, anunció, por su parte, que renunciarán “a trabajar en el campo de juego mientras las condiciones de seguridad suficientes no existan, esto por miedo a que su integridad física se vea dañada”.

Además, instaron a las fuerzas de Seguridad a que busquen y atrapen a los autores de la agresión, que se dieron a la fuga.

Fuente: El Comercio.

Un grupo de jubilados patronales de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador exige el pago de sus jubilaciones retrasadas por casi dos años, mientras sus dirigentes mantienen este jueves 2 de junio del 2022 una reunión con funcionarios del Gobierno.

Desde horas de la mañana los jubilados protagonizan un plantón frente al Palacio de Carondelet. “No más prórroga”, exigen al Gobierno en sus consignas.

René Peralta, presidente Nacional de la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Ecuador del Grupo 16, dijoque para que se haga efectivo el pago es necesario que el Presidente de la República “firme la reforma al Decreto Ejecutivo 1057″.

Ese documento fue suscrito por el expresidente Lenín Moreno el 19 de mayo del 2020 y con él se dio paso a la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Sin embargo, “ahí no habla nada en relación a los extrabajadores y jubilados” de esa empresa y por eso es necesario la reforma, sostuvo el dirigente.

Son 21 meses que los jubilados no perciben sus derechos económicos. Señaló que han realizado varias diligencias y no obtienen respuesta favorable de ninguna institución, como el Ministerio de Transporte al que se traspasó la Empresa de Ferrocarriles.

“El Presidente tiene toda la documentación para que pueda conminar al Ministerio de Finanzas y por ende al de Obras Públicas y pueda solucionar este problema”, agregó Peralta. Para él el desembolso es factible porque existen excedentes petroleros.

El exconductor de trenes de la base de Riobamba José Ullauri relató que solo les dan largas a pesar de que existen dos sentencias a favor de los jubilados. El sueldo que se les adeuda por persona bordea los USD 5 500.

Según los dirigentes, son 400 jubilados perjudicados y la deuda pendiente estimada es de USD 2,5 millones. “Hoy queremos definitivamente una solución”, puntualizó Peralta antes de la reunión con los funcionarios del Gobierno.

Una funcionaria les solicitó conformar una delegación de cinco personas para dialogar en la Secretaría de Gobernabilidad. En el encuentro estuvieron el Viceministro de Transporte, delegados de la Presidencia de la República y la liquidadora de la Empresa de Ferrocarriles.

Según el presidente de la Asociación, las autoridades se comprometieron en resolver la situación, para lo cual definieron una próxima reunión para el próximo lunes a las 10:00.

Los jubilados esperan que ese día se dé el aval presupuestario desde Finanzas y Obras Públicas, y determinen la fecha en que se expida la resolución.

“Aspiramos que sean de palabra”, enfatizó el dirigente. Los jubilados advierten que, si no hay solución por escrito el lunes, seguirán con los plantones e incluso una huelga de hambre en la Plaza Grande.

Fuente: El Comercio.

El malestar y los reclamos, tanto de pacientes como de médicos por la falta de fármacos en los hospitales públicos y del IESS, ha sido una constante en el último año.

En junio del 2021 se registraron las primeras protestas de médicos y enfermeros por la escasez de fármacos e insumos.

En ese entonces, el vicepresidente Alfredo Borrero recorrió alrededor de 40 casas de salud públicas en el país y reconoció que el “sistema de salud es deplorable”.

En sus visitas comprobó las denuncias del personal sanitario sobre la falta de medicamentos e insumos, que se profundizó por la crisis del covid-19.

“El tema de la salud es una urgencia nacional. La realidad de la salud del país viene arrastrándose desde hace mucho tiempo”, dijo en julio del año pasado.

Mencionó que el Gobierno intervendrá 15 hospitales públicos con el objetivo de optimizar la atención, garantizar la entrega de medicamentos y eliminar la corrupción.

Un año después, la situación en los hospitales no ha cambiado y más bien la crisis se ha agudizado. Así lo aseguran desde la Federación Médica Ecuatoriana (FME), que agrupa a 23 Colegios de médicos.

Una primera denuncia colectiva se dio el pasado 26 de mayo. Representantes de asociaciones de médicos de hospitales públicos de Quito expresaron su preocupación ante la falta de insumos y fármacos.

Juan Barriga, presidente de la asociación de galenos del Hospital Pablo Arturo Suárez, mencionó que las casas públicas de salud viven una emergencia sanitaria debido a que no hay lo necesario para tratar a los pacientes.

A eso se suman los problemas con equipos que no funcionan u obsoletos, cirugías represadas e incluso complicaciones en la infraestructura de las instalaciones. Por ello hicieron un pedido al Gobierno para declarar en emergencia al sistema de salud público.

Ese mismo día, la ministra de Salud, Ximena Garzón, respondió a las denuncias de los médicos y aseguró que no es necesario declarar una emergencia en esta área.

“No negamos que existen falencias en el sector de salud, tenemos algunos problemas y estamos trabajando en ello”, dijo Garzón.

La funcionaria agregó que desde el Ministerio de Salud están dispuestos a escuchar a los gremios, “siempre que aporten con ideas para mejorar la salud”.

El 30 de mayo, representantes de la FME y de Colegios de Médicos mantuvieron una reunión con Garzón en la que se abordó la situación sanitaria.

Allí se llegó a cuatro acuerdos entre los que están la creación de una veeduría mixta para el abastecimiento de los hospitales y dar seguimiento a los nombramientos que se realizaron bajo la Ley Humanitaria.

Tras este encuentro, la FME y los representantes de Colegios médicos dieron un ultimátum de 15 días al Gobierno para que dé visos de solución a problemas como el desabastecimiento de fármacos, de insumos y dispositivos médicos, además de que en mandos gerenciales se coloque a personal especializado y estabilidad laboral.

Wilson Tenorio, presidente de la FME, señaló que en este primer año de Gobierno se han descuidado ciertos aspectos en los hospitales, lo que ha generado malestar en el personal sanitario que da “testimonio frecuentemente de la crítica situación”.

Tenorio reiteró que están a la expectativa de que los planteamientos abordados se hagan realidad en un plazo de 15 días, de lo contrario, no se descarta una movilización de la que participarán también otros colectivos sociales.

El representante afirmó que el vicepresidente Borrero se comprometió a ser garante, aunque esperan tener una cita con el presidente Guillermo Lasso.

Entre tanto, la Ministra de Salud mencionó en la reunión con la FME que se están sentando las bases y ya tienen un diagnóstico de lo que pasa en el país para trabajar en soluciones.

Fuente: El Comercio.

En Quito portar armas blancas se sancionará con una multa económica. Así lo decidió el Concejo Metropolitano en segundo debate este jueves 2 de junio con 17 votos a favor, uno en contra, tres abstenciones y una inasistencia.

En este cuerpo legal se establecen acciones de prevención, atención, protección y sanción dentro del ámbito de las competencias metropolitanas, con el propósito de prevenir los riesgos y amenazas para la convivencia pacífica y que permita el goce efectivo de los derechos de quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.

La Ordenanza cuenta con siete capítulos que se refieren al Sistema Metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana, políticas, uso adecuado del espacio público, territorialización de las políticas de seguridad, participación ciudadana y control social, evaluación, resultados y sanciones.

El concejal Bernardo Abad explicó que la multa por portar armas blancas en el espacio público es de la mitad de un salario básico, es decir USD 212,50. Además se le confiscará el arma. En cambio si una persona porta el arma blanca en espacios turísticos, parques metropolitanos y el transporte público será multada con un salario básico, es decir USD 425.

Por su parte, el concejal Eduardo del Pozo explicó que la aprobación de esta Ordenanza se debe a que al menos el 80% de delitos en Quito se cometen con el uso de arma blanca. Por ello esta nueva normativa permitirá intensificar los operativos y decomisar estos objetos.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) será el ente municipal que ejecutará todos los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de las infracciones que se encuentran tipificadas en la normativa legal nacional y metropolitana vigente.

Se entiende por armas blancas todos aquellos elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto con características similares, que puedan ser utilizadas como armas de carácter defensivo u ofensivo para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal.

La ordenanza también contempla que las personas que por su trabajo tengan herramientas cortopunzantes no serán sancionadas. Por ejemplo, un trabajador que pela cocos con un machete. “Es su herramienta de trabajo y no hay sanción”, dijo del Pozo.

Fuente: El Comercio.

La selección ecuatoriana de fútbol tendrá un periplo de tres partidos amistosos por los Estados Unidos, del 2 al 11 de junio de 2022.

El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la Tri, afirmó el 1 de junio que con los partidos amistosos, como el de este jueves con Nigeria, pretende descubrir qué falta a sus pupilos y qué debe ser incorporado antes del Mundial de Catar.

“Todo lo que buscaremos en este camino de preparación con estos amistosos es ver las cosas que nos faltan, porque sabemos de las cosas que como equipo poseemos y de las que debemos incorporar”, expresó en la antesala del encuentro que jugarán este jueves en Nueva Jersey.

Tras el partido con Nigeria, la Tri se medirá con las selecciones de México, el domingo 5 de junio, y Cabo Verde, el 11 de junio, tres rivales con los que busca adaptarse en la fase de grupos del Mundial a las características de Catar, Senegal y Países Bajos.

No obstante, garantizó que estos ensayos no pondrán en riesgo “la esencia de lo que es Ecuador” en el fútbol.

Alfaro contará con todas las figuras con las que se clasificó a Catar 2022, y debe probar al delantero Alexander Alvarado.

Con una trayectoria de 30 años como entrenador, el argentino se alista para vivir su primer Mundial como seleccionador.

Jugadores y técnico han coincidido en la intención de jugar “el mejor Mundial que Ecuador pueda hacer” y superar la campaña en Alemania 2006, cuando accedió a la fase de octavos de final.

El ex técnico de Boca dijo que, para garantizar el mejor nivel de sus convocados, ha pedido a los jugadores esforzarse para “ganarse la titularidad en los equipos donde están actuando”.

Alfaro recordó que lograr la clasificación “costó mucho” y admitió que sus jugadores saben que el camino que viene “será mucho más duro”.

Fuente: El Comercio.